21 de febrero de 2022

A cumplirse 10 años de la Tragedia de Once por la que hubo 51 personas muertas y casi 800 heridas, ninguno de los condenados está en prisión: la mayoría recibió domiciliaria, otros recibieron libertad condicional y sólo cinco cumplieron la pena.

El caso del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, viene de hacer ruido hace pocos meses. Es que el entonces funcionario kirchnerista fue condenado en 2015 a ocho años de prisión -que se redujeron después a cinco y medio- y además, gracias a la ayuda de cursos de reinserción logró llegar antes a los dos tercios de su condena y quedó libre en noviembre.

La querella representada por Leonardo Menghini cuestionó que el ex secretario de Gobierno haya sido beneficiado por participar de cursos de botánica o armado de termotanques solares, como supuestamente acreditó. “No estoy de acuerdo en que los funcionarios puedan acceder al estímulo educativo porque no se van a reinsertar a la sociedad en función de los cursos que hacen, ni son un arrepentimiento. Para lo único que sirven es para reducir la pena, esas cosas son para delitos comunes”, señaló a PERFIL.

En tanto, el único que está detenido es Ricardo Jaime, pero no por la tragedia de Once, sino por otra causa por corrupción.

El ex secretario Jaime, el único responsable de la tragedia de Once que está en prisión, pero por otra causa.

El otro ex secretario de Transporte está a la espera de una decisión de la Cámara de Casación que confirme si deja o no firme su condena por estrago culposo, un delito que se sumó al de administración fraudulenta y que está pendiente de revisión en la Sala III. La Corte Suprema mandó el expediente hace un año y medio y otorgó la excarcelación hasta tanto eso quede resuelto. Permanece con preventiva en el expediente conocido como “causa Cuadernos”, donde lo acusan de haber cobrado coimas a empresarios ferroviarios.

Otro ex funcionario clave cuya responsabilidad fue juzgada fue Julio de Vido. El ex ministro de Planificación se sometió a un juicio oral diferente al principal y terminó condenado por ser partícipe necesario de fraude al Estado, pero no por el estrago. Recibió una pena de cinco años y ocho meses pero sin prisión hasta tanto la Corte Suprema revise su situación, sin plazos de tiempo para hacerlo.

La situación del resto de los condenados por la Tragedia de Once

El que recibió la condena mayor en el juicio conocido como Once I fue Sergio Cirigliano, titular de la empresa TBA. Recién para 2025 terminará de cumplir sus siete años de prisión, pero desde el año pasado está con domiciliaria por cuestiones de salud. Permanece en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica y cada vez que sale por razones médicas debe notificar al Tribunal. Tiene prohibido salir del país, entre otras medidas.

Según Menghini, querellante, en las últimas semanas recuperó la libertad el motorman Córdoba, que de todos modos permanecía con condicional desde septiembre de 2020 por su buena conducta y el tiempo detenido. “Tuvo una condena corta, no por eso no la consideramos injusta”, decía en TN su abogada Valeria Corbacho cuando fue liberado del penal de Marcos Paz.

Junto con él hubo otras cuatro personas con las condenas más bajas que ya cumplieron ese plazo y quedaron en libertad. Mientras tanto, gran parte del resto de las personas condenadas fueron beneficiadas con domiciliaria por diferentes situaciones.

El camino judicial a las condenas

Por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se iniciaron, en diferentes épocas, tres procesos judiciales: el que investigó y juzgó las responsabilidades del choque; otro para juzgar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; y un tercer proceso por las fallas en el protocolo de búsqueda y rescate de víctimas, por las 57 horas que demandó la búsqueda de Lucas Menghini Rey, que apareció dentro de uno de los vagones del Tren Sarmiento.

La primera investigación cayó en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal federal Federico Delgado. En abril de ese año arranco la tanda de indagatorias a las personas imputadas, entre las que estaban los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el maquinista y funcionarios estatales y de la empresa Trenes de Buenos Aires.

