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Argentina ocupa el lugar 52 de un ranking de 120 países en transparencia presupuestaria
5 de junio de 2022
Se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021: Argentina ocupa el lugar 52 del ranking de 120 países de todo el mundo. Entre los 18 países de Latinoamérica evaluados ocupa los puestos 9, 10 y 11 (según diferentes ejes de la evaluación). Sólo alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.
Las decisiones fiscales que se reflejan en el presupuesto público abarcan desde qué impuestos recaudar y cuánta deuda contraer, hasta qué bienes y servicios públicos prestar y con cuántos recursos. Todas ellas pueden dificultar o garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria. Por eso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) evalúa el cumplimiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto e impulsa a los diferentes poderes del Estado a mejorar sus índices de transparencia, participación y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso presupuestario.
La Encuesta de Presupuesto Abierto es una iniciativa impulsada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto) que se implementa desde el año 2006 de forma simultánea en 120 países y busca promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Se trata de la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos. Para la evaluación se utilizan más de 200 indicadores que se dividen en tres ejes:
a) Transparencia y acceso a la información presupuestaria (1)
El puntaje de Argentina en este eje fue oscilante en los años que lleva evaluándose. Nunca llegó a los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado. En esta ocasión redujo los resultados, pasando de 58/100 a 50/100, debido a que en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores.
En el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés, y en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto. A su vez, el Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Cuenta de Inversión no se había publicado al momento de responder la encuesta y sigue sin producirse la Revisión de Mitad de Año.
La Encuesta valora positivamente la existencia de la web presupuestoabierto.gob.ar, donde se publican datos abiertos sumamente relevantes para facilitar el monitoreo del gasto público y el control ciudadano. Sin embargo, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, razón por la cual siguen existiendo grandes desafíos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria.
b) Participación en el proceso presupuestario (2)
El resultado de Argentina en este eje sigue siendo muy deficitario: se mantiene en 15/100. Esta situación refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr que la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.
Tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Sólo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios.
En el caso de nuestro país, el Ministerio de Economía no realiza ninguna consulta ni audiencia tendiente a promover la participación ciudadana en el diseño y la ejecución del gasto. Si bien algunas comisiones del Congreso han habilitado instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones sindicales en el marco de la discusión de las leyes de presupuesto, no se institucionalizaron audiencias públicas ni otros mecanismos que garanticen una participación plural en ese debate. A su vez, la AGN implementa mecanismos formales de planificación participativa de sus informes, pero no se trata de auditorías relativas a documentos presupuestarios evaluados por la Encuesta.
c) Rol de las instituciones de control o vigilancia (3)
En este eje el Congreso obtuvo una puntuación de 42 porque sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año, a pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre modificaciones presupuestarias, que podrían utilizarse para exigir una mejor rendición de cuentas.
Por su parte, la AGN obtuvo 78 puntos, lo cual indica que la supervisión a su cargo es adecuada. Sin embargo, para los años posteriores a 2016 (último informe de auditoría evaluado en la Encuesta y disponible públicamente al momento de responder la edición de 2021), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
¿Por qué es importante el monitoreo presupuestario para la garantía de los derechos?
En el actual contexto, especialmente signado por la pandemia de Covid-19, el presupuesto público fue una herramienta clave para aminorar sus impactos. Según datos publicados por la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. A pesar de esto, la CEPAL estima que la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia.
La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias.
(1) El eje de transparencia y acceso a la información evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y el contenido de ocho documentos presupuestarios: a) Informe de avance; b) Proyecto de presupuesto y documentos complementarios; c) Presupuesto ciudadano; d) Ley de presupuesto; e) Informes trimestrales de ejecución; f) Revisión de mitad de año; g) Cuenta de inversión o informe de fin de año; h) Informe de auditoría. Para su evaluación se utilizan 109 indicadores a los que se da el mismo peso y se puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
(2) El eje de participación evalúa las oportunidades formales de participación ciudadana que ofrecen el Poder Ejecutivo, el Congreso y la AGN, en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Se utilizan 18 indicadores puntuados de 0 a 100.
(3) El eje de vigilancia o control evalúa el rol del Congreso y de la AGN en el proceso presupuestario y califica a cada país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores.
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Milei sale en auxilio de los bomberos
El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos
| Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.  “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad. Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno. “Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución. Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son: |
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YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones
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Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.
Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.
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Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.
“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.
Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.
Call con Preska
Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6G6LUGHR6JEQJINQIHSTHX2RHI.jpg%20420w)
La jueza de Nueva York Loretta Preska
Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.
Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.
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Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores
El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.
“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.
Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.
Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.
Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.
La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.
En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.
Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.
Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.
Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.
