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Argentina ocupa el lugar 52 de un ranking de 120 países en transparencia presupuestaria
5 de junio de 2022
Se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021: Argentina ocupa el lugar 52 del ranking de 120 países de todo el mundo. Entre los 18 países de Latinoamérica evaluados ocupa los puestos 9, 10 y 11 (según diferentes ejes de la evaluación). Sólo alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.
Las decisiones fiscales que se reflejan en el presupuesto público abarcan desde qué impuestos recaudar y cuánta deuda contraer, hasta qué bienes y servicios públicos prestar y con cuántos recursos. Todas ellas pueden dificultar o garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria. Por eso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) evalúa el cumplimiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto e impulsa a los diferentes poderes del Estado a mejorar sus índices de transparencia, participación y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso presupuestario.
La Encuesta de Presupuesto Abierto es una iniciativa impulsada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto) que se implementa desde el año 2006 de forma simultánea en 120 países y busca promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Se trata de la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos. Para la evaluación se utilizan más de 200 indicadores que se dividen en tres ejes:
a) Transparencia y acceso a la información presupuestaria (1)
El puntaje de Argentina en este eje fue oscilante en los años que lleva evaluándose. Nunca llegó a los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado. En esta ocasión redujo los resultados, pasando de 58/100 a 50/100, debido a que en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores.
En el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés, y en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto. A su vez, el Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Cuenta de Inversión no se había publicado al momento de responder la encuesta y sigue sin producirse la Revisión de Mitad de Año.
La Encuesta valora positivamente la existencia de la web presupuestoabierto.gob.ar, donde se publican datos abiertos sumamente relevantes para facilitar el monitoreo del gasto público y el control ciudadano. Sin embargo, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, razón por la cual siguen existiendo grandes desafíos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria.
b) Participación en el proceso presupuestario (2)
El resultado de Argentina en este eje sigue siendo muy deficitario: se mantiene en 15/100. Esta situación refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr que la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.
Tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Sólo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios.
En el caso de nuestro país, el Ministerio de Economía no realiza ninguna consulta ni audiencia tendiente a promover la participación ciudadana en el diseño y la ejecución del gasto. Si bien algunas comisiones del Congreso han habilitado instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones sindicales en el marco de la discusión de las leyes de presupuesto, no se institucionalizaron audiencias públicas ni otros mecanismos que garanticen una participación plural en ese debate. A su vez, la AGN implementa mecanismos formales de planificación participativa de sus informes, pero no se trata de auditorías relativas a documentos presupuestarios evaluados por la Encuesta.
c) Rol de las instituciones de control o vigilancia (3)
En este eje el Congreso obtuvo una puntuación de 42 porque sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año, a pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre modificaciones presupuestarias, que podrían utilizarse para exigir una mejor rendición de cuentas.
Por su parte, la AGN obtuvo 78 puntos, lo cual indica que la supervisión a su cargo es adecuada. Sin embargo, para los años posteriores a 2016 (último informe de auditoría evaluado en la Encuesta y disponible públicamente al momento de responder la edición de 2021), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
¿Por qué es importante el monitoreo presupuestario para la garantía de los derechos?
En el actual contexto, especialmente signado por la pandemia de Covid-19, el presupuesto público fue una herramienta clave para aminorar sus impactos. Según datos publicados por la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. A pesar de esto, la CEPAL estima que la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia.
La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias.
(1) El eje de transparencia y acceso a la información evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y el contenido de ocho documentos presupuestarios: a) Informe de avance; b) Proyecto de presupuesto y documentos complementarios; c) Presupuesto ciudadano; d) Ley de presupuesto; e) Informes trimestrales de ejecución; f) Revisión de mitad de año; g) Cuenta de inversión o informe de fin de año; h) Informe de auditoría. Para su evaluación se utilizan 109 indicadores a los que se da el mismo peso y se puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
(2) El eje de participación evalúa las oportunidades formales de participación ciudadana que ofrecen el Poder Ejecutivo, el Congreso y la AGN, en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Se utilizan 18 indicadores puntuados de 0 a 100.
