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El acuerdo con el FMI obtuvo media sanción en Diputados

11 de marzo de 2022

Tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados le dio media sanción del proyecto de ley que ratifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida obtuvo 204 votos afirmativos, 37 negativos y 15 abstenciones, cerca de las cuatro de la madrugada de hoy.

La sesión se inició con la presencia de 129 diputados en el recinto, número exacto para el quórum. Minutos después del comienzo, un grupo de manifestantes de izquierda que concentraba en la plaza comenzó a arrojar piedras y quemar neumáticos en la zona, tras lo cual efectivos de la Policía de la ciudad de Buenos Aires armaron un escudo frente al edificio del Congreso e iniciaron un operativo de desalojo.

El acuerdo sobre el texto fue el fruto de varias reuniones desarrolladas durante toda la semana entre representantes del oficialismo y de otros bloques opositores.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, aseguró que «este Gobierno, por sus principios, jamás hubiera recurrido al FMI sino que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar» con el organismo internacional.

«Hay un gobierno que por sus principios jamás hubiera recurrido pero que recibió una autentica bomba de tiempo y debió sentarse a negociar», enfatizó el legislador al exponer en el recinto en la sesión especial de la Cámara de Diputados.

En ese marco, Heller sostuvo que en el acuerdo «no se respetan los típicos aspectos de la ortodoxia que han primado en otros entendimientos» aunque dijo, «no hay nada que festejar».

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Por su parte, el diputado nacional de la UCR por Mendoza, Lisandro Nieri, consideró que el acuerdo con el FMI «nace obsoleto» y es «poco transparente», al sostener que «no soluciona los problemas de nuestro país». Para el legislador, «aún cumpliendo las metas deja a nuestro país en diciembre de 2023 en una situación de mayores desequilibrios macro que la observada en 2019» y dijo que «no soluciona los problemas de nuestro país».

Por Evolución Radical, el puntano Alejandro Cacace señaló: «Desde nuestra bancada le damos la herramienta al Gobierno, que está pidiendo el financiamiento, pero con esto no estamos avalando un plan económico fracasado que ha llevado a una profunda crisis económica y de desarrollo».

Así, el legislador de Juntos por el Cambio hizo referencia a la principal modificación introducida este miércoles en el dictamen, lo que posibilitó asegurar el voto opositor. El proyecto se destrabó cuando el oficialismo accedió a resumir el texto en un solo artículo centrado en el aval al acuerdo y accedió a que quedaran exentas del respaldo legislativo las metas trazadas por el Ministerio de Economía para su cumplimiento.

Otro sanluiseño, el exgobernador Claudio Poggi, titular de un monobloque dentro de Juntos por el Cambio apuntó: «Esta Cámara habilitará, si se quiere, el mal menor que es patear el vencimiento para más adelante. Es menor en comparación con el mal mayor que significa no pagar, quedar en mora en el mercado internacional».

Más adelante, el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, anunció en plena sesión que no acompañará el acuerdo del Gobierno con el FMI. «El acuerdo es penoso para mi país y para todos los argentinos», sostuvo, blanqueando así su postura que era una incógnita.

«Mis convicciones y el compromiso con mis votantes no me permiten acompañar y estar a favor de este impuestazo que atenta contra todos los argentinos. Mi voto será negativo», afirmó. Además, señaló que el acuerdo «no es suficiente» y que «no se va a cumplir». «Agrava una crisis muy profunda», continuó.

López Murphy se desligó así de buena parte de su interbloque que acompañará el acuerdo con el FMI tras consensuar el texto del proyecto con el oficialismo.

En tanto, el diputado liberal Javier Milei cuestionó duramente el entendimiento al que arribó el Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y adelantó que rechazarán la aprobación. «Vamos a votar en contra de esta porquería», expresó.

«Desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral», expresó el economista durante su alocución.

Asimismo, disparó contra el gobierno al señalar que con el nuevo acuerdo «está tomando deuda» con el FMI y que «esa deuda son impuestos futuros que pagan personas que hoy no votan: nuestros hijos, nuestros nietos y quienes no nacieron», enfatizó.

