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El 61% de los argentinos cree que los planes sociales promueven que no haya cultura del trabajo
19 de junio de 2022
En Argentina, existen 182 programas sociales, a partir de los cuales, una familia tipo podría percibir entre $156.890 y $173.190 por mes. Frente a este contexto, una gran parte de la sociedad se expresa en contra de ellos, los responsabiliza de la mala situación económica del país, y considera que un recorte de la emisión monetaria destinada a estos podría ayudar a disminuir la inflación.
En Argentina, el 55% de las personas estuvieron alguna vez alcanzadas por una cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria. A este número que parece ir en aumento, lo acompañan actualmente 182 programas sociales, la mayoría de ellos, compatibles entre sí, lo que genera que una familia sin ningún miembro trabajador pueda alcanzar montos superiores a, por lo menos, 4,5 salarios mínimos vitales y móviles.
Tal es así que este tema que involucra a gran parte de la sociedad está presente todos los días, y lleva a cada una de las personas a expresarse libremente a través de las redes sociales. De esta forma se ve su preocupación y descontento respecto a ello: de hecho, según una encuesta realizada por Horus que analiza las conversaciones en dichas plataformas, el 61% de los encuestados declaró estar en contra de los planes sociales.
En este sentido, una gran mayoría culpabiliza de la situación económica al sostenimiento de planes sociales y políticos y considera que una manera de contribuir a la disminución de la inflación, es recortar la emisión monetaria destinada a dichos planes.
A su vez, predomina entre la sociedad el acuerdo de que estos no promueven la cultura del trabajo, y sostienen en este sentido, que quien no trabaja, es porque no quiere, señalando que excede el marco de posibilidades, y que por lo tanto, es responsabilidad individual.
“Pese a ello, los usuarios entienden al mismo tiempo, que en un país donde hay tanta desigualdad en el acceso a la salud y educación, es lógico que los más pobres necesiten ayudas sociales para subsistir ya que no tienen los recursos para poder progresar. En este contexto, responsabilizan en gran parte al Estado, exigiendo de él, una figura que resguarde la desigualdad, ayudando a quienes menos tienen”, finaliza Esteban Neme, socio de Horus.
Acerca de Horus
Horus es una herramienta de inteligencia cognitiva. A través de ella, y por medio de técnicas de recolección de datos y detección de patrones capaces de construir información cualitativa, complementada con Pilares, Test que trabaja con técnicas de programación neurolingüística, un grupo de profesionales vinculados a la comunicación, gestión y servicios informáticos, investiga sobre las creencias, valores, emociones, comportamientos y conductas de una población determinada en un contexto dado.
Para más información, visita: https://horus.net.ar/
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Nación limita los aumentos mensuales en el servicio de agua
El Gobierno nacional introdujo un límite al aumento del servicio gestionado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que llega a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. La medida comenzará a regir a partir del mes próximo y hasta agosto.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) dispuso, mediante la reciente modificación de la Resolución N° 53/25, que el ajuste efectivo no podrá superar el 4%) mensual entre enero y abril de 2026. Mientras tanto, establecieron que, desde mayo hasta agosto del mismo año, el tope máximo de incremento será del 3% por mes, siempre que el mecanismo oficial de actualización arroje un valor inferior.
La decisión surge tras un extenso proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económico-financieros por parte de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), la principal concesionaria del área. Y se da, además, en medio de la aceleración de la inflación de los últimos meses.
La medida se oficializó a través de la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 14/2026. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el sostenimiento económico de la concesionaria con la protección de los usuarios frente a incrementos abruptos.
La actualización, basada en la fórmula aprobada por la Resolución N° 9/24 de la Secretaría de Obras Públicas, será aplicada con los límites explicitados, y su cumplimiento será monitoreado a través de informes trimestrales que AySA deberá presentar durante 2026.
La aplicación de este mecanismo de actualización tarifaria que empezó en 2024 buscaba sostener el equilibrio financiero de la concesionaria sin transferencias del Tesoro Nacional. No obstante, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades limitaron de manera excepcional los aumentos mensuales, primero al 1% y luego estableciendo un tope progresivo para evitar un impacto desproporcionado sobre los usuarios.
En este contexto, en noviembre del año pasado el Gobierno nacional aprobó el texto ordenado del Marco Regulatorio de AySA, otro paso hacia la privatización de la compañía. DIB
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TEXTILES: CRISIS SIN FIN
La actividad textil viene en caída libre, registró en febrero con un retioceso interanual superior al 30%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de dos años. En términos acumulados, el nivel frente a niveles de 2023 es aún más pronunciado, lo que evidencia la magnitud del deterioro.
El parate productivo también se expresa en las fábricas: buena parte de la maquinaria permanece sin uso. En promedio, más de la mitad de la capacidad instalada del sector quedó inactiva en los últimos dos años, con picos recientes aún más elevados. Este escenario grafica un entramado industrial que funciona muy por debajo de su potencial.
Las causas son múltiples. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno al consumo de indumentaria, que queda relegado frente a gastos esenciales. Por otro, la apertura de importaciones generó una presión creciente sobre la producción local. El ingreso de prendas del exterior se disparó con fuerza en el último año, impulsado por el fenómeno del fast fashion, que ofrece ropa a bajo costo y alta rotación.
A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior —ya sea por turismo o plataformas de envío—, lo que termina de restarle demanda al mercado interno. El resultado es un sector en retroceso, con una importante pérdida de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas en todo el país.
En Mar del Plata, el impacto comienza a verse en la calle. Comercios que bajan sus persianas y una mayor oferta de locales en alquiler o venta replican una tendencia que también se observa en los principales centros urbanos. La cantidad de espacios vacíos creció con fuerza en el inicio de 2026, reflejando la dificultad de los negocios para sostenerse.
Así, la crisis textil ya no solo se mide en estadísticas: se percibe en el entramado comercial de la ciudad, donde la caída de la actividad empieza a dejar huellas concretas.
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Universidades: otra semana de paro y con clases parciales
Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo unanueva medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.
La protesta de esta semana afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).
Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”. DIB
