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Reclamo de inquilinos

7 de abril de 2022

La Cámara de Diputados de la Nación decidió darse 30 días de trabajo, en la Comisión de Legislación General, para debatir la Ley N° 27.551 que lleva menos de dos años desde su sanción. Distintos representantes del mercado inmobiliario intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina. Así, explican que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de inquilinas e inquilinos.

Sin embargo para la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) cuando escuchamos las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario queda claro que el objetivo es eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley. Por eso, promocionar la derogación de esta ley en una falsa representación de los intereses de los inquilinos y las inquilinas es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la Ley de Alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para las personas que alquilan.

“No hay datos oficiales que demuestren el impacto de la Ley de Alquileres en el mercado; los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que indique que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley. Insistimos: no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, delegándolas en la buena voluntad de las partes”, señala la ACIJ

También – agrega la asociación civil – es falso sostener la existencia de un consenso sobre la idea de que la ley no funciona. Esa afirmación excluye la posición inquilina, que exige pagar menos y frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler que cada vez se aleja más del plazo y los precios de la legislación vigente.

Y agrega que “la solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado en garantizar acceso a la vivienda en alquiler. Por tanto, atendiendo la particular situación inflacionaria global, la falta de alternativas para los hogares no propietarios, la obligación de progresión en cuestión de derechos y las medidas que los Estados internacionalmente deciden para proteger el alquiler de vivienda ante el empobrecimiento general de la población, proponemos:  Regular el precio inicial del alquiler de vivienda.  Garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la locación de vivienda.  Disponer un mecanismo público de actualización anual ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos. Crear un sistema público de garantías. Generar vivienda pública en alquiler con valores desacoplados del mercado. Crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las relaciones de alquiler.

  La propuesta nunca puede ser un mercado desregulado, sino un Estado presente, garante de derechos y responsable de implementar políticas públicas que efectivicen el derecho a la vivienda del conjunto de su población.

La Mesa los Derechos de les Inquilinos es un espacio multisectorial de reflexión, discusión y acción para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a acceso a la vivienda. Está integrada por múltiples organizaciones e instituciones que buscan sumar una voz al debate público que priorice los derechos de los inquilinos, estructuralmente vulnerados en un contexto de creciente déficit habitacional y desregulación del mercado de vivienda.

Está integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – NI UNA MENOS – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Federación de Inquilinos Nacional – Programa de Atención a Inquilinos, Defensoría del Pueblo CABA –  Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) – Cátedra Derecho a la Vivienda, Universidad Nacional de Avellaneda –  Coordinación de Alquileres, PBA –  Ariel Wilkis y Florencia Labiano, Escuela IADES UNSAM – Sebastián Tedeschi, profesor Facultad de Derecho, UBA; entre otros.

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Sale a la venta el chalet con vistas al Obelisco porteño

El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.

El chalet y su altillo, que constituyen uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se encuentra a la venta junto a al edificio de estilo francés de más de 10.300 metros cuadrados construidos, ubicado en Sarmiento al 1100, y tiene un valor de 8 millones de dólares.

Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.

Pusieron en venta el chalet con vistas al Obelisco porteño
El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.

El chalet Díaz, que corona la edificación, responde a un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. Fue construido en 1927 por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires durante buena parte del siglo XX.

El chalet fue testigo de los ensanchamientos de la 9 de Julio y de la construcción del Obelisco, inaugurado en 1936.

Además de esa vista única, el chalet tiene cinco ambientes, el altillo y dos terrazas: 200 metros cuadrados cubiertos en total. Conserva gran parte de sus elementos originales, entre ellos pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.

Fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el amparo de la ley 1.227. Por lo tanto, cualquier proyecto que realicen los eventuales compradores del conjunto estará condicionado a ese estatus histórico y deberá adecuarse a las normas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y prevención de incendios.

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ARCA elimina la actualización automática de montos


ARCA (exAFIP) redefinió umbrales y criterios de cálculo para entidades financieras y agentes del mercado de capitales. Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el Régimen Informativo de Operaciones Financieras y eliminó la actualización automática de los montos mínimos que deben informar entidades financieras y agentes del mercado de capitales. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 5814/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El cambio alcanza a bancos, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y agentes de colocación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La norma redefine umbrales, criterios de cálculo y obligaciones informativas.

Uno de los puntos centrales de la resolución elimina la actualización automática de los montos mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta ahora, la normativa obligaba a ajustar los pisos informativos semestralmente, en junio y diciembre de cada año.

Con la nueva disposición, Arca deja los montos fijos hasta que una futura resolución determine una modificación expresa. El organismo justificó la decisión en el incremento previo de los umbrales y en la estabilidad de las variables macroeconómicas.

Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526, que deben informar altas, bajas, modificaciones, saldos y movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas de la seguridad social y cuentas especiales bajo normativa del Banco Central.
Las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión (FCI) y los agentes de colocación y distribución integral de FCI, todos bajo supervisión de la CNV.
Nuevos umbrales de información mensual
La resolución también modificó la forma en que los ALyC y las sociedades depositarias de FCI deben informar las operaciones. A partir de ahora, los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.

El monto neto surge de la sumatoria de todas las transacciones realizadas durante el mes, incluidos comisiones, gastos y transferencias entre agentes, clientes o cuotapartistas.

Para determinar si se supera el umbral, ARCA no considera operaciones aisladas, sino la suma mensual de compra y venta de títulos (bonos, acciones y suscripción o rescate de cuotapartes de FCI), movimientos de fondos, pases y cauciones.

Si la sumatoria total mensual supera el tope correspondiente, el agente debe informar la totalidad de las operaciones, incluso aquellas de menor monto individual.

En el caso de operaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará según el tipo de cambio comprador del Banco Nación, tomando como referencia la fecha de liquidación o el último día hábil del mes informado.

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Celulares más baratos

Los aranceles a la importación de teléfonos celulares serán eliminados completamente a partir de este jueves 15 de enero. En función del decreto 333/25 publicado en mayo de 2025, el gobierno nacional reducirá definitivamente la tasa aduanera a 0%.

Esta normativa fue planteada progresivamente en dos tramos. En primer lugar se bajó el impuesto del 16% al 8% en el momento en el que se publicó en el Boletín Oficial y, finalmente bajarlo de 8% a una alícuota del 0% desde este jueves.

Además de este esquema de beneficios impositivos, la determinación incluye la supresión de impuestos internos para celulares, televisores y aires acondicionados fabricados en Tierra del Fuego (bajaron del 9% al 0%), además de la reducción de impuestos internos para televisores y consolas de videojuegos que vengan desde el exterior, que pasaron del 19% al 9,5%.

Mediante esta decisión, el gobierno busca incrementar la oferta de dispositivos, estimular la competencia, disminuir los valores finales de los productos y facilitar el acceso a los consumidores.

Según las proyecciones oficiales, la medida provocará un descenso de los precios de aproximadamente el 30 %. El objetivo es igualar las condiciones de los productos nacionales con los importados, en una época donde los precios locales son altamente elevados en comparación con otros países vecinos.

Sin embargo, el impacto en los precios de los celulares no será de inmediato. La llegada de los nuevos valores al consumidor final dependerá de la dinámica del mercado, los costos logísticos y el stock de los comercios.

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