País
Argentina ocupa el lugar 52 de un ranking de 120 países en transparencia presupuestaria
5 de junio de 2022
Se publicaron los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto para 2021: Argentina ocupa el lugar 52 del ranking de 120 países de todo el mundo. Entre los 18 países de Latinoamérica evaluados ocupa los puestos 9, 10 y 11 (según diferentes ejes de la evaluación). Sólo alcanza un puntaje adecuado (superior a 61/100) en el caso de la vigilancia a cargo de la Auditoría General de la Nación, ocupando el quinto lugar en la región.
Las decisiones fiscales que se reflejan en el presupuesto público abarcan desde qué impuestos recaudar y cuánta deuda contraer, hasta qué bienes y servicios públicos prestar y con cuántos recursos. Todas ellas pueden dificultar o garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria. Por eso la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) evalúa el cumplimiento de la Encuesta de Presupuesto Abierto e impulsa a los diferentes poderes del Estado a mejorar sus índices de transparencia, participación y rendición de cuentas a lo largo de todo el proceso presupuestario.
La Encuesta de Presupuesto Abierto es una iniciativa impulsada por el International Budget Partnership (Alianza Internacional por el Presupuesto) que se implementa desde el año 2006 de forma simultánea en 120 países y busca promover la adopción de sistemas presupuestarios transparentes, participativos e inclusivos. Se trata de la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo sobre transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos. Para la evaluación se utilizan más de 200 indicadores que se dividen en tres ejes:
a) Transparencia y acceso a la información presupuestaria (1)
El puntaje de Argentina en este eje fue oscilante en los años que lleva evaluándose. Nunca llegó a los 61 puntos considerados como el umbral mínimo para fomentar un debate público informado. En esta ocasión redujo los resultados, pasando de 58/100 a 50/100, debido a que en dos de los documentos evaluados se incorporó menos información que en años anteriores.
En el Informe de Avance del presupuesto del Ejecutivo al Congreso no se incluyeron estimaciones plurianuales de inflación, crecimiento en el PBI y tasas de interés, y en el Proyecto de Presupuesto no se identificaron indicadores de las políticas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ni se mencionó el sitio de datos abiertos para acceder a información más detallada sobre las clasificaciones del gasto. A su vez, el Informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la Cuenta de Inversión no se había publicado al momento de responder la encuesta y sigue sin producirse la Revisión de Mitad de Año.
La Encuesta valora positivamente la existencia de la web presupuestoabierto.gob.ar, donde se publican datos abiertos sumamente relevantes para facilitar el monitoreo del gasto público y el control ciudadano. Sin embargo, no se realiza una difusión accesible y amplia de estos datos, razón por la cual siguen existiendo grandes desafíos para que la ciudadanía conozca y utilice la información presupuestaria.
b) Participación en el proceso presupuestario (2)
El resultado de Argentina en este eje sigue siendo muy deficitario: se mantiene en 15/100. Esta situación refleja los grandes desafíos que tiene nuestro país para lograr que la toma de decisiones presupuestarias y el uso de los recursos públicos sean realmente abiertos y democráticos.
Tanto en Argentina como en la mayoría de los países evaluados, los presupuestos son discutidos por una élite, con pocas vías para que la ciudadanía se involucre y su voz sea escuchada. Sólo 8 países en todo el mundo tienen canales formales para involucrar a las comunidades en los procesos presupuestarios.
En el caso de nuestro país, el Ministerio de Economía no realiza ninguna consulta ni audiencia tendiente a promover la participación ciudadana en el diseño y la ejecución del gasto. Si bien algunas comisiones del Congreso han habilitado instancias de diálogo con la sociedad civil e instituciones sindicales en el marco de la discusión de las leyes de presupuesto, no se institucionalizaron audiencias públicas ni otros mecanismos que garanticen una participación plural en ese debate. A su vez, la AGN implementa mecanismos formales de planificación participativa de sus informes, pero no se trata de auditorías relativas a documentos presupuestarios evaluados por la Encuesta.
c) Rol de las instituciones de control o vigilancia (3)
En este eje el Congreso obtuvo una puntuación de 42 porque sigue sin evaluar sistemáticamente la ejecución presupuestaria durante el año, a pesar de contar con informes actualizados de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre modificaciones presupuestarias, que podrían utilizarse para exigir una mejor rendición de cuentas.
