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La ONU suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

7 de abril de 2022

La Asamblea General de la ONU suspendió hoy a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la invasión militar a Ucrania, una iniciativa impulsada por Estados Unidos y sus aliados tras denunciar una matanza de civiles en la localidad de Bucha, cercana a Kiev.

El cuerpo aprobó la medida con 93 votos a favor, incluido el de la Argentina, 24 en contra y 58 abstenciones.

La resolución expresa la «profunda preocupación» de la Asamblea General «por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular ante las informaciones de violaciones y abusos de los derechos humanos», a veces «sistemáticas», y «violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia».

«Los criminales de guerra no tienen cabida en los órganos de la ONU destinados a proteger los derechos humanos. Agradecido a los Estados miembros que apoyaron la resolución y eligieron estar del lado correcto de la historia», celebró el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, en su cuenta de Twitter.

El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores consideró «ilegal» la suspensión y motivada políticamente, «con el objetivo de castigar de manera ostentosa a un Estado miembro soberano de la ONU que tiene una política interior y exterior independiente», según un comunicado publicado hoy. A su vez, decidió una «rescisión anticipada» de este Consejo, consignó la agencia AFP.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lamentó la decisión de la ONU y advirtió que Moscú «seguirá defendiendo sus intereses por todos los medios legales».

Pekov, que ayer había dicho que la exclusión de Rusia sería inconcebible porque el trabajo de ese organismo no sería efectivo sin la presencia rusa, volvió a rechazar las acusaciones de haber perpetrado una masacre en la ciudad ucraniana de Bucha.

«Insistimos en que toda la situación de Bucha es una insinuación bien montada, nada más. Los cadáveres allí encontrados no fueron víctimas de militares rusos», aseguró sobre las decenas de personas con ropas civiles que fueron halladas muertas en esa localidad tras la retirada del ejército ruso.

En sus 16 años de existencia, el Consejo de Derecho Humanos, con sede en Ginebra y que actualmente preside la Argentina, tenía hasta ahora un solo antecedente de una suspensión: Libia, como respuesta a la represión de las protestas de 2011 que realizó el entonces líder del país, Muammar Kaddafi.

En el caso ruso, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en ese Consejo cuando está «subvirtiendo todos los principios básicos» de la ONU con su invasión de Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil.

Para suspender a Rusia se requería una mayoría de dos tercios en la Asamblea General, una cifra que se alcanzó, aunque el texto obtuvo menos apoyo que las anteriores resoluciones críticas con el Kremlin votadas desde el inicio de la guerra.

Las abstenciones no se tomaron en cuenta porque para una suspensión basta con el voto favorable de dos tercios de los países que se pronuncian a favor o en contra.

Entre los países que votaron en contra figura China, que lo considera una «iniciativa precipitada» que «añade leña al fuego» y un «precedente peligroso». También se opusieron Irán, Kazajistán, Bolivia y Cuba. Venezuela llamó a votar en contra pero perdió su derecho a voto debido a la acumulación de pagos pendientes.

Entre los países latinoamericanos, además de Argentina, apoyaron la medida Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, mientras que Brasil, El Salvador y México se abstuvieron.

El embajador brasileño ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, dijo que «Brasil ha decidido abstenerse en la votación de hoy porque cree que se debe permitir que la comisión de investigación complete su investigación independiente para que se puedan determinar las responsabilidades».

El lunes pasado, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, anunció que promovería la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, precisó por su parte que la solicitud de Estados Unidos de excluir a Rusia fue presentada a petición del presidente Joe Biden.

Esa declaración se produjo después que el pasado fin de semana las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieran numerosas imágenes en las que aparecen cadáveres de civiles en las calles de la ciudad de Bucha.

La localidad estuvo bajo el control de las tropas rusas, que la abandonaron el 30 de marzo pasado, y el Kremlin negó las acusaciones de una matanza a la que calificó como una «provocación escenificada» en medio de las negociaciones de paz.

El Consejo del que fue suspendida Rusia es el principal foro de la ONU encargado de promover los derechos humanos. Se creó en 2006 y está integrado por 47 Estados miembros, elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Su misión también consiste en revisar periódicamente su situación en los países miembros de la ONU y puede abordar cualquier tema relacionado con los derechos humanos, incluso en reuniones excepcionales que se pueden convocar con carácter urgente.

Desde la invasión rusa de Ucrania, la Asamblea General de la ONU se pronunció sobre esta guerra en tres ocasiones, incluido el voto de este jueves.

El 2 de marzo, 141 países condenaron la invasión lanzada por Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, 5 votaron en contra (además de Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea) y 35 se abstuvieron.

El 24 de marzo, la Asamblea General pidió el acceso humanitario sin obstáculos y la protección de los civiles en Ucrania. Durante la votación, 140 países votaron a favor, cinco en contra (los mismos cinco que el 2 de marzo) y 38 países se abstuvieron.