Siguiendo esa línea, se expresó también el legislador de Avanza Libertad, José Luis Espert. El economista añadió que «el que paga el ajuste es la gente de laburo, los emprendedores, los productores, los empleados».

«Este es un programa que revienta de impuestos a la gente del sector privado. No podemos votar a favor de ninguna manera de este presupuesto de gastos que está en el acuerdo. El camino es más libertad y más mercado. No más intervención», dijo.

Además, enfatizó que su postura «no tiene que ver con la ideología» porque «la deuda hay que pagarla», aunque calificó como «desastroso» el programa económico del ministro Martín Guzmán. «No echan ñoquis, no le ponen límite a las jubilaciones sin aportes. Que el ajuste lo pague el clientelismo», aseveró.

Desde el otro extremo del espectro ideológico, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, argumentó su voto negativo. «No entiendo qué festejan, dándole el co-gobierno al FMI, dejando que cada tres meses la Argentina quede a tiro de default, y que el Fondo sea el que decide qué se hace y qué no en el país», expresó.

Al mismo tiempo, criticó duramente al Frente de Todos por avalar la deuda contraída por el expresidente Mauricio Macri en 2018 con el Fondo. «Macri está feliz» por la negociación, afirmó ya que «no solo consigue que este Congreso avale y le haga un paraguas a la enorme estafa que fue su crédito» sino que «además consigue que no se lo nombre», algo que calificó como «insólito».

En el mismo sentido, la legisladora del PO, Romina del Plá, expresó: «Con la votación de este acuerdo, están a punto de ejercer un crimen contra el pueblo y quieren quedarse con las manos limpias».

«Sabemos el papel que han jugado todos los bloques, particularmente el Kirchnerismo que ha allanado el camino del acuerdo, cómplice también de legalizar la ilegitimidad de toda la deuda, la del FMI y la de los bonistas privados cuyo canje entreguista avalaron, y este plan anti obrero y de ajuste que llevaran adelante votando este acuerdo, no lo podrían hacer sin la connivencia de las burocracias de la CGT y las dos CTA. No se va a salvar ninguno del descontento popular», insistió.

Por su parte, la diputada nacional del interbloque Federal Graciela Camaño planteó su respaldo al acuerdo, aunque le reclamó «austeridad» al Gobierno del presidente Alberto Fernández. «Vamos a acompañar», dijo la legisladora y agregó que «es la primera vez» que el Congreso «vota una autorización de financiamiento para que el Poder Ejecutivo Nacional tome un empréstito y resuelva su deuda externa».

«Hemos tenido la inteligencia, el año pasado, de votar todos una ley que limita al Poder Ejecutivo y le devuelve atribuciones al Legislativo», recordó Camaño. No obstante, destacó que «quien deberá hacer el esfuerzo para cumplir con esto será el Gobierno de Alberto Fernández».

El diputado del Frente de Todos y titular de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, criticó el acuerdo del Gobierno con el FMI y agradeció a su bloque por permitirle «tener esta disidencia». Es uno de los legisladores oficialistas que en la previa ya había anunciado que no iba a acompañar la iniciativa.

En esta línea, se expresó el diputado del Frente Grande en el Frente de Todos, Itai Hagman, quien ratificó el no acompañamiento de su espacio al acuerdo con el FMI. «El acuerdo es el resultado de la negociación encorsetada en las reglas del fondo», justificó sobre la posición que adoptarán junto a los legisladores Federico Fagioli y Natalia Zaracho.

El diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, quien semanas atrás blanqueó sus diferencias con el acuerdo con el Fondo a través de una explosiva carta pública, estuvo en el Palacio Legislativo y tuvo reuniones con miembros de su bloque, pero no participó de la sesión.

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Desde este sábado, los menores de 14 años podrán ir presos

Desde este sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que crea el nuevo il.La normareemplaza a la Ley 22.278, que regulaba el tratamiento penal de los menores desde 1980, y que había sido modificada en 1983 para fijar en 16 años la edad mínima de punibilidad.