(3) El eje de vigilancia o control evalúa el rol del Congreso y de la AGN en el proceso presupuestario y califica a cada país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores.
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Reforma de la Ley de Salud Mental que habilita internaciones involuntarias
El Senado de la Nación dio luz verde a un paquete de proyectos que tiene como tema central la reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones "involuntarias", eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.
Al abrir la sesión, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto.
La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, entre otros.
Tras la jura de López, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rindió homenaje al exsenador riojano que falleció el pasado 21 de septiembre.
En el primer tramo de la sesión, se dio ingreso a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.
No obstabte el tema central fue la reforma de la ley de Salud Mental, donde se debatieron proyectos sobre Inversiones Relevantes, Mercado Voluntario de Carbono, educación emocional y pictogramas. (NA)
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Paro nacional docente por el femicidio de Nancy Godoy
Los gremios docentes de todo el país llevan adelante este jueves un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Corrientes que fue hallada sin vida después de permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.
La medida incluye actividades de duelo, movilizaciones, radios abiertas, actos y otras acciones públicas para reclamar el esclarecimiento del crimen y mayores condiciones de seguridad para quienes trabajan en zonas rurales.
Ctera sostuvo que el asesinato de la docente correntina representa un hecho que conmocionó a toda la comunidad educativa.
La entidad reclamó una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y cuestionó las condiciones en las que Godoy desarrollaba su tarea docente.
La maestra trabajaba en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.
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Noviembre llega con ajustes
Noviembre llegará con una serie de aumentos que impactarán en el bolsillo del bonaerense. A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y una inflación en torno a los 2 puntos, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El 17 de octubre se terminaron los contratos firmados bajo la versión original de la ley de alquileres, aquella que establecía acuerdos de tres años con aumentos anuales por el Índice de Contratos de Locación (ICL). Por eso, en los contratos que se actualizan libremente, los ajustes dependen de los plazos y el mecanismo en los que se fijaron. En base a la periodicidad y al ICL, en noviembre los valores por ajuste trimestral subirán 5,81%, por ajuste cuatrimestral aumentarán 7,82%, y por ajuste semestral treparán 12,95%.
Las empresas de medicina prepaga aplicarán ajustes que se posicionan por encima de la inflación mensual, alcanzando subas de hasta el 2,88%, como el caso de Sancor Salud. Otras compañías tendrán diversos niveles de ajustes: Omint hasta 2,75%, Galeno desde 2,2% y OSDE entre 1,7% y 2,2%. En el caso de la cuota de los afiliados voluntarios a IOMA pasará de $108.504 a $113.900.
Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en noviembre. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes en Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno serán de $4.974 en hora no pico y de $7.0497 en hora pico; en la Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero estarán en $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.
Los colegios privados de la provincia de Buenos Aires tendrán en noviembre y diciembre un ajuste en las tarifas. Será del 3% cada mes, según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que advirtió una vez más por el desfasaje con los costos. Según el nuevo cuadro, una escuela primaria con 100% de subvención puede cobrar en noviembre hasta $ 39.210, y aquella con el 40%, hasta $ 177.340. Y para los secundarios, quedaron habilitados para cobrar hasta $43.230 si reciben 100% de subvención, y hasta $ 230.450 si percibe el 40%.
El sector de telecomunicaciones está desregulado desde 2023, por lo que cada empresa aplica aumentos de forma autónoma y los comunica directamente a sus clientes. La compañía Movistar confirmó un ajuste del 2,6% y se estima ajustes similares en el resto de las empresas.
Las facturas de electricidad y gas tendrán nuevos ajustes, aunque los cuadros tarifarios exactos aún no fueron publicados en el Boletín Oficial. Lo que sí ya fue reglamentado es el fin de la Zona Fría, lo que impactará en la boleta de gas de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. En el servicio de agua potable y cloacas a cargo de AySA, el ajuste mensual del Coeficiente K implicará una suba de entre el 1,5% y el 2%.
Fuente: DIB