Foto Asamblea General de las Naciones Unidas. (EFE/EPA/Jason Szenes)

Mundo

Rigen nuevas normas migratorias y de asilo de la Unión Europea

Una profunda reforma de las normas europeas de migración, destinada a endurecer los procedimientos fronterizos y a revisar a fondo el sistema de asilo, entró en vigor el viernes.

“Por primera vez contamos con un sistema europeo integral”, declaró Magnus Brunner, responsable de Migración de la Unión Europea, que añadió que la reforma dará a los países de la UE un mayor control sobre sus fronteras, reportó el sitio Euronews , informó la Agencia Noticias Argentinas.

Estas son las principales claves de la nueva iniciativa:


Controles fronterizos reforzados
Los migrantes que entren de forma irregular en la Unión Europea se someterán a comprobaciones de identidad y seguridad en un procedimiento que podrá durar hasta siete días. Los documentos de identidad y los datos biométricos de su rostro y huellas dactilares se registrarán en una base de datos.

El cribado servirá para determinar quién debe seguir un procedimiento de asilo acelerado o estándar y quién debe ser devuelto a su país de origen o de tránsito.

Procedimiento acelerado de rechazo
Uno de los grandes problemas del sistema de inmigración de la UE para algunos Estados miembros ha sido la escasa autonomía a la hora de decidir sobre la tramitación de los migrantes y la duración de estos procedimientos. El nuevo sistema pretende agilizar los trámites, sobre todo en los casos de denegación.

Los solicitantes de asilo considerados un riesgo para la seguridad o con pocas posibilidades de obtener el estatuto de refugiado, como los procedentes de países como Marruecos o Bangladesh cuyos nacionales ven rechazada la protección en al menos el 80% de los casos, serán tramitados con mayor rapidez.

Sus peticiones se procesarán en centros cercanos a las ‘fronteras exteriores’ de la UE, es decir, fronteras terrestres, puertos y aeropuertos, en un procedimiento que podrá prolongarse hasta 12 semanas. Para el resto de solicitantes de asilo seguirá aplicándose el procedimiento estándar.

Mecanismo de solidaridad
Según las normas de la UE, el país en el que un migrante irregular pisa por primera vez suelo comunitario es responsable de tramitar su caso. Esto carga de presión a Italia, Grecia y Malta, que en los últimos años han recibido la mayor parte de las llegadas por tierra y mar.

Para aliviar esa carga, la reforma introduce un mecanismo de solidaridad que obliga a los Estados miembros a acoger a un número determinado de solicitantes de asilo llegados a otros países. Como alternativa, podrán pagar 20.000 euros por cada solicitante de asilo a los países sometidos a mayor presión. Al menos 30.000 solicitantes de asilo al año entrarán en este sistema de reubicación.

Las negociaciones sobre este punto ya han demostrado ser difíciles, después de que en una primera ronda celebrada el año pasado varios países se negaran a aceptar cualquier reubicación.

Plan de contingencia
El paquete establece una respuesta de emergencia en caso de repuntes inesperados de llegadas, el mismo tipo de crisis al que se enfrentó la UE en 2015 y 2016, cuando más de dos millones de solicitantes de asilo entraron en el bloque, muchos procedentes de Siria y Afganistán, países en guerra.

Permitirá a los Estados miembros reducir las garantías para los solicitantes de asilo, lo que hará posible mantenerlos retenidos más tiempo del habitual en centros de detención situados en las fronteras exteriores de la UE.

El sistema también se aplicará a la llamada “instrumentalización” de los flujos migratorios, acusación que se dirige a menudo contra Bielorrusia y Rusia, a las que los vecinos de la UE reprochan empujar a migrantes a cruzar la frontera para desestabilizar al bloque de 27 países.

Críticas a los nuevos mecanismos
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos muestran su preocupación por numerosos aspectos del nuevo sistema. Sostienen que las nuevas normas supondrán de facto que la mayoría de los migrantes, incluidos los menores, permanezcan detenidos durante todo el proceso.

También les preocupa que los nuevos procedimientos y la rapidez en la toma de decisiones sobre los casos individuales acaben, en la mayoría de los supuestos, en un nuevo periodo de detención para los migrantes recién llegados.

Grupos de derechos humanos denuncian irregularidades
Judith Sunderland, asesora principal sobre derechos de refugiados y migrantes en Human Rights Watch, dijo que el nuevo pacto “cierra la puerta en la cara a personas que merecen ser tratadas con dignidad y que se examine de forma justa sus solicitudes de protección”, según The Independent.

Lukas Gehrke, jefe en Bruselas de la Organización Internacional para las Migraciones, indicó que, independientemente de cuántas personas sean expulsadas de la UE, muchos migrantes permanecerán en el territorio, al tiempo que se perderá financiamiento para la integración bajo el nuevo presupuesto del pacto”.

“Si no nos enfocamos lo suficiente en esto, el fracaso de la integración se convierte en una profecía autocumplida”, advirtió. NA

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Sociedad

EL BASQUET DESPIDE A ROBLES

Hondo pesar y profudo dolor causó la triste noticia sobre el fallecimiento de en las últimas horas el ex presidente de Peñarol, Domingo Robles (68 años), Uno de los dirigentes mas reconocidos en la ciudad como en el ámbito nacional, y responsable que la institución milrrayitas tuviera una época de gloria en la Liga Nacional como en las competencias continentales.

