País
TENSIÓN CON CHILE
28 de agosto de 2021
Se disparó la tensión diplomática con Chile por la plataforma continental.
El presidente Sebastián Piñera emitió dos decretos en los que delimita la plataforma continental de su país y se superpone con espacios marítimos argentinos que fueron reconocidos por Naciones Unidas. La medida de Piñera fue publicada en el Boletín Oficial trasandino este viernes. Establece los nuevos límites del mar territorial chileno en 200 millas circundantes a las islas Diego Ramírez, que están al sur del Cabo de Hornos. De esta manera, hay una parte que se superpone con el Mar Argentino.
La respuesta llegó este sábado por parte de la Cancillería que conduce Felipe Solá. Mediante un comunicado, el gobierno acusó a Chile de “pretender apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos”.
“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, señala el escrito.
“Consecuentemente, la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo, en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”, indica la nota difundida este sábado.
Desde 2020, el gobierno de Piñera venía cuestionando las pretensiones soberanas de Argentina con su plataforma continental extendida y sancionada por ley. El 23 de mayo del año pasado, Chile envió una nota diplomática hacia el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, donde explicitó que el país “no reconoce el deslinde del trazado en la zona del Mar Austral debido a que se trata de una declaración unilateral (no oponible) por parte de Argentina, por lo que Chile se reserva el derecho para determinar su posición en ese sector”.
La nueva delimitación que publicó Piñera incluye áreas marítimas que ya habían sido oficializadas como propias por parte de Argentina ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2009.
“Esta medida pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16′ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984”, expuso el comunicado de la Cancillería.
De acuerdo con los términos del Estado argentino, el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley nacional 27.557, sancionada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad.
“Dicha ley no hace sino recoger en una norma interna la presentación oportunamente efectuada por el gobierno argentino sobre dicha zona ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC). Esa presentación se ajusta en todo al Tratado de Paz y Amistad y fue aprobado sin cuestionamientos por dicha Comisión con los efectos de establecer un límite marítimo definitivo y obligatorio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Ni la presentación ni la decisión de la Comisión fueron objetadas por Chile”, señala el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El acuerdo al que se refiere el texto de la cartera que conduce Solá es el que se hizo por el conflicto del canal del Beagle. El tratado contó en ese momento con la intermediación del papa Juan Pablo II. En la Argentina fue respaldado por un amplio plebiscito popular.
La Comisión de Límites de Plataforma Continental es un órgano creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y está integrado por 21 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa. Se encarga de revisar los datos presentados por los Estados sobre la determinación de los límites exteriores de la plataforma limítrofe.
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La visita del papa León XIV duraría tres días en Argentina
La posibilidad de que el papa León XIV visite Argentina este 2026 cobró fuerza luego del anuncio de su próximo viaje a Perú en noviembre. Su gira por América Latina duraría unas dos semanas. En el país se estima que estaría unos tres días. Aún se espera la confirmación oficial del Vaticano.
La gira internacional más reciente del Sumo Pontífice fue en España.https://00132f48ddc138d43e8b4d71694bbd38.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html
El viaje de León XIV se extendería por diez días en Perú, tres en la Argentina y uno y medio en Uruguay. “Aunque falta la confirmación oficial, es lo que se rumorea en el Vaticano y a mí me lo han dicho de varios lados”, contó el obispo castrense Santiago Olivera, citado por La Nación. Este miércoles saludó al Sumo Pontífice al final de la audiencia general.
“Fue breve el saludo porque estaba con las fuerzas de paz, le dije que lo esperamos y me dijo ‘veremos’ con una sonrisa casi cómplice”, afirmó Olivera al medio de Buenos Aires. “Aún falta el anuncio, falta lo técnico, aunque aquí lo dicen con bastante fuerza, con mucha probabilidad”, agregó.
La eventual llegada de León XIV sería la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas. El último pontífice en recorrer el país fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con multitudinarias celebraciones en Buenos Aires.
