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PREOCUPA PRESIÓN FISCAL EN MEDIO DE LAS RESTRICCIONES
25 de junio de 2021
A principios de marzo del año pasado, los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, sumados a la altísima y rápida contagiosidad que presenta el virus, obligaron al gobierno nacional a tomar drásticas medidas de aislamiento, con prohibiciones de circulación y de trabajo para enorme cantidad de actividades.
Aquella medida tan impactante, que debió tomarse por cuestiones estrictamente sanitarias, y que evitó, seguramente, el desastre humanitario que hemos visto en diferentes países, donde la cantidad de enfermos y de muertes desbordó los más sólidos sistema de salud, generó un daño económico sin precedentes: dejó sin ingresos, en cuestión de horas, a muchísimas empresas de distintos sectores de la economía que no fueron considerados “esenciales”, y también afectó gravemente a muchas otras que, aún siendo “esenciales”, han visto desplomarse sus ventas por la contracción generalizada del nivel de actividad.
Sin ingresos, resulta imposible afrontar los gastos. Para evitar la aplicación masiva de un instituto receptado por la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU 329/2020 del 31 de marzo del año pasado prohibió los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta y disminución de trabajo o fuerza mayor, con el objetivo de preservar los puestos laborales en aras de mantener la paz social. Dicho decreto, que tenía una extensión de 60 días, se ha ido prorrogando hasta el presente.
En ese contexto, la mayoría de las empresas estaban fuertemente golpeadas por las medidas de aislamiento y se encuentran imposibilitadas de suspender o despedir personal. Bajo el eslogan de “Estado Presente”, algunos sectores han recibido, como una medida de auxilio insuficiente y por pocos meses, algún programa como el ATP o el REPRO II, que han otorgado un monto de cerca de la quinta parte del sueldo de cada empleado, pudiendo ser apenas superior en algunas actividades, pero siempre inferiores a la mitad del sueldo.
Transcurridos quince meses de restricciones de mayor o menor gravedad, se mantiene la prohibición de despedir o suspender personal por falta o disminución de trabajo debido a fuerza mayor, como una pandemia de proporciones inéditas en la historia reciente, con el loable fin de mantener los puestos laborales, pero ¿quién sostiene a esas fuentes de trabajo? ¿Es el “Estado Presente”? ¿O son las empresas las que las sostienen, que en cumplimiento de dicha prohibición y teniendo en miras el fin social del trabajo, conservan la nómina de empleados, aún acumulando deudas comerciales, impositivas y previsionales? Porque, es necesario decirlo para que nadie se engañe, los programas como el ATP y el REPRO II no resuelven el problema, quienes cumplen con el pago de sueldos son las empresas, no el Estado, y lo hacen no solo resignando el beneficio que toda actividad económica busca y que hace mucho ya no tiene, sino acrecentando sus deudas. Ya lo recordaron los hoteleros la semana pasada: resulta imposible afrontar todos los pagos, las empresas privilegian los salarios y se endeudan con el resto. No se trata de rebeldía, se trata de imposibilidad por falta de trabajo.
Basta con recorrer esta ciudad, o cualquier otra, para espantarse con la cantidad de persianas bajas, con locales de escasos clientes, con actividades de funcionamiento intermitente e imprevisto (gimnasios, natatorios, cines, teatros, escuelas, transportes escolares…) y otras directamente sin funcionamiento (hoteles, agencias de viaje, salas de juego, salones de fiesta, recitales, entre otras). En 2020 el PBI ha caído un 9,9%. En el peor año de nuestra historia económica, el 2002, la caída fue del 10,9%. Nótese con este sencillo indicador la magnitud del problema.
Y en medio de este terrible panorama, la AFIP ha decidido ejercer presión sobre los contribuyentes. El traspié de hace apenas unos días, con la pretensión de cobro retroactivo a monotributistas que pagaron en tiempo y forma lo que correspondía, es un claro ejemplo: la indignación generalizada fue tan grande que el propio Presidente de la Nación tuvo que ocuparse con urgencia del tema para dar un paso atrás.
