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PREOCUPA PRESIÓN FISCAL EN MEDIO DE LAS RESTRICCIONES
25 de junio de 2021
A principios de marzo del año pasado, los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, sumados a la altísima y rápida contagiosidad que presenta el virus, obligaron al gobierno nacional a tomar drásticas medidas de aislamiento, con prohibiciones de circulación y de trabajo para enorme cantidad de actividades.
Aquella medida tan impactante, que debió tomarse por cuestiones estrictamente sanitarias, y que evitó, seguramente, el desastre humanitario que hemos visto en diferentes países, donde la cantidad de enfermos y de muertes desbordó los más sólidos sistema de salud, generó un daño económico sin precedentes: dejó sin ingresos, en cuestión de horas, a muchísimas empresas de distintos sectores de la economía que no fueron considerados “esenciales”, y también afectó gravemente a muchas otras que, aún siendo “esenciales”, han visto desplomarse sus ventas por la contracción generalizada del nivel de actividad.
Sin ingresos, resulta imposible afrontar los gastos. Para evitar la aplicación masiva de un instituto receptado por la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU 329/2020 del 31 de marzo del año pasado prohibió los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta y disminución de trabajo o fuerza mayor, con el objetivo de preservar los puestos laborales en aras de mantener la paz social. Dicho decreto, que tenía una extensión de 60 días, se ha ido prorrogando hasta el presente.
En ese contexto, la mayoría de las empresas estaban fuertemente golpeadas por las medidas de aislamiento y se encuentran imposibilitadas de suspender o despedir personal. Bajo el eslogan de “Estado Presente”, algunos sectores han recibido, como una medida de auxilio insuficiente y por pocos meses, algún programa como el ATP o el REPRO II, que han otorgado un monto de cerca de la quinta parte del sueldo de cada empleado, pudiendo ser apenas superior en algunas actividades, pero siempre inferiores a la mitad del sueldo.
Transcurridos quince meses de restricciones de mayor o menor gravedad, se mantiene la prohibición de despedir o suspender personal por falta o disminución de trabajo debido a fuerza mayor, como una pandemia de proporciones inéditas en la historia reciente, con el loable fin de mantener los puestos laborales, pero ¿quién sostiene a esas fuentes de trabajo? ