País
Reclamo de inquilinos
7 de abril de 2022
La Cámara de Diputados de la Nación decidió darse 30 días de trabajo, en la Comisión de Legislación General, para debatir la Ley N° 27.551 que lleva menos de dos años desde su sanción. Distintos representantes del mercado inmobiliario intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina. Así, explican que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinas e inquilinos.
Sin embargo para la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) cuando escuchamos las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario queda claro que el objetivo es eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley. Por eso, promocionar la derogación de esta ley en una falsa representación de los intereses de los inquilinos y las inquilinas es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la Ley de Alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para las personas que alquilan.
“No hay datos oficiales que demuestren el impacto de la Ley de Alquileres en el mercado; los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que indique que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley. Insistimos: no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, delegándolas en la buena voluntad de las partes”, señala la ACIJ
También – agrega la asociación civil – es falso sostener la existencia de un consenso sobre la idea de que la ley no funciona. Esa afirmación excluye la posición inquilina, que exige pagar menos y frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler que cada vez se aleja más del plazo y los precios de la legislación vigente.
Y agrega que “la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado en garantizar acceso a la vivienda en alquiler. Por tanto, atendiendo la particular situación inflacionaria global, la falta de alternativas para los hogares no propietarios, la obligación de progresión en cuestión de derechos y las medidas que los Estados internacionalmente deciden para proteger el alquiler de vivienda ante el empobrecimiento general de la población, proponemos: Regular el precio inicial del alquiler de vivienda. Garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación de vivienda. Disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos. Crear un sistema público de garantías. Generar vivienda pública en alquiler con valores desacoplados del mercado. Crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.
La propuesta nunca puede ser un mercado desregulado, sino un Estado presente, garante de derechos y responsable de implementar políticas públicas que efectivicen el derecho a la vivienda del conjunto de su población.
La Mesa los Derechos de les Inquilinos es un espacio multisectorial de reflexión, discusión y acción para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a acceso a la vivienda. Está integrada por múltiples organizaciones e instituciones que buscan sumar una voz al debate público que priorice los derechos de los inquilinos, estructuralmente vulnerados en un contexto de creciente déficit habitacional y desregulación del mercado de vivienda.
Está integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – NI UNA MENOS – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Federación de Inquilinos Nacional – Programa de Atención a Inquilinos, Defensoría del Pueblo CABA – Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) – Cátedra Derecho a la Vivienda, Universidad Nacional de Avellaneda – Coordinación de Alquileres, PBA – Ariel Wilkis y Florencia Labiano, Escuela IADES UNSAM – Sebastián Tedeschi, profesor Facultad de Derecho, UBA; entre otros.
País
Mar del Plata no es más Zona Fría
El proyecto oficial establece que los beneficios del régimen Zona Fría quedarán limitados a los usuarios que residan en la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna. De este modo, el mayor impacto se concentraría en la provincia de Buenos Aires, que fue una de las principales beneficiadas por la ampliación del régimen en 2021.
Con la iniciativa convertida en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 ciudades bonaerenses, incluyendo a Bahía Blanca y todo los partidos del sudoeste bonaerense (Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino).
El único distrito que queda exceptuado del recorte es Patagones por ser considerado como Zona Patagónica.
Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.
En Córdoba, quedarán afuera del régimen los departamentos del sur y centro de la provincia, como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto.
También perderán el beneficio municipios de Santa Fe incorporados en 2021, por ejemplo, Rosario, General López, San Lorenzo y Constitución.
En Mendoza, el único departamento que conservaría el beneficio sería Malargüe. En cambio, quedarían excluidas Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
Mientras que en San Luis, la capital provincial, Villa Mercedes y Merlo perderán el beneficio de aprobarse la iniciativa oficial junto a las ciudades de Andalgalá, Belén y Tinogasta de San Juan.
Lo mismo ocurrirá en Salta en los departamentos de Cafayate, Cerrillos, Chicoana, La Caldera, La Viña, Rosario de Lerma, San Carlos y Salta Capital. En Catamarca; en Famatina, Chilecito y General Lamadrid, en La Rioja; y en Tafí del Valle, Tucumán. (TN)
País
La pobreza creció en el primer semetre del año y se ubicó en 32,3%
Subió 4,1 p.p. respecto al semestre previo. Alcanza a más de 15 millones de p- La pobreza en Argentina registró una suba y se ubicó en 32,3% en el primer semestre de 2026.Así se desprende del informe que difundió esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Respecto al segundo semestre del último año, la pobreza aumentó 4,1 puntos porcentuales (p.p.). Si se mira el mismo semestre de 2025, el incremento llegó a 0,7 p.p.