Ese proceso se extendió hasta principios de junio. A finales de ese mes, el fiscal pidió el procesamiento de todos los imputados por considerar que se cometieron los delitos de estrago culposo, peculado y asociación ilícita. A mediados de octubre, en tanto, Bonadío dictó los procesamientos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero sobreseyó al motorman.

La investigación de la tragedia de Once sentó varios precedentes en términos sociales, políticos pero también judiciales. En Comodoro Py entendieron que había que moverse rápido y por eso Bonadío habilitó la feria judicial de verano para que la marcha de la investigación no se detenga. En ese lapso, el 11 de enero de 2013 la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de los empresarios de TBA y de los funcionarios acusados pero agravó los cargos: incluyó la figura de estrago culposo y administración fraudulenta, en sintonía con lo que había planteado Delgado, y no exculpó a Córdoba.

Para ese entonces, el juez y el fiscal habían dado por terminada la instrucción, en un tiempo que no es habitual en la Justicia argentina. Las cuatro querellas estuvieron de acuerdo en lo actuado y en la valoración de pruebas, por lo que pidieron la elevación a juicio oral. Sin embargo, dos de las querellas hicieron una observación: no se había investigado la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ello motivó un segundo juicio por la tragedia, que se desarrolló tiempo después.

 Las condenas

El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio por la tragedia de Once, a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°2.

La Justicia seguía firme en su voluntad de acelerar al máximo los tiempos, lo que motivó de entrada un apartamiento de la Cámara de Casación al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal, de otros expedientes. De ese modo, buscaron que se concentre únicamente en ese juicio y en el del atentado a la AMIA.

El proceso duró un año y nueve meses en los que declararon decenas de testigos, las querellas y las defensas. Fueron poco más de 100 audiencias que se llevaron a cabo los días lunes y martes de cada semana, con una importante difusión de los pasos procesales por parte del Centro de Información Judicial (CIJ). En el medio hubo algunos episodios llamativos como la detención de un perito por falso testimonio o la expulsión de las audiencias del abogado Gregorio Dalbón, representante de una de las querellas, por mala conducta.

El reclamo de los familiares

El 29 de diciembre de 2015 terminó y se conocieron las condenas. Le dieron nueve años a Claudio Cirigliano, dueño de TBA; ocho a Schiavi; seis a Jaime y tres años y medio al motorman. En su fallo, además, el Tribunal ordenó que se investigue la responsabilidad de De Vido. En total fueron 21 las personas condenadas.

Por decisión de la Cámara, esas condenas bajaron a siete años en el caso de Cirigliano y cinco años y medio en el caso de Schiavi.

“Justicia no vamos a tener nunca, porque mi sobrino Lucas y las víctimas no las vamos a volver a tener con nosotros. Pero en términos jurídicos pudimos lograr lo que pretendíamos. Además fue histórico porque éramos particulares contra el Estado y le ganamos”, dijo el abogado querellante.

Las otras dos causas

El juicio al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que era uno de los hombres fuertes del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se instruyó en el Juzgado de Bonadío.

Ese proceso arrancó el 27 de septiembre de 2017 y duró hasta el 10 de octubre de 2018, cuando los jueces del TOF N°4 lo condenaron a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Unos días antes del inicio del juicio contra De Vido, la jueza María Servini había iniciado el proceso de juzgamiento a efectivos de Bomberos por la demora de casi tres días en hallar el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Pero en abril de 2018 la jueza decidió, con el aval del fiscal Delgado, absolverlos por considerar que no hubo intención de no buscarlo al joven de 19 años que había aparecido en una cabina ubicada entre el tercer y cuarto vagón.

La decisión judicial motivó el enojo de los familiares de Menghini, que cuestionaron duramente al fiscal y este debió publicar un comunicado en el que aseguró que “para condenar había que probar que los bomberos no buscaron a propósito y ello no se acreditó. Si pedía una condena no cumplía mi función”.

Sobre lo expresado por el fiscal, María Luján Rey, madre de Lucas y actual diputada había dicho: “Es tremendo y tristísimo”

Fuente Perfil |Telam