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Reclamo de inquilinos
7 de abril de 2022
La Cámara de Diputados de la Nación decidió darse 30 días de trabajo, en la Comisión de Legislación General, para debatir la Ley N° 27.551 que lleva menos de dos años desde su sanción. Distintos representantes del mercado inmobiliario intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina. Así, explican que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinas e inquilinos.
Sin embargo para la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) cuando escuchamos las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario queda claro que el objetivo es eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley. Por eso, promocionar la derogación de esta ley en una falsa representación de los intereses de los inquilinos y las inquilinas es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la Ley de Alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para las personas que alquilan.
“No hay datos oficiales que demuestren el impacto de la Ley de Alquileres en el mercado; los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que indique que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley. Insistimos: no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, delegándolas en la buena voluntad de las partes”, señala la ACIJ
También – agrega la asociación civil – es falso sostener la existencia de un consenso sobre la idea de que la ley no funciona. Esa afirmación excluye la posición inquilina, que exige pagar menos y frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler que cada vez se aleja más del plazo y los precios de la legislación vigente.
Y agrega que “la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado en garantizar acceso a la vivienda en alquiler. Por tanto, atendiendo la particular situación inflacionaria global, la falta de alternativas para los hogares no propietarios, la obligación de progresión en cuestión de derechos y las medidas que los Estados internacionalmente deciden para proteger el alquiler de vivienda ante el empobrecimiento general de la población, proponemos: Regular el precio inicial del alquiler de vivienda. Garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación de vivienda. Disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos. Crear un sistema público de garantías. Generar vivienda pública en alquiler con valores desacoplados del mercado. Crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.
La propuesta nunca puede ser un mercado desregulado, sino un Estado presente, garante de derechos y responsable de implementar políticas públicas que efectivicen el derecho a la vivienda del conjunto de su población.
La Mesa los Derechos de les Inquilinos es un espacio multisectorial de reflexión, discusión y acción para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a acceso a la vivienda. Está integrada por múltiples organizaciones e instituciones que buscan sumar una voz al debate público que priorice los derechos de los inquilinos, estructuralmente vulnerados en un contexto de creciente déficit habitacional y desregulación del mercado de vivienda.
Está integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – NI UNA MENOS – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Federación de Inquilinos Nacional – Programa de Atención a Inquilinos, Defensoría del Pueblo CABA – Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) – Cátedra Derecho a la Vivienda, Universidad Nacional de Avellaneda – Coordinación de Alquileres, PBA – Ariel Wilkis y Florencia Labiano, Escuela IADES UNSAM – Sebastián Tedeschi, profesor Facultad de Derecho, UBA; entre otros.
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Charly se recupera
Charly García continúa internado y se recupera “favorablemente” de una cirugía de riñón a la que fue sometido, a los 74 años, el pasado martes 21 de abril.
Según el comunicado oficial, el artista ingresó a quirófano de forma programada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).
La operación se realizó según lo previsto y el intérprete “se encuentra bien, evoluciona favorablemente y se recupera en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, informaron fuentes autorizadas.
Además, el artista no requirió diálisis en ningún momento, ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento
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Nueva caída de ventas en super, mayoristas y centros de compras
Las ventas en supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras retrocedieron en febrero según los datos del Indec: en términos reales, los supermercados registraron una caída interanual del 3,1%, los mayoristas, 1,2%, y los shoppings, 2,1%. En valores corrientes, todos los canales evidenciaron subas por debajo de la inflación: los supermercados alcanzaron $ 2,21 billones (23,5%), los mayoristas $ 329.001 millones (23,6%) y los centros de compras $ 495.867 millones (17,9%).
Siempre de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en la comparación con marzo las ventas en supermercados subieron 0,3%, pero en los mayoristas hubo un retroceso de 0,7%, en tanto que en los shoppings la retracción fue del 1,8%. En el acumulado anual, -2,1%, +0,1% y -1,1%, respectivamente.
En el caso de los supermercados, el descenso real del 3,1% interanual se da en un contexto donde algunos rubros muestran fuertes aumentos nominales, como carnes (+46,9%) y frutas y verduras (+37%). El comportamiento de los medios de pago marca una tendencia clara: las tarjetas de crédito concentraron el 43,6% de las ventas, consolidándose como la principal herramienta de financiamiento del consumo.
Por su parte, los autoservicios mayoristas mostraron una caída más moderada en términos reales (-1,2%), lo que sugiere una leve resistencia de este canal frente a la contracción del consumo. Con ventas por más de $ 329.000 millones, el segmento continúa captando tanto a comerciantes como a consumidores finales que buscan precios más bajos y compras en volumen.
Dentro de los mayoristas, el rubro almacén representó el 42,6% de las ventas, seguido por artículos de limpieza y perfumería (26,4%), lo que da cuenta de un consumo enfocado en bienes esenciales. A su vez, el fuerte aumento de productos como carnes (+62,2%) muestra nuevamente el peso de la inflación en la estructura de ingresos del sector.
En cuanto a los centros de compras, la caída del 2,1% interanual en términos constantes confirma que el consumo en bienes no esenciales continúa siendo el más afectado. La mayor participación en ventas se concentró en indumentaria y accesorios (46,9%), seguida por el patio de comidas (19,9%), lo que indica que, aun en un contexto restrictivo, ciertos consumos vinculados al esparcimiento mantienen cierta tracción.
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ADEPA expresó ‘máxima preocupación’ por restricción a la prensa
Frente a la restricción de ingreso de periodistas a la sala de prensa de la Casa Rosada, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su “máxima preocupación” ante lo que considera “una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina".
En un comunicado compartido por la entidad en las últimas horas, se afirma que “la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su máxima preocupación por la decisión del Gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.
El texto continúa: “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de Gobierno”.
De ese modo, ADEPA advierte que “la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública”.
La decisión, además, “impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”.
En el cierre del comunicado, ADEPA insta a las autoridades a “revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa”.