Ante la posibilidad de una misa masiva, la dirigencia de River Plate ofreció el estadio Monumental como sede para un encuentro con miles de fieles.
“Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”, expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.
Por su parte, el propio Javier Milei dijo que era «altamente probable» que León XVI venga a Argentina.
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Rescatan material histórico del Libertador general José de San Martín
En un procedimiento ligado al tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron una gran cantidad de importantes documentos históricos relacionados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial argentino, destacándose entre ellos cartas del general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid; entre otros. Los mismos evidenciaban por su tipografía, sellos y datación, estar en infracción a la ley N°15.930 referente al Archivo General de la Nación
Carta del general San Martín a un compañero de armas
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La investigación se inició a partir de diversas tareas de prevención que habitualmente realiza personal del Departamento Protección del Patrimonio Cultural de esta Institución, monitoreando y corroborando múltiples páginas de subastas y compraventa online. De esta manera pudo determinarse que, a través de un sitio web de dominio público, se ofrecía a la venta un lote compuesto de más de doscientos documentos históricos entre recortes periodísticos, libros y fotografías, así como otros elementos, vinculados a distintas instituciones y organismos del Estado nacional y provincial.
Las piezas eran ofertadas por un monto inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la ciudad de Buenos Aires.
Con el material probatorio reunido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo, secretaría N°7 a cargo de Diego Fernando Arce, dispuso una orden de presentación con allanamiento en subsidio a dicho lugar y posterior traslado de los documentos a la dependencia policial en calidad de depósito judicial, a exclusiva disposición de la judicatura actuante, debiendo practicarse a la brevedad las pericias pertinentes. Todo lo secuestrado quedó a disposición del magistrado interventor.
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Sube la tasa aeroportuaria de seguridad para vuelos de cabotaje
El Gobierno aumentó más de un 560% la Tasa de Seguridad de la Aviación para los vuelos de cabotaje por lo que aumentará el costo de los pasajes para viajar por el país a partir de esta semana.
El ajuste en la mencionada tasa aeroportuaria fue instrumentado por el Ministerio de Seguridad Nacional, mediante la Resolución 565/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La última suba había sido a principios de 2023.
La medida busca adecuar los recursos destinados al servicio de seguridad en los aeropuertos que presta la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), frente a la suba de los costos operativos necesarios para garantizar la protección de la aviación civil.
Al respecto, el Ejecutivo explicó en el texto oficial que es “necesario actualizar el valor de la citada Tasa, atento al incremento significativo de los costos operativos necesarios para la prestación del servicio público de seguridad de la aviación civil, con el fin de preservar una razonable correspondencia entre el costo del servicio público efectivamente prestado y el tributo que lo financia, manteniendo así los principios de equilibrio y proporcionalidad”.
El tributo es abonado por los pasajeros que embarcan en vuelos de transporte regular desde aeropuertos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). La actualización entrará en vigencia a los tres días de su publicación oficial, es decir a partir del sábado 27 de junio, y será aplicable para aquellos pasajes emitidos con posterioridad a esa fecha.
Los valores según el tipo de vuelo
Vuelos de cabotaje: se fijó un valor de $1.725 por cada pasajero doméstico. Previamente el costo era de $260, lo que implica un incremento de 563,46%.
Vuelos regionales: el costo seguirá siendo de US$1,40. Bajo esta categoría se consideran los vuelos hacia terceros países de la región cuya distancia recorrida sea igual o inferior a 1.000 kilómetros.
Vuelos internacionales: la tasa también se mantendrá en US$1,40. En este caso, aplica para vuelos a terceros países con una distancia superior a los 1.000 kilómetros.
Entre las funciones de la PSA se encuentran la vigilancia y control de instalaciones, aeronaves, tripulaciones, equipajes y carga, así como la respuesta inmediata ante situaciones de crisis o actos de interferencia ilícita.
La Ley 27.701 faculta a la cartera de Seguridad a fijar el monto de esta tasa, con el límite de que su valor no supere el 0,25% del sueldo básico de un oficial principal del escalafón general de la PSA.