Tal como anticipó esta agencia, se sumaron 1.200.000 personas por debajo de la línea de pobreza. En el período enero-junio alcanzó a 9.700.000 personas en los 31 aglomerados urbanos donde el INDEC realiza la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Tomando como proyección a todo el territorio nacional, el indicador final se ubica por encima de los 15 millones de personas.
Respecto a la indigencia, subió 1,2 p.p. hasta el 7,5% y englobó a 2.200.000 personas. La diferencia con la pobreza radica en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Total (CBT).
Desde que asumió a la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre de 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9% de las personas.
A partir de ahí, la pobreza comenzó un proceso de reducción: 38,1% en el segundo semestre, 31,6% en el primero de 2025 y 28,2% en el segundo.
Sin embargo, este último dato rompió con la tendencia y la revertió, en parte por el aumento de la CBT en torno a los salarios, que fue superior.
Las distintas proyecciones ya venían adelantando que la pobreza iba a volver a subir en el primer semestre del año. El Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) proyectó una tasa de 31,6%, siendo la que más se aproximó al número final.
Desglosado por grupos estarios, el mayor porcentaje se ubicó entre las personas de 0 a 14 años (44,5%). Le siguió el rango de 15 a 29 años (36,9%), 30 a 64 años (28,8%) y en último lugar el grupo de 65 años o más (14,8%).
En cuanto a las regiones, alcanzó al 41,5% en el Noreste, 36,7% en Cuyo, 32,1% en el Gran Buenos Aires, 31,5% en el Noroeste, 30,3% en la Pampeana y 28,4% en la Patagonia.
"Si bien las tasas de pobreza y de indigencia se incrementaron 4,1 p.p. y 1,2 p.p. en relación al semestre previo, ambas tasas registraron una fuerte baja en relación al primer semestre de 2024", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, buscando demostrar que los indicadores
País
ANMAT prohibió la venta de productos promocionados para el control de peso
La ANMAT prohibió en todo el país la comercialización, distribución, publicación y uso de productos que declaren contener retatrutide o retatrutida. El organismo advirtió que se trata de preparados sin autorización sanitaria, ofrecidos incluso para administración inyectable, cuya seguridad y eficacia todavía no están aprobadas.
La ANMAT prohibió en todo el país el uso, la comercialización, publicación y distribución de cualquier producto para administración en humanos que declare contener “retatrutide” o “retatrutida”. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica y quedó establecida mediante la Disposición 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La investigación comenzó luego de una denuncia que alertó sobre publicaciones online que ofrecían productos con esa sustancia. El organismo explicó que la retatrutide todavía se encuentra en etapa de investigación clínica y que no existen especialidades medicinales comercializadas en Argentina que la contengan.
ANMAT ya había advertido en agosto sobre la venta de estos productos y señaló que los anuncios los promocionaban por su supuesta utilidad para el control del peso, la regulación del consumo calórico y la mejora de la función metabólica. También mencionaban efectos sobre la saciedad, la sensibilidad a la insulina y el gasto energético.
El organismo remarcó que desconoce el origen, los fabricantes, la composición y las condiciones de elaboración de los productos ofrecidos. Además, indicó que se comercializaban en presentaciones para reconstitución e inyección, una modalidad que requiere controles rigurosos y seguimiento profesional.
La resolución alcanza a todos los lotes, tamaños y presentaciones de productos destinados a la administración en humanos que declaren contener retatrutide o retatrutida. La prohibición seguirá vigente hasta que ANMAT autorice formalmente esos productos. La única excepción corresponde a investigaciones clínicas que cuenten con autorización expresa del organismo.
ANMAT fundamentó la decisión en la falta de registros que permitan acreditar la elaboración legítima y la fiscalización de los preparados. También recordó que la sustancia no cuenta con aprobación como medicamento en Argentina y que todavía no se encuentran probadas su eficacia y seguridad.
El organismo había detectado ofertas a través de páginas web, plataformas de comercio electrónico y WhatsApp. Según su alerta, la falta de controles sobre productos inyectables suma un riesgo adicional, ya que una eventual contaminación podría provocar infecciones graves.
Además, ANMAT informó que Brasil y Paraguay también emitieron alertas sobre productos que declaraban contener retatrutide. La investigación argentina derivó en una ampliación de una denuncia ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora y en una presentación de la Dirección de Asuntos Jurídicos ante la Policía Federal.
Ante esta situación, el organismo recomendó no adquirir ni utilizar estos productos y consultar a profesionales de la salud ante cualquier duda.