El cambio central de la reforma es, precisamente, esa edad: la imputabilidad se redujo de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo a través del Decreto 138/2026, el pasado 9 de marzo.Ahora, 180 días después, se cumple el plazo establecido para la entrada en vigencia

En efecto, a partir de este sábado, comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Desde ahora, los adolescentes que tengan 14 años cumplidos al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen especialmente diseñado para personas menores de 18 años.

La medida forma parte de la ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito vayan presos. Por el contrario, prevé distintas medidas y reserva la privación de la libertad para determinadas situaciones.

En algunas provincias, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que implican una restricción de la libertad.

El segundo escalón estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas. Allí, los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, pero sin las características propias de una cárcel. El objetivo es que el alojamiento se realice con acompañamiento y bajo el cuidado de personal civil.

El tercer nivel estará destinado a los casos más graves. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca que un adolescente acusado de un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro involucrado en un hecho violento o de extrema gravedad.

La nueva normativa alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18, cuando sean imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que las sanciones deben aplicarse teniendo en cuenta las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito.

Entre las posibles respuestas aparecen las amonestaciones, la reparación del daño, las tareas comunitarias, las prohibiciones de contacto o acercamiento y otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando no resulte necesario. Cuando la Justicia considere que corresponde privar de la libertad al adolescente, deberá determinar cuál de los tres niveles resulta adecuado.

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas. La ley crea un régimen diferenciado y obliga a que las medidas privativas de la libertad se cumplan en establecimientos especializados. También establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión y excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a personas adolescentes.

El desafío estará en adaptar lo existente al nuevo escenario y, sobre todo, en garantizar que cada adolescente sea alojado de acuerdo con la gravedad del caso y bajo las condiciones que establece la legislación. La propia ley nacional invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.

La ley reemplaza al régimen vigente desde la dictadura y crea un esquema de penas alternativas para adolescentes de 14 y 15 años.

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Vaca Muerta abre un nuevo negocio exportador

El país ya exporta alrededor de 1,6 millones de toneladas anuales de GLP, propano y butano. Según un análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral, con los proyectos de expansión de Mega, TGS y los desarrollos asociados al GNL en Río Negro, la producción podría alcanzar hasta 4,8 millones de toneladas en 2030 y superar los 5 millones hacia 2035. El potencial exportador y los mercados de destino serán analizados el 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP de la Universidad Austral.

Argentina comienza a abrir un nuevo capítulo exportador a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Después del petróleo y el gas natural, los líquidos del gas natural -principalmente propano y butano- aparecen como una oportunidad para ampliar la canasta energética del país y generar nuevas divisas.

Según el informe Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, Argentina produjo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de GLP/NGL comercial en 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas, sumando GLP, propano licuado y butano licuado.

El cambio de escala podría ser significativo. La producción argentina podría en un escenario base ubicarse entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas en 2030. Hacia 2035, se proyecta entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales, mientras que un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos permitiría acercarse a 8-9 millones de toneladas.

En términos de exportaciones, el informe estima que Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas a un potencial de 3,0-3,4 millones de toneladas hacia 2030, sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro, y superar los 5 millones de toneladas hacia 2035. Ese salto permitiría alcanzar más de US$2.000 millones anuales a partir de 2030, de acuerdo con la proyección del informe.

Tres proyectos que pueden cambiar la escala

Uno de los primeros motores de crecimiento será Compañía Mega, cuya ampliación prevé llevar la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, un incremento cercano al 50%. La primera etapa demandaría entre US$250 y US$260 millones, dentro de un programa integral estimado en unos US$650 millones.

El segundo gran proyecto es el desarrollo de líquidos de TGS, vinculado al eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión superior a US$3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7-2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+. Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad

A estos proyectos se suma una tercera posibilidad vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro. El tratamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario con el complejo de Bahía Blanca.