Pero esa es solo una muestra de la falta de contacto con la realidad y de la ausencia de empatía con sectores tan golpeados por la pandemia y por las medidas de restricciones que el propio gobierno adoptó. Pues por estos días la AFIP comenzó a intimar a diferentes empresas para que en pocas horas cancelen sus deudas impositivas bajo amenaza de juicios y embargos en sus cuentas bancarias. Es importante aclarar que las deudas que se pretenden ejecutar son autodeclaradas, es decir, las propias empresas informaron los montos que deben pagar, los que no han pagado por imposibilidad, por darle prioridad al pago de salarios. ¿Será que se pretende, desde el Fisco, que se dejen de pagar sueldos para pagar impuestos? ¿Será que el objetivo que se proclama de mantener la paz social es solo una declaración? ¿O de qué otra forma pueden las empresas pagar sus deudas? ¿Ejecutando a su vez a sus clientes deudores, para que así el efecto dominó termine por cerrar las empresas que hasta ahora han sobrevivido al desastre económico? ¿No querrá el Estado quedarse con las empresas? Menudo problema tendrían para gestionarlas…
La preocupación entre empresarios es creciente. Sería bueno que los políticos tomen nota del error, que reflexionen y reviertan la postura, para que esa preocupación no se traslade a los empleados, y pueda mantenerse así la tan declamada paz social.
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Milei a los gobernadores: ‘Si no se alinean no se podrán hacer reformas’
El presidente Javier Milei arribó este martes al mediodía en helicóptero a la ciudad de San Nicolás para participar de Expoagro 2024. Además de hablarle al campo, mantener reuniones con productores y brindar un breve discurso en el que se refirió a asuntos puntuales de la economía, como la inflación y el cepo cambiario, también le envió un mensaje a los gobernadores.
Ante la consulta de la prensa sobre si el alivio fiscal a las provincias está sujeto a la aprobación de la ley ómnibus y el llamado Pacto del 25 de Mayo, el mandatario sentenció: "Obviamente dijimos que (el alivio fiscal) es parte de un programa integral, si (los gobernadores) no se logran alinear a ese programa integral no se podrán hacer ese tipo reformas". Así lo afirmó al momento de salir del centro de exposición en el autódromo de San Nicolás.
El presidente volverá a insistir en el Congreso de la Nación con el proyecto de la ley ómnibus, que se vio obligado a devolver a comisión a principios de febrero. A esta se le sumará un paquete fiscal. Para el viernes fueron convocados los gobernadores a la Casa Rosada.
En el primer día de Expoagro estuvieron Martin Llaryora, gobernador de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El mandatario provincial volvió a reclamarle a Nación el pago de una deuda de 600 mil millones de pesos. "Hay provincias como la de Santa Fe a la que el gobierno les debe. Nos debe 600 mil millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país", reclamó desde ExpoAgro antes de que hablara Milei.
En la misma línea, completó: "Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias. El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos".
Mientras tanto, desde Casa Rosada dieron comienzo al operativo del Pacto de Mayo, con la convocatoria a gobernadores y ministros de Economía de las provincias.
Pacto de Mayo
El presidente Javier Milei convocó el viernes pasado en su discurso de apertura de sesiones a gobernadores, ex presidentes y lideres de partidos políticos a "que depongan intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en Córdoba se firme "un nuevo contrato social".
El objetivo es "dejar atrás las antinomías del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita", anunció al hablar ante la Asamblea Legislativa que dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Los puntos de "Partida para la Libertad de los Argentinos”
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Sin paritaria docente
Las secretarías de Trabajo y Educación, dependientes del super ministerio de Capital Humano, y los cinco gremios docentes a nivel nacional no llegaron este martes a un acuerdo paritario por lo que la negociación salarial pasa a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 11:00 horas.
Es que, luego del paro docente de este lunes, los gremios docentes, tanto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) como aquellos nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), se reunieron con las autoridades gubernamentales para llegar a un acuerdo por el piso del salario de los docentes en todo el país.
