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A 10 años de la tragedia de Once, los culpables están libres
21 de febrero de 2022
A cumplirse 10 años de la Tragedia de Once por la que hubo 51 personas muertas y casi 800 heridas, ninguno de los condenados está en prisión: la mayoría recibió domiciliaria, otros recibieron libertad condicional y sólo cinco cumplieron la pena.
El caso del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, viene de hacer ruido hace pocos meses. Es que el entonces funcionario kirchnerista fue condenado en 2015 a ocho años de prisión -que se redujeron después a cinco y medio- y además, gracias a la ayuda de cursos de reinserción logró llegar antes a los dos tercios de su condena y quedó libre en noviembre.
La querella representada por Leonardo Menghini cuestionó que el ex secretario de Gobierno haya sido beneficiado por participar de cursos de botánica o armado de termotanques solares, como supuestamente acreditó. “No estoy de acuerdo en que los funcionarios puedan acceder al estímulo educativo porque no se van a reinsertar a la sociedad en función de los cursos que hacen, ni son un arrepentimiento. Para lo único que sirven es para reducir la pena, esas cosas son para delitos comunes”, señaló a PERFIL.
En tanto, el único que está detenido es Ricardo Jaime, pero no por la tragedia de Once, sino por otra causa por corrupción.
El ex secretario Jaime, el único responsable de la tragedia de Once que está en prisión, pero por otra causa.
El otro ex secretario de Transporte está a la espera de una decisión de la Cámara de Casación que confirme si deja o no firme su condena por estrago culposo, un delito que se sumó al de administración fraudulenta y que está pendiente de revisión en la Sala III. La Corte Suprema mandó el expediente hace un año y medio y otorgó la excarcelación hasta tanto eso quede resuelto. Permanece con preventiva en el expediente conocido como “causa Cuadernos”, donde lo acusan de haber cobrado coimas a empresarios ferroviarios.
Otro ex funcionario clave cuya responsabilidad fue juzgada fue Julio de Vido. El ex ministro de Planificación se sometió a un juicio oral diferente al principal y terminó condenado por ser partícipe necesario de fraude al Estado, pero no por el estrago. Recibió una pena de cinco años y ocho meses pero sin prisión hasta tanto la Corte Suprema revise su situación, sin plazos de tiempo para hacerlo.
La situación del resto de los condenados por la Tragedia de Once
El que recibió la condena mayor en el juicio conocido como Once I fue Sergio Cirigliano, titular de la empresa TBA. Recién para 2025 terminará de cumplir sus siete años de prisión, pero desde el año pasado está con domiciliaria por cuestiones de salud. Permanece en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica y cada vez que sale por razones médicas debe notificar al Tribunal. Tiene prohibido salir del país, entre otras medidas.
Según Menghini, querellante, en las últimas semanas recuperó la libertad el motorman Córdoba, que de todos modos permanecía con condicional desde septiembre de 2020 por su buena conducta y el tiempo detenido. “Tuvo una condena corta, no por eso no la consideramos injusta”, decía en TN su abogada Valeria Corbacho cuando fue liberado del penal de Marcos Paz.
Junto con él hubo otras cuatro personas con las condenas más bajas que ya cumplieron ese plazo y quedaron en libertad. Mientras tanto, gran parte del resto de las personas condenadas fueron beneficiadas con domiciliaria por diferentes situaciones.
El camino judicial a las condenas
Por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se iniciaron, en diferentes épocas, tres procesos judiciales: el que investigó y juzgó las responsabilidades del choque; otro para juzgar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; y un tercer proceso por las fallas en el protocolo de búsqueda y rescate de víctimas, por las 57 horas que demandó la búsqueda de Lucas Menghini Rey, que apareció dentro de uno de los vagones del Tren Sarmiento.
La primera investigación cayó en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal federal Federico Delgado. En abril de ese año arranco la tanda de indagatorias a las personas imputadas, entre las que estaban los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el maquinista y funcionarios estatales y de la empresa Trenes de Buenos Aires.
Ese proceso se extendió hasta principios de junio. A finales de ese mes, el fiscal pidió el procesamiento de todos los imputados por considerar que se cometieron los delitos de estrago culposo, peculado y asociación ilícita. A mediados de octubre, en tanto, Bonadío dictó los procesamientos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero sobreseyó al motorman.
