El día después de la histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, el Gobierno ya trabaja en el operativo de seguridad para el retorno al país del plantel que se medirá este domingo contra España. 

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, está a cargo de la tarea y la desarrolla en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bajo la supervisión del jefe de Gabinete, Diego Santilli.Noticias Relacionadas

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reveló ante el portal MDZ Online que la Ciudad "está preparada" para recibir a la Selección que aspira a conquistar el bicampeona. "Nos encantaría recibirlos, depende más de ellos que de nosotros y para mí amerita un festejo más allá del resultado del domingo", planteó además. 

Fuentes de la administración porteña revelaron que el presidente Javier Milei aún no oficializó el ofrecimiento de la Casa Rosada para los eventuales festejos, en caso de que los jugadores accedan, sin la presencia de funcionarios y empleados. "No tengo nada que hacer en esa foto", expresó el mandatario. 

Asimismo, descuenta que el mega evento desbordará los operativos en los que trabajan junto a la Nación y se encuentran expectantes para empezar a trazar los planes. "Estamos esperando las alternativas de lugares y ahí veremos que hacemos", subrayaron.

Según contó el propio Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó a Casa Militar a que diseñe el protocolo de seguridad que aplicará en Balcarce 50 en caso de que los campeones del mundo en 2022 accedan a los festejos en el Palacio de Gobierno. 

En varios despachos de Balcarce 50 el clima mundialista se vive con intensidad, y como el libertario, quien reveló respetar las cábalas, hay quienes evitan hablar del tema antes del domingo. 

"Es muy mufa planificar demasiado. Los jugadores sé que no quieren hablar de nada hasta el domingo y está muy bien", plantearon desde una de las oficinas. 

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) plantearon que "aun no se hará nada", y si bien admiten contactos incipientes con el Poder Ejecutivo, evitan dar detalles del tema. (NA)

La pelea entre los intendentes y el Gobierno en torno al cobro de tasas municipales en las facturas de luz y gas tuvo un nuevo capítulo y quedó más cerca de una resolución final. Es que la Procuración General de la Nación respaldó la decisión del Gobierno de prohibir que las comunas cobren tasas locales a través de las facturas de servicios públicos.

En dos dictámenes firmados en los últimos días, el organismo a cargo de Eduardo Casal concluyó que la medida no vulnera la autonomía municipal y que las comunas conservan la facultad de recaudar esos tributos mediante otros mecanismos. Y en ese sentido recomendó a la Corte Suprema rechazar los planteos judiciales impulsados por las municipalidades de Río Grande y José C. Paz.

Los expedientes analizan la validez de la Resolución 267/2024 de la entonces Secretaría de Industria y Comercio, que estableció que las facturas emitidas por proveedores de bienes y servicios "deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor" y que no podrán contener "sumas o conceptos ajenos" a esa prestación.

La discusión se originó a mediados de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso eliminar de las boletas de luz, gas, agua y otros servicios el cobro de tasas e impuestos municipales que numerosas comunas percibían junto con la factura. Pese a la decisión que impulsó Luis Caputo, varios municipios fueron a la Justicia y obtuvieron fallos a favor. De hecho, la Justicia Federal de San Nicolás declaró la inconstitucionalidad de la resolución.

En este contexto, La Libertad Avanza salió a impulsar más de 100 proyectos en concejos deliberantes para reducir o eliminar tasas en la provincia. Esta medida, le valió una crítica del gobernador Axel Kicillof, quien aseguró que el impacto de las tasas municipales es mínimo medido en términos del PBI.

En el caso de Río Grande, la Procuración sostuvo que la resolución fue dictada por la autoridad competente en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y que su finalidad fue proteger los derechos de los usuarios previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Según el dictamen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba habilitada para establecer reglas generales sobre la facturación de los servicios públicos en el marco de las relaciones de consumo. El dictamen también descartó que exista una afectación de la autonomía municipal.

En el expediente iniciado por la Municipalidad de José C. Paz, el procurador agregó otro fundamento vinculado con el régimen eléctrico nacional. Señaló que el servicio de distribución prestado por Edenor se encuentra sometido a regulación federal y recordó que la Ley 24.065, modificada por el Decreto 450/2025, establece que las facturas "no podrán incluir tributos de orden local o cargos ajenos a los bienes y servicios facturados".

Aunque los dictámenes no son vinculantes, suelen funcionar como una suerte de "recomendación" hacia la Corte Suprema. Si el máximo tribunal adopta el criterio propuesto por la Procuración, quedaría convalidada la potestad del Gobierno nacional. DIB

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,2% en junio de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.531.473 para no ser pobre, según el INDEC.

Este indicador acumuló un alza del 17% en el primer semestre de 2026 y del 35,7% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por encima del índice de inflación general de junio, que cerró en 1,9%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 1,3% en junio, por debajo de la inflación y en línea con el avance del rubro alimentos.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $689.853 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros seis meses del año, la CBA aumentó un 17% y acumula un alza interanual de 36,3%.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en junio de 2026, según el INDEC

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en junio, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $495.622,30 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.219.230,86 en junio para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.531.472,91.

Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.610.772,48.
Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en junio

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en junio fueron:

Una persona requirió $223.253,29.

Una familia de tres integrantes necesitó $549.203,09.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $689.852,67.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $725.573,19. (TN)