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Sobrepesca: relevamiento de Greenpeace en el Mar Argentino
25 de abril de 2022
La explotación pesquera en el océano Atlántico, actividad concentrada en aguas próximas al Mar Argentino produce efectos en los ecosistemas marinos que no permiten su recuperación.
El buque Arctic Sunrise, de la organización Greenpeace, amarró en el puerto de Buenos Aires luego realizar un relevamiento sobre la explotación pesquera en el océano Atlántico, actividad concentrada en aguas internacionales próximas al Mar Argentino que produce «efectos en los ecosistemas marinos que no permiten su recuperación», dijo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de esta ONG.
La campaña, que comenzó en Ushuaia el 12 de marzo, permitió que la nave se adentrara en el área conocida como Agujero Azul, ubicada a 500 kilómetros del golfo de San Jorge, para observar el estado del ecosistema marítimo.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de su proyecto Pampa Azul, explicó que «el Agujero Azul es una región de alta productividad primaria. La zona es área de alimentación de varias especies de gran importancia económica (tales como la merluza, la vieira patagónica y el calamar) y de muchas aves y mamíferos».
Desde esta cartera nacional también advirtieron que «debido a la abundancia de recursos biológicos, el sector lindero a la Zona Económica Exclusiva registra una intensa actividad pesquera extranjera que se centra en la captura del calamar. El impacto de la pesca sobre la biodiversidad y las cadenas tróficas es en gran medida desconocido, por lo que urge obtener información fidedigna para promover el manejo sustentable de los caladeros y establecer acciones de protección de las especies afectadas».
Vueso, por su parte, indicó que a la expedición de su ONG le fue posible «verificar el daño que está haciendo la depredación de los barcos pesqueros en los ecosistemas vulnerables en profundidad», y que en esta zona pescan alrededor de 500 barcos, «a 400 kilómetros de la costa» argentina.
Durante la campaña lograron detectar barcos realizando «trasbordos de mercadería y barcos con registro de actividades ilegales», que utilizan el método de arrastre con redes para capturar peces e invertebrados en el suelo marino, «barriendo» -de este modo- con el ecosistema.
Si bien la mayor parte de los navíos pesqueros que navegan esta zona son provenientes de China, Taiwán, Corea del Sur y España, «también funcionan con banderas de conveniencia a través de empresas que compran banderas de otros países para hacer lo que quieren», explicó Vueso.
La coordinadora de Greenpeace también señaló que operan otras naves que proveen servicios como los barcos refrigerados que hacen trasbordos en altamar.
«El pesquero le pasa la captura y sigue pescando hasta que se le llena la bodega, mientras los tanque van a los puertos y a los mercados, donde se pierde el control de qué, dónde y cómo se pesca y el impacto en el ecosistema«, detalló Vueso.
En cuanto a los ecosistemas marinos, la ambientalista señaló que si bien «los vemos como algo lejano y oscuro por la profundidad», en realidad estas zonas se encuentran «llenas de vida y sostienen todo el ecosistema».
El océano depende de estos ecosistemas «para generar los servicios que le presta al planeta» como la generación de oxígeno, la captura de carbono, y la regulación del clima y el agua.
En tanto, si bien hay multas y sanciones para los barcos que operan de manera ilegal en Argentina, Vueso señaló que este tipo de sanciones no representan «una solución».
«Argentina no puede cargar la responsabilidad de salir a patrullar todos los kilómetros ribereños para echar a los barcos, estamos hablando de dimensiones muy grandes», explicó Vueso.
«Estamos exigiendo que se firme un tratado global por los océanos para salvar esta falta de gobernanza y para tener las herramientas para proteger esta zona, que no tiene regulación» internacional, concluyó la coordinadora, e invitó a visitar durante el fin de semana el buque Arctic Sunrise, que atracará en la Dársena Norte Seis, ubicada en Puerto Madero, y contará con entrada abierta al público.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
