Mientras cada vez más supermercados se suman a la estrategia de aceptar dólares para tratar de aumentar las ventas, los consumidores empiezan a estar alertas al valor ofrecido por cada establecimiento.

Así, los centros de compras comienzan a competir no sólo en el precio de los productos, sino también en el valor al que aceptan la divisa.

A esto se suma que los súper aceptan los billetes “cara chica”, que algunas casas de cambio rechazan.

Mientras el dólar blue subió a $1.360, el mayorista Diarco paga $1.400.En tanto, el autoservicio Yaguar, de Río Negro, lo acepta a $1.390.En Córdoba, la cadena Súper Mami lo paga $1.375. Por su parte, Híper Tehuelche, de Neuquén, a $1.265. (NA)

Dos camionetas de alta gama y una impactante cupé Ferrari incautadas al clan Loza, una banda narcocriminal considerada de las más poderosas en Argentina, serán subastadas de manera anticipada ante el “riesgo de deterioro” de esos bienes confiscados en 2019. Catalogada como una organización de narcotráfico transnacional que ingresaba en avionetas grandes cargamentos de cocaína, e incluso exportaba a Europa, la red tuvo una conexión local que quedó al descubierto con el triple crimen de Ybarlucea y un secuestro de drogas cerca de Ramallo. La Ferrari en cuestión había sido usada por Diego Armando Maradona en al década del 90.

La Ferrari F430, una camioneta Chevrolet 3100 de diseño y una pick up Chevrolet Silverado fueron incautadas al clan que comenzó a ser investigado en 2017 por la Justicia federal. Dos años después, parte de los integrantes fueron procesados y en diciembre de 2021 diez de ellos recibieron condenas de entre 4 y 10 años de prisión por lavado de activos, asociación ilícita y contrabando de divisas. Entre ellos Erwin “El Nene” Loza, considerado jefe de la organización, sentenciado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 378 millones de pesos.

En esa sentencia del Tribunal en lo Penal Económico Nº3 se dispuso el decomiso de los bienes obtenidos con ganancias del delito. De acuerdo con la investigación, la estructura criminal adquiría cocaína en Argentina y otros países de Sudamérica y los transportaba, por vía marítima o aérea, a España, donde violaba los controles aduaneros para ingresar la mercadería que luego se comercializaba en distintos puntos de Europa.

Un equipo de fiscales al mando del procurador general interino Eduardo Casal promovió en 2019 una demanda civil autónoma contra 35 personas por un total de 190 bienes incautados a la organización. En octubre pasado los fiscales solicitaron que se ordene la “disposición anticipada” ya que “no sólo presentaban riesgo de desvalorizarse y deteriorarse” sino que “requerían de un mantenimiento oneroso y generaban una erogación alta”, a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El juez Gonzalo Auguste, titular del juzgado federal en lo Civil y Comercial Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la medida, conocida como extinción de dominio. Tuvo en cuenta la relevancia del caso penal, los gastos de resguardo y reparación de los vehículos y el riesgo de desvalorización. Así, dispuso la intervención de un perito que deberá coordinar con la AABE la organización de la subasta, la fecha y la base. Una vez realizada, se dispondrá el destino del dinero obtenido.

El clan fue acusado de lavar dinero en más de 800 millones de pesos, dinero que habrían usado para adquirir a través de testaferros inmuebles, empresas y autos. Entre ellos la famosa Ferrari que manejó Maradona en los 90 y en la que asistía a los entrenamientos de Boca. Era uno de los elementos de lujo que estaban en poder de la banda, a la cual le decomisaron inmuebles en los barrios porteños de Recoleta, Caballito y Belgrano, así como en San Isidro, Pilar, Mar del Plata, Pinamar y Salta.

Una conexión local del clan Loza fue, para la Justicia, “Calavera” Pelozo, preso en el penal de Ezeiza y relacionado además con Esteban Lindor Alvarado. En estos días quedó en el centro de la mirada judicial cuando en allanamientos en tres provincias fueron detenidas 14 personas bajo la sospecha de integrar su banda. A la cual se le atribuyen los homicidios de los mecánicos Silvio Vitullo y Diego Segura, cometidos en diciembre de 2022 en Garnica, Lomas de Zamora.

Entre los detenidos está Gregorio Gómez, un abogado rosarino que podía ingresar a la cárcel para contactar a Calavera y de quien se sospecha que pasaba datos al resto de la banda. Pelozo también había sido mencionado en la causa por el triple crimen de Iván Maximiliano Giménez, su hija Elena de un año, y su pareja Érica Vanesa Romero, baleados tras asistir a una fiesta de casamiento en enero de 2022 en Ybarlucea, donde tenía su base de operaciones. Pelozo habría sido proveedor de Giménez.

En agosto del año pasado, Pelozo fue condenado por el tráfico de 389 kilos de cocaína transportados desde Salta hasta Ramallo, donde Gendarmería incautó la carga en septiembre de 2020. Una logística que se realizó con la participación del clan Loza. Ese cargamento marcó la caída en desgracia de Adelaida "Reina Titi" Castillo —hoy condenada— una salteña que conducía la chata en la que iba el cargamento y era mano derecha y delegada de Pelozo, y parte del clan Loza.

En medio de la causa que le inició Fabiola Yañez por violencia de género, el expresidente Alberto Fernández hizo una presentación donde acusó a su expareja por “violación de secreto y su difusión, como así también del acceso ilegítimo a mi nube de Google”, por la difusión de los videos de Fernández con Tamara Pettinato en Casa Rosada. El exmandatario habló de “hechos falsos”, de “campaña de desprestigio”, de “escarnio público” y responsabiliza a Yáñez por los videos publicados.

Alberto Fernández admitió que el teléfono en el que había filmado a la mediática “se lo regaló a su hijo Francisco, con todas las claves”, y como la ex primera dama lo tenía “hizo un uso doloso de ese teléfono para lo cual no estaba habilitada”.

De acuerdo con lo trascendido, en el escrito el expresidente relató: “Ese celular marca Samsung se lo di a mi hijo para que juegue y pueda ver videos infantiles en YouTube y similares. Es por ello que acuso a su madre, una persona adulta y con pleno conocimiento para acceder a mi información privada y mucho menos difundirla”.

A su vez, argumentó: “Que mi hijo tenga el celular no habilita a la Sra. Yañez a que extraiga información privada sobre mi persona y de terceros ajenos al proceso”.

Mientras tanto, Fernández comentó: “Es indudable que he sido víctima de una intromisión ilícita en mi privacidad por parte de terceros y es un deber estatal que se recobre el estado de derecho a fin de sancionar dicha conducta”.