País
La ola de Ómicron comienza a sentirse en las salas de terapia intensiva
17 de enero de 2022
Mientras avanza la tercera ola protagonizada por la variante Omicron, las salas de terapia intensiva vuelven a registrar actividad por encima de lo normal. La semana pasada se llegó a 139 muertes, el máximo desde septiembre.
El sábado había 1.965 personas en terapia intensiva en todo el país. El ingreso de pacientes aumentó 22% en un mes. De ese ingreso, un 50 tiene algún déficit de vacunación, y el 80% tiene comorbilidades. Argentina registra 895.744 casos activos en el promedio de los últimos 15 días y un promedio quincenal de ocupación en UTI de 2036 camas.
«De los pacientes con Covid que ingresan, dos tercios requieren respirador. Una proporción menor que en las olas previas, pero es alto”, confió al diario Clarín Rosa Reina, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Reina explica que “hay que esperar” para tener la tasa de mortalidad exacta de la tercera ola, porque las muertes aparecen a los 25 días de los síntomas y aún no pasó ese tiempo desde la subida exponencial de casos, ya hay indicadores.
Los números son claros: el sábado había 1.965 personas en terapia intensiva, un aumentado de 22% en un mes. De los ingresados, un 50% tiene algún déficit de vacunación y el 80% tiene comorbilidades. Dicho crudamente: es más probable que muera una persona que no se vacunó o tiene sólo una dosis o, en menor medida, las dos, comparado con quien recibió tres dosis. Entre los no vacunados, mueren más quienes tienen comorbilidades.
A la vez, es más probable que, con dos dosis, tenga más riesgo quien sea mayor de 60 años y tenga diabetes, hipertensión u obesidad, alguna enfermedad respiratoria crónica o sea inmunosuprimido. Los hombres siguen mostrando mayores complicaciones que las mujeres.
Según los últimos datos de la SATI, del total de pacientes internados por cuadros graves el 50% tenía la vacunación incompleta o no iniciada. Del grupo de los no vacunados o con esquema incompleto, el 62% necesitó asistencia respiratoria, mientras que entre el grupo de vacunados completamente, el requerimiento de asistencia respiratoria bajó de manera neta, a 28%. En el pico de la segunda ola, casi el 90% necesitó oxígeno.
La edad, así como la falta de vacunación, volvió a tomar fuerza como factor de riesgo. A nivel país, más del 80% de los fallecidos son mayores de 60 años. “El porcentaje de fallecidos con más de 60 sobre el total volvió a los valores históricos, 82,9%. En la segunda ola cayó la edad, porque se estaba vacunando mientras ocurría. Ahora se vuelve al patrón original con los fallecidos”, dice Mauro Infantino, ingeniero en sistemas y desarrollador del sitio www.covidstats.com.ar.
La ocupación de camas UTI en el país era de 42,6% y del 42,5% en el AMBA, donde mayor presión hubo en las olas anteriores. Algunos confían demasiado en la presunta benignidad de Omicron. Entonces, ¿por qué siguen registrándose muertes? La respuesta es obvia: la enorme cantidad de casos que se registra produce muertes, aunque el porcentaje sea muy bajo. “Más casos, más chances de que ese porcentaje encuentre personas con comorbilidades o no vacunados o parcialmente vacunadas”, dice Reina. Además, el 24%, se detectan en el hisopado de rutina al ingresar a UTI por otras patologías. Es decir, llegan a un estado crítico sin haber sido diagnosticados por Covid, lo que retrasa obviamente el inicio del tratamiento específico.
El perfil de los internados tiene un promedio de 57 años y el 80% de los casos graves tiene comorbilidades. “La comorbilidad tiene un peso importante en el pronóstico. A nosotros se nos murieron personas mayores diabéticas y con EPOC que estaban hacía 15 días internadas por Covid. La mortalidad va a crecer a partir de ahora por la cantidad de casos. Un paciente que murió había recibido la segunda dosis hacía siete meses, deberían haberle dado la tercera”, reseña Carina Balasini, titular de la regional ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de la SATI.
La tasa de mortalidad en la provincia de Buenos Aires es del 2,1%, y del 1,8% en la Capital Federal. Desde ambas jurisdicciones admitieron no tener los datos pormenorizados de las personas fallecidas. Faltan precisiones según edad, estado de vacunación o comorbilidades.
Pero el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio hace una semana un dato clave: “El 65% de los internados en terapia intensiva no están vacunados”. Su par bonaerense, Nicolás Kreplak, estimó que “4 de cada 5 muertes por coronavirus son en no vacunados”. Pero conviene subrayar que estas afirmaciones no vienen acompañadas por estadísticas, de manera que deben tomarse con pinzas.
Ante la falta también de datos nacionales sobre el perfil de fallecidos e internados en esta tercera ola, otras jurisdicciones aportan estadísticas útiles. En Córdoba, el 52% de los pacientes internados no inició el esquema de vacunación. Además, un 8% cuenta con una sola dosis y un 16% no recibió la tercera, pese a que ya estaba en condiciones. Tienen más de 65 años y comorbilidades. No se reportan más jóvenes u obesos, como ocurrió en junio y julio.
Otro dato que resalta es que la internación pediátrica en cuidados intensivos antes era casi nula y hoy representa el 10%. Entre este grupo se registró un 75% con vacunación incompleta o no iniciada. Y el 72% requirió ventilación mecánica, mientras que en el grupo de vacunados, el 38% necesitó respirador. En promedio, los internados tienen entre 4 y 5 años.
Cuando se pregunta si estos chicos se infectaron con Delta u Omicron, no hay respuestas claras. «No sabemos nada de la secuenciación genómica para conocer la variante”, advierte Reina. Es que este estudio solo lo puede hacer el Instituto Malbrán. Los hospitales y jurisdicciones subnacionales solo pueden informar la cantidad de casos positivos al PCR, que no indica la variante. Solo la provincia de Córdoba señala la proporción de cada variante, ya que cuenta con los equipos para hacer la secuenciación, pero no tiene el grado de certeza del Malbrán.
Para Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi, el crecimiento en general de las muertes era esperable con “un desborde de casos así”, porque las vacunas no protegen al 100%. “Pero la gran mayoría de quienes mueren acá son muy añosos y tienen comorbilidades. Eso pasó en todo el mundo. La vacunación justamente hizo que este nivel de casos no se convierta en una catástrofe sanitaria”, concluye el médico.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