Robles se encontraba internado hacía algunos días en una clínica privada con un cuadro de salud delicado. Dirigente ejemplar difirió los destinos de Peñarol durante 21 años y dejó su cargo en 2022.

Durante su gestión el equipo 'milrayitas' ganó 4 veces la Liga Nacional y 2 veces la Liga de las Américas entre otros varios títulos conseguidos por la institución de Garay y Santiago del Estero.

Tras su deceso, la institución emitió cin dolor el siguiente comunicado:

"El Club Atlético Peñarol expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de Domingo Robles, quien fuera presidente de nuestra institución durante más de dos décadas. 

"Entre 2001 y 2022, Domingo condujo los destinos del club. Su liderazgo fue fundamental en una de las etapas más gloriosas de nuestra institución, período en el que el club alcanzó logros deportivos inolvidables, entre ellos cuatro títulos de la Liga Nacional y dos Ligas de las Américas, consolidando a Peñarol como una referencia del básquet argentino y continental. 

"En reconocimiento a su trayectoria y a su invaluable aporte al crecimiento de nuestra institución, el Club Atlético Peñarol desde las 15, declara 24 horas de duelo y suspende durante ese período todas sus actividades deportivas, administrativas y sociales. 

"Su legado quedará para siempre en la historia grande de Peñarol. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento".

PESAR DE SCIOLI

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, expresó su “profundo dolor” por el fallecimiento de Domingo Robles, histórico dirigente de Peñarol.

A través de un comunicado, Scioli manifestó su pesar por la muerte de quien definió como un “apasionado por Peñarol” y transmitió su “acompañamiento a toda la familia, a sus amigos y a los hinchas de su querido club”.

“Tuve la suerte de conocerlo desde mis diferentes responsabilidades y supe de sus valores humanos y de sus cualidades como dirigente deportivo, poniendo todo su esfuerzo para el crecimiento del club de sus amores”, señaló el funcionario nacional.

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Sociedad

El Gobierno está cerca de llegar a un acuerdo con las universidades

Las casas de estudio mantendrán la demanda judicial que reclama la aplicación total de la Ley de Financiamiento Universitario. El entendimiento contempla una recomposición del 24,3% en dos tramos para los sueldos docentes.

Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado entre este martes y el miércoles.Noticias Relacionadas

De esta manera, las universidades mantendrán vigente la presentación judicial que actualmente debe resolver la Corte Suprema, mientras que el Ejecutivo avanzará con una recomposición salarial para docentes y no docentes en los términos que ambas partes vienen discutiendo desde la semana pasada.

La propuesta contempla un incremento del 24,33%, distribuido en dos etapas: un aumento del 21,33% de aplicación inmediata y otro 3% previsto para más adelante, en octubre. Según explicaron desde el sector universitario, la recomposición busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

El entendimiento también incluiría otros compromisos presupuestarios. Entre ellos figura un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas, y una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.

Además, las conversaciones abarcan una discusión específica sobre la situación salarial del personal docente de los establecimientos preuniversitarios, uno de los sectores más afectados por la pérdida de ingresos registrada en los últimos años.

Las negociaciones son encabezadas por el Gobierno y las universidades nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en un contexto marcado por reclamos salariales, protestas estudiantiles y una disputa judicial que permanece abierta.

Hasta ahora, el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo era la exigencia oficial de que las universidades desistieran de la demanda presentada para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma nunca fue ejecutada por el Poder Ejecutivo, que sostiene que el texto aprobado por el Congreso no establece de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación.

La comunidad universitaria, en cambio, recurrió a la Justicia para exigir su cumplimiento. La causa cuenta con una medida cautelar favorable a las universidades, que fue ratificada en dos oportunidades, aunque actualmente se encuentra suspendida mientras la Corte Suprema analiza un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional.

Desde las universidades habían manifestado en los últimos días que no estaban dispuestas a resignar ese resguardo judicial como condición para alcanzar un acuerdo presupuestario. Según indicaron, retirar la demanda tampoco contaba con consenso dentro de la propia comunidad universitaria.

Con la decisión del Gobierno de flexibilizar esa exigencia, las partes lograron acercar posiciones y encaminar una salida negociada al conflicto. No obstante, la resolución definitiva del expediente judicial seguirá dependiendo de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para pronunciarse.

Mientras tanto, persisten las reservas entre los gremios docentes. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció un paro de actividades entre el 16 y el 20 de junio para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y exigir la reapertura de las negociaciones paritarias.

La organización también convocó a clases públicas y otras actividades de protesta en distintos puntos del país. Las medidas se suman a las movilizaciones realizadas durante las últimas semanas por estudiantes, docentes y autoridades universitarias para reclamar mayores recursos para el sistema. (TN)

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