En ese marco, este martes, el Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso, tras la escalada inflacionaria que lleva acumulada casi 50% de inflación entre enero y febrero, como piso mínimo del salario docente $310.000. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, y de Educación, Carlos Torrendell, desestimaron el pedido.
Por su parte, el Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, señaló que desde el sindicato ofrecieron “una propuesta concreta de un salario mínimo de $450.000, que está más de la mano de la realidad y con el impacto negativo de los salarios“.
“Lo que ofrece el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad de los salarios y el impacto que ha tenido la inflación. Asimismo, el docente ha perdido en su salario calidad porque ya no se hace el aporte para el Fondo Nacional de Incentivo Docente“, reiteró Romero.
A su vez, el sindicalista aseguró que “no vamos a hacer medidas de fuerza hasta el próximo martes” cuando tenga lugar el cuarto intermedio, pero indicó que “mientras nos sigan dilatando y no nos den una respuesta, evidentemente vamos a volver al plan de lucha”. “Vamos a negociar de buena fe“.
De esta manera, las organizaciones sindicales continuarán sus medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial, del pago del Fondo Compensador y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En respuesta, desde la Secretaría de Educación habrían confirmado los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.
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Comenzó a funcionar la mesa de trabajo conjunta de IOMA y Diputados
Se llevó a cabo en el directorio de IOMA la primera reunión de la mesa de trabajo conjunta conformada por diputadas y diputados de la provincia de Buenos Aires y autoridades del IOMA.
El presidente de IOMA Homero Giles, recibió a la comisión de la mesa de trabajo legislativa conformada por las diputadas Lucía Iañez (UxP) y María Laura Cano Kelly (PTS-FITU); y por los diputados Gastón Abonjo; (LLA); Guillermo Kane (PO-FITU), Fabián Luayza Troncozo (LxS) y Daniel Sbutioni (en representación del bloque AC-UCR-GEN). Además, estuvieron presentes por parte de la obra social, su vicepresidente, Mariano Cardelli, el jefe de Gabinete, Gustavo Martínez y la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk.
Tal como se comprometieron y acordaron autoridades de IOMA y los distintos bloques de diputados de la Legislatura bonaerense, en ocasión de la presentación por parte de Homero Giles del Informe de situación de la obra social, hoy se conformó y se llevó adelante la primera mesa de trabajo para abordar de manera conjunta las diversas situaciones prestacionales y económicas financieras por las que atraviesa el Instituto.
En esta primera reunión, Homero Giles, informó a las legisladoras y legisladores sobre cuáles han sido las acciones que se produjeron por parte de la obra social luego de la presentación en la legislatura en febrero. Al respecto, Giles también dio respuesta a las consultadas efectuadas por la comisión legislativa sobre la situación actual del plan Meppes, cobertura de medicamentos, prestaciones, situación de pago a prestadores y los nuevos valores de copago.
Giles explicó que “en los últimos años la obra social trabajó de manera constante y sostenida para reducir o absorber estos costos con coberturas al 100% en ciertas prestaciones y medicamentos, pero la coyuntura económica impuesta por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023 la obliga a actualizar los montos vigentes, para sostener los niveles de acceso y calidad de la atención de otras prestaciones”, detalló el presidente de IOMA.
Un dato que no se puede no analizar es que “mientras la inflación en 2023 sumó un total de 211%, para los rubros sanitarios fue considerablemente superior: en medicamentos fue de 312%; en productos medicinales alcanzó 286% y, para los profesionales de la salud, 159%” enfatizó Giles.
De la reunión surgió la conformación de una agenda temática para ser abordada en forma conjunta por los equipos técnicos tanto del IOMA como de parte de las y los diputados. Sobre este particular las legisladoras y legisladores se comprometieron a realizar un nuevo encuentro lo antes posible ya con un análisis profundo y propuestas concretas para ayudar a resolver los problemas que son de prioridad para brindar las prestaciones en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La comisión de trabajo y a propuesta de los bloques legislativos está integrada por los diputados y diputadas, Jorge Rodríguez Alberti, Lucía Iañez; Sofía Pompomio, Fabián Luayza Troncozo, Claudio Frangul; Gastón Abonjo, Jazmín Carrizo