Por su parte, la AGN obtuvo 78 puntos, lo cual indica que la supervisión a su cargo es adecuada. Sin embargo, para los años posteriores a 2016 (último informe de auditoría evaluado en la Encuesta y disponible públicamente al momento de responder la edición de 2021), no se había publicado el Informe de la AGN sobre la Cuenta de Inversión que debe revisar la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
¿Por qué es importante el monitoreo presupuestario para la garantía de los derechos?
En el actual contexto, especialmente signado por la pandemia de Covid-19, el presupuesto público fue una herramienta clave para aminorar sus impactos. Según datos publicados por la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en la región habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. A pesar de esto, la CEPAL estima que la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia.
La transparencia presupuestaria y la fortaleza de los mecanismos de vigilancia y de participación en el ciclo presupuestario son herramientas fundamentales para que el presupuesto logre el impacto necesario en la garantía de los derechos. Sin ellas es muy difícil exigir estrategias efectivas para garantizar políticas eficientes e igualitarias.
(1) El eje de transparencia y acceso a la información evalúa la disponibilidad en línea, la puntualidad y el contenido de ocho documentos presupuestarios: a) Informe de avance; b) Proyecto de presupuesto y documentos complementarios; c) Presupuesto ciudadano; d) Ley de presupuesto; e) Informes trimestrales de ejecución; f) Revisión de mitad de año; g) Cuenta de inversión o informe de fin de año; h) Informe de auditoría. Para su evaluación se utilizan 109 indicadores a los que se da el mismo peso y se puntúa a cada país según una escala de 0 a 100.
(2) El eje de participación evalúa las oportunidades formales de participación ciudadana que ofrecen el Poder Ejecutivo, el Congreso y la AGN, en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Se utilizan 18 indicadores puntuados de 0 a 100.
(3) El eje de vigilancia o control evalúa el rol del Congreso y de la AGN en el proceso presupuestario y califica a cada país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores.
País
Marcha de sindicatos por la Reforma Laboral
Agrupaciones sindicales y sociales convocaron para este jueves a las 15 una movilización hacia Plaza de Mayo en rechazo al proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo. La concentración está prevista en la intersección de la avenida Carlos Pellegrini y Juan Domingo Perón, desde donde las columnas marcharán hasta la Plaza de la City porteña.
La protesta también incluirá cuestionamientos al Presupuesto, al considerar que no contempla las leyes de pediatría, discapacidad y financiamiento universitario aprobadas por el Congreso. Según informó días atrás la agencia DIB, el gobernador Axel Kicillof confirmó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce, acompañará la jornada de protesta.
La CGT ratificó la convocatoria tras una reunión de su Consejo Directivo, integrado por el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). A su vez, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y anunció un paro nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la reforma laboral y el Presupuesto “terminarán de aniquilar a las provincias” y llamó a profundizar las protestas en los distritos provinciales.
También participarán de la movilización las dos centrales de la CTA-la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma- junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, señaló que el proyecto oficial tiene un carácter “regresivo” en relación con los derechos laborales.
Por su parte, el titular de la CTA-T, Hugo Yasky, afirmó que en distintos países del mundo las reformas laborales apuntan a mejorar las condiciones de trabajo, regular a las empresas de plataformas, otorgar nuevas licencias, reducir la jornada laboral y garantizar la igualdad de género.
A la convocatoria también se sumarán los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), quienes confirmaron su adhesión en defensa de los derechos laborales y de la salud pública. Asimismo, movilizarán los gremios universitarios
País
Presupuesto 2026 con la media sanción en Diputados
Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei
La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.