De los mercados regionales a Asia

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú aparecen como los mercados naturales para el GLP argentino. Brasil se presenta como el principal comprador regional por escala, cercanía y déficit estructural, mientras que Chile mantiene una lógica de complementariedad por proximidad geográfica y logística.

Pero el cambio de escala podría llevar a Argentina a competir también en mercados asiáticos. India, China, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de GLP y propano. En particular, India comenzó a emerger como destino estratégico para cargas argentinas de GLP entre 2025 y 2026, aunque el desafío será transformar operaciones puntuales en una relación comercial de mayor escala.

El desafío: infraestructura

El informe señala que el principal límite para ampliar las exportaciones no está en la disponibilidad del recurso, sino en la infraestructura. La expansión requerirá capacidad de separación en origen, nuevos poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria y coordinación entre los distintos proyectos.

En este escenario, Bahía Blanca, Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos de Vaca Muerta. El desafío será acompañar el crecimiento de la producción con infraestructura suficiente para garantizar competitividad, regularidad del suministro y acceso a los mercados internacionales.

El potencial del GLP argentino, en debate con referentes de la industria y compradores internacionales

Este nuevo escenario será uno de los ejes del Seminario Internacional de GLP: “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que se realizará el 10 de septiembre, de 8:15 a 18:00, en la Sede Buenos Aires de la Universidad Austral, Cerrito 1250, CABA. El encuentro será presencial para participantes de Argentina y Latinoamérica, con modalidad online exclusivamente para participantes ubicados en Asia.

La jornada reunirá a autoridades, productores, comercializadores, traders y especialistas internacionales para analizar el potencial de Vaca Muerta, la expansión de la oferta argentina de GLP, la infraestructura necesaria y las oportunidades de exportación hacia América Latina y Asia.

Entre los expositores se encuentran Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación; Oscar Sardi, CEO de TGS; Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega; Pedro Locreille, director de Midstream Gas & GLP de YPF; Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Argus; y Craig Whitley, CEO de World Energy Consultants, de Estados Unidos. También participarán representantes de Brasil, Chile, Colombia, Perú, India y Japón.

El programa incluye un bloque dedicado a los productores y los planes de expansión de los líquidos de Vaca Muerta, otro sobre los mercados de Brasil, Chile, Colombia y Perú, y un bloque específico sobre la oportunidad de India y Japón.

El seminario buscará así poner en contacto la creciente oferta argentina con los principales mercados de demanda y discutir qué infraestructura, logística, condiciones comerciales y coordinación serán necesarias para que el GLP argentino pueda pasar de una escala regional a una estrategia de inserción global.

La oportunidad está abierta: Vaca Muerta puede aportar el recurso, pero la infraestructura y la capacidad de desarrollar mercados internacionales serán determinantes para transformar ese potencial en exportaciones y divisas.

MAS INFORMACIÓN > https://www.austral.edu.ar/international-lpg-seminar/

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Ingleses ya se pintan la cara

El vocero del primer ministro Andy Burham afirmó que el apoyo del Reino Unido a las Islas es “inquebrantable” y desde Downing Street hicieron una fuerte advertencia.
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street citado por la agencia BBC este viernes.

Burnham «apoya plenamente los deseos de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar», dijo el portavoz.

Desde la BBC mencionaron que hubo una declaración conjunta de las dos empresas apuntadas por Javier Milei en su cadena nacional. Dijeron que tenían las licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, «y con el pleno apoyo del gobierno del Reino Unido«.

El proyecto debe entregar su primer petróleo en 2028, Rockhopper y Navitas dijeron que el calendario de las asociaciones no se vería afectado.


El campo petrolífero Sea Lion, a unas 130 millas de las islas, contiene un estimado de 1.7 mil millones de barriles de petróleo, descrito por Rockhopper como un campo que contiene «crudo altamente comercializable».

El jueves, el presidente Donald Trump insinuó que Estados Unidos no ayudaría al Reino Unido en ningún conflicto futuro con las Malvinas porque Gran Bretaña «no había estado allí para ayudarme» durante su guerra con Irán

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