La investigación de la tragedia de Once sentó varios precedentes en términos sociales, políticos pero también judiciales. En Comodoro Py entendieron que había que moverse rápido y por eso Bonadío habilitó la feria judicial de verano para que la marcha de la investigación no se detenga. En ese lapso, el 11 de enero de 2013 la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de los empresarios de TBA y de los funcionarios acusados pero agravó los cargos: incluyó la figura de estrago culposo y administración fraudulenta, en sintonía con lo que había planteado Delgado, y no exculpó a Córdoba.
Para ese entonces, el juez y el fiscal habían dado por terminada la instrucción, en un tiempo que no es habitual en la Justicia argentina. Las cuatro querellas estuvieron de acuerdo en lo actuado y en la valoración de pruebas, por lo que pidieron la elevación a juicio oral. Sin embargo, dos de las querellas hicieron una observación: no se había investigado la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ello motivó un segundo juicio por la tragedia, que se desarrolló tiempo después.
Las condenas
El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio por la tragedia de Once, a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°2.
La Justicia seguía firme en su voluntad de acelerar al máximo los tiempos, lo que motivó de entrada un apartamiento de la Cámara de Casación al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal, de otros expedientes. De ese modo, buscaron que se concentre únicamente en ese juicio y en el del atentado a la AMIA.
El proceso duró un año y nueve meses en los que declararon decenas de testigos, las querellas y las defensas. Fueron poco más de 100 audiencias que se llevaron a cabo los días lunes y martes de cada semana, con una importante difusión de los pasos procesales por parte del Centro de Información Judicial (CIJ). En el medio hubo algunos episodios llamativos como la detención de un perito por falso testimonio o la expulsión de las audiencias del abogado Gregorio Dalbón, representante de una de las querellas, por mala conducta.
El reclamo de los familiares
El 29 de diciembre de 2015 terminó y se conocieron las condenas. Le dieron nueve años a Claudio Cirigliano, dueño de TBA; ocho a Schiavi; seis a Jaime y tres años y medio al motorman. En su fallo, además, el Tribunal ordenó que se investigue la responsabilidad de De Vido. En total fueron 21 las personas condenadas.
Por decisión de la Cámara, esas condenas bajaron a siete años en el caso de Cirigliano y cinco años y medio en el caso de Schiavi.
“Justicia no vamos a tener nunca, porque mi sobrino Lucas y las víctimas no las vamos a volver a tener con nosotros. Pero en términos jurídicos pudimos lograr lo que pretendíamos. Además fue histórico porque éramos particulares contra el Estado y le ganamos”, dijo el abogado querellante.
Las otras dos causas
El juicio al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que era uno de los hombres fuertes del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se instruyó en el Juzgado de Bonadío.
Ese proceso arrancó el 27 de septiembre de 2017 y duró hasta el 10 de octubre de 2018, cuando los jueces del TOF N°4 lo condenaron a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Unos días antes del inicio del juicio contra De Vido, la jueza María Servini había iniciado el proceso de juzgamiento a efectivos de Bomberos por la demora de casi tres días en hallar el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Pero en abril de 2018 la jueza decidió, con el aval del fiscal Delgado, absolverlos por considerar que no hubo intención de no buscarlo al joven de 19 años que había aparecido en una cabina ubicada entre el tercer y cuarto vagón.
La decisión judicial motivó el enojo de los familiares de Menghini, que cuestionaron duramente al fiscal y este debió publicar un comunicado en el que aseguró que “para condenar había que probar que los bomberos no buscaron a propósito y ello no se acreditó. Si pedía una condena no cumplía mi función”.
Sobre lo expresado por el fiscal, María Luján Rey, madre de Lucas y actual diputada había dicho: “Es tremendo y tristísimo”
Fuente Perfil |Telam
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Desde este sábado, los menores de 14 años podrán ir presos
Desde este sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que crea el nuevo il.La normareemplaza a la Ley 22.278, que regulaba el tratamiento penal de los menores desde 1980, y que había sido modificada en 1983 para fijar en 16 años la edad mínima de punibilidad.
El cambio central de la reforma es, precisamente, esa edad: la imputabilidad se redujo de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo a través del Decreto 138/2026, el pasado 9 de marzo.Ahora, 180 días después, se cumple el plazo establecido para la entrada en vigencia
En efecto, a partir de este sábado, comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Desde ahora, los adolescentes que tengan 14 años cumplidos al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen especialmente diseñado para personas menores de 18 años.
La medida forma parte de la ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito vayan presos. Por el contrario, prevé distintas medidas y reserva la privación de la libertad para determinadas situaciones.
En algunas provincias, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que implican una restricción de la libertad.
El segundo escalón estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas. Allí, los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, pero sin las características propias de una cárcel. El objetivo es que el alojamiento se realice con acompañamiento y bajo el cuidado de personal civil.
El tercer nivel estará destinado a los casos más graves. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca que un adolescente acusado de un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro involucrado en un hecho violento o de extrema gravedad.
La nueva normativa alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18, cuando sean imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que las sanciones deben aplicarse teniendo en cuenta las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito.
Entre las posibles respuestas aparecen las amonestaciones, la reparación del daño, las tareas comunitarias, las prohibiciones de contacto o acercamiento y otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando no resulte necesario. Cuando la Justicia considere que corresponde privar de la libertad al adolescente, deberá determinar cuál de los tres niveles resulta adecuado.
Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas. La ley crea un régimen diferenciado y obliga a que las medidas privativas de la libertad se cumplan en establecimientos especializados. También establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión y excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a personas adolescentes.
El desafío estará en adaptar lo existente al nuevo escenario y, sobre todo, en garantizar que cada adolescente sea alojado de acuerdo con la gravedad del caso y bajo las condiciones que establece la legislación. La propia ley nacional invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.
La ley reemplaza al régimen vigente desde la dictadura y crea un esquema de penas alternativas para adolescentes de 14 y 15 años.
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Vaca Muerta abre un nuevo negocio exportador
El país ya exporta alrededor de 1,6 millones de toneladas anuales de GLP, propano y butano. Según un análisis del Instituto de Energía de la Universidad Austral, con los proyectos de expansión de Mega, TGS y los desarrollos asociados al GNL en Río Negro, la producción podría alcanzar hasta 4,8 millones de toneladas en 2030 y superar los 5 millones hacia 2035. El potencial exportador y los mercados de destino serán analizados el 10 de septiembre en el Seminario Internacional de GLP de la Universidad Austral.
Argentina comienza a abrir un nuevo capítulo exportador a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Después del petróleo y el gas natural, los líquidos del gas natural -principalmente propano y butano- aparecen como una oportunidad para ampliar la canasta energética del país y generar nuevas divisas.
Según el informe Mercado de GLP/NGL en Argentina: estado de situación actual, principales proyectos y proyección 2028-2030-2035, elaborado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral sobre la base de estimaciones sectoriales, Argentina produjo alrededor de 3 millones de toneladas anuales de GLP/NGL comercial en 2025 y exportó aproximadamente 1,63 millones de toneladas, sumando GLP, propano licuado y butano licuado.
El cambio de escala podría ser significativo. La producción argentina podría en un escenario base ubicarse entre 4,4 y 4,8 millones de toneladas en 2030. Hacia 2035, se proyecta entre 5,5 y 6,5 millones de toneladas anuales, mientras que un escenario de mayor ejecución y coordinación de los proyectos permitiría acercarse a 8-9 millones de toneladas.
En términos de exportaciones, el informe estima que Argentina podría pasar de las actuales 1,6 millones de toneladas a un potencial de 3,0-3,4 millones de toneladas hacia 2030, sin considerar el proyecto asociado al GNL de Río Negro, y superar los 5 millones de toneladas hacia 2035. Ese salto permitiría alcanzar más de US$2.000 millones anuales a partir de 2030, de acuerdo con la proyección del informe.
Tres proyectos que pueden cambiar la escala
Uno de los primeros motores de crecimiento será Compañía Mega, cuya ampliación prevé llevar la capacidad de procesamiento de 4.800 a 7.200 toneladas diarias, un incremento cercano al 50%. La primera etapa demandaría entre US$250 y US$260 millones, dentro de un programa integral estimado en unos US$650 millones.
El segundo gran proyecto es el desarrollo de líquidos de TGS, vinculado al eje Tratayén-General Cerri-Bahía Blanca. La iniciativa contempla una inversión superior a US$3.000 millones y una capacidad estimada de 2,7-2,8 millones de toneladas anuales de líquidos C3+. Si el propano y el butano representan el 85% de ese volumen, el proyecto podría aportar alrededor de 2,4 millones de toneladas anuales de GLP comercial cuando opere a plena capacidad
A estos proyectos se suma una tercera posibilidad vinculada con los desarrollos de GNL en Río Negro. El tratamiento del gas destinado a la licuefacción podría generar un nuevo polo exportador de propano, butano y gasolina natural en el Golfo San Matías, complementario con el complejo de Bahía Blanca.
De los mercados regionales a Asia
Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú aparecen como los mercados naturales para el GLP argentino. Brasil se presenta como el principal comprador regional por escala, cercanía y déficit estructural, mientras que Chile mantiene una lógica de complementariedad por proximidad geográfica y logística.
Pero el cambio de escala podría llevar a Argentina a competir también en mercados asiáticos. India, China, Japón y Corea del Sur son grandes importadores de GLP y propano. En particular, India comenzó a emerger como destino estratégico para cargas argentinas de GLP entre 2025 y 2026, aunque el desafío será transformar operaciones puntuales en una relación comercial de mayor escala.
El desafío: infraestructura
El informe señala que el principal límite para ampliar las exportaciones no está en la disponibilidad del recurso, sino en la infraestructura. La expansión requerirá capacidad de separación en origen, nuevos poliductos, instalaciones de fraccionamiento, almacenamiento, infraestructura portuaria y coordinación entre los distintos proyectos.
En este escenario, Bahía Blanca, Cerri y Puerto Galván adquieren un papel estratégico para la salida de los líquidos de Vaca Muerta. El desafío será acompañar el crecimiento de la producción con infraestructura suficiente para garantizar competitividad, regularidad del suministro y acceso a los mercados internacionales.
El potencial del GLP argentino, en debate con referentes de la industria y compradores internacionales
Este nuevo escenario será uno de los ejes del Seminario Internacional de GLP: “De Argentina hacia el mundo”, organizado por el Instituto de Energía de la Universidad Austral, que se realizará el 10 de septiembre, de 8:15 a 18:00, en la Sede Buenos Aires de la Universidad Austral, Cerrito 1250, CABA. El encuentro será presencial para participantes de Argentina y Latinoamérica, con modalidad online exclusivamente para participantes ubicados en Asia.
La jornada reunirá a autoridades, productores, comercializadores, traders y especialistas internacionales para analizar el potencial de Vaca Muerta, la expansión de la oferta argentina de GLP, la infraestructura necesaria y las oportunidades de exportación hacia América Latina y Asia.
Entre los expositores se encuentran Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación; Oscar Sardi, CEO de TGS; Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega; Pedro Locreille, director de Midstream Gas & GLP de YPF; Julio Faldin, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Argus; y Craig Whitley, CEO de World Energy Consultants, de Estados Unidos. También participarán representantes de Brasil, Chile, Colombia, Perú, India y Japón.
El programa incluye un bloque dedicado a los productores y los planes de expansión de los líquidos de Vaca Muerta, otro sobre los mercados de Brasil, Chile, Colombia y Perú, y un bloque específico sobre la oportunidad de India y Japón.
El seminario buscará así poner en contacto la creciente oferta argentina con los principales mercados de demanda y discutir qué infraestructura, logística, condiciones comerciales y coordinación serán necesarias para que el GLP argentino pueda pasar de una escala regional a una estrategia de inserción global.
La oportunidad está abierta: Vaca Muerta puede aportar el recurso, pero la infraestructura y la capacidad de desarrollar mercados internacionales serán determinantes para transformar ese potencial en exportaciones y divisas.
MAS INFORMACIÓN > https://www.austral.edu.ar/international-lpg-seminar/
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Ingleses ya se pintan la cara
El vocero del primer ministro Andy Burham afirmó que el apoyo del Reino Unido a las Islas es “inquebrantable” y desde Downing Street hicieron una fuerte advertencia.
“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, afirmó un portavoz de Downing Street citado por la agencia BBC este viernes.
Burnham «apoya plenamente los deseos de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar», dijo el portavoz.
Desde la BBC mencionaron que hubo una declaración conjunta de las dos empresas apuntadas por Javier Milei en su cadena nacional. Dijeron que tenían las licencias válidas otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas, «y con el pleno apoyo del gobierno del Reino Unido«.
El proyecto debe entregar su primer petróleo en 2028, Rockhopper y Navitas dijeron que el calendario de las asociaciones no se vería afectado.
El campo petrolífero Sea Lion, a unas 130 millas de las islas, contiene un estimado de 1.7 mil millones de barriles de petróleo, descrito por Rockhopper como un campo que contiene «crudo altamente comercializable».
El jueves, el presidente Donald Trump insinuó que Estados Unidos no ayudaría al Reino Unido en ningún conflicto futuro con las Malvinas porque Gran Bretaña «no había estado allí para ayudarme» durante su guerra con Irán