La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.
El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.
A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.
“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.
Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.
El proyecto prevé un crecimiento del 5% del PBI para 2026, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial que rondaría los 1.423 pesos en diciembre del año próximo. Además, estima un superávit primario del 1,5% del PBI y uno financiero del 0,2%, con exportaciones en alza del 10,6%. Desde la oposición, sin embargo, cuestionaron la consistencia de esas proyecciones y las calificaron de “ilusorias”, al advertir que subestiman la inflación y el valor del dólar.
La sesión también estuvo marcada por el debate reglamentario sobre la modalidad de votación en particular. El oficialismo logró imponer, con apoyo de sus aliados, que se vote por títulos completos y no artículo por artículo, una decisión que fue interpretada como un intento de impedir que algunos bloques acompañen el presupuesto en general pero rechacen el artículo 75. La moción se aprobó por 130 votos a 112.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y defendió la reducción del gasto público como condición necesaria para bajar impuestos. Desde el peronismo, en cambio, Agustín Rossi advirtió que el texto “profundiza el ajuste, deprime el consumo y destruye el entramado industrial”.
En paralelo al tratamiento parlamentario, la Casa Rosada desplegó una intensa negociación con gobernadores aliados, que incluyó el reparto de Aportes del Tesoro Nacional y compromisos políticos, como la inclusión de los fondos adeudados a la Ciudad de Buenos Aires por coparticipación, uno de los reclamos centrales del PRO.
Con la aprobación en general, el Gobierno dio un paso clave para convertir en ley el Presupuesto 2026, el primero de la gestión Milei tras dos años de prórrogas del esquema heredado de 2023. El desafío inmediato será superar la votación en particular y luego repetir el respaldo en el Senado, donde el oficialismo buscará sancionar la norma antes de fin de año, en un clima político que promete seguir cargado de tensión. DIB
País
Se lleva la motosierra
El presidente Javier Milei mantuvo este mediodía una reunión en la Casa Rosada con José Antonio Kast, presidente electo de Chile, en un encuentro que funcionó como señal inicial de entendimiento político entre ambos mandatarios y que abre una nueva etapa en el vínculo bilateral tras la administración de Gabriel Boric.
En tanto, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, confirmó esta tarde que recibió un ofrecimiento y podría irse a Chile como funcionario del electo mandatario chileno José Antonio Kast, quien hoy visitó al presidente Javier Milei.
ALIANZA ESTRATÉGICA
Desde el entorno presidencial argentino explicaron que la cita tuvo como finalidad establecer las bases de la futura relación entre Milei y Kast como jefes de Estado, con la expectativa de consolidar un eje de cooperación regional. En el Gobierno destacan las afinidades ideológicas entre ambos dirigentes, especialmente en torno a principios como la libertad individual, la defensa de la propiedad privada y una agenda de valores compartidos.
Previo a su ingreso a la Casa de Gobierno, Kast optó por mantener un perfil bajo frente a la prensa, aunque se tomó unos minutos para saludar a simpatizantes argentinos y chilenos que se acercaron a las rejas de Balcarce 50, con quienes intercambió palabras, firmó autógrafos y accedió a sacarse fotografías.
Antes de viajar a Buenos Aires, el mandatario electo chileno remarcó públicamente su vínculo previo con Milei y subrayó su interés en conocer de primera mano la experiencia argentina en materia económica y de seguridad. En particular, mencionó los avances en la reducción de la inflación, la baja de la pobreza extrema y las políticas contra el crimen organizado como aspectos de los que Chile podría tomar nota.
La visita de Kast incluyó además un almuerzo con referentes del sector empresarial en el Hotel Intercontinental y una reunión en la Embajada de Chile en la Argentina con el embajador José Antonio Viera-Gallo. Su regreso a Santiago estaba previsto para la noche, aunque su agenda permanecía abierta a eventuales actividades adicionales.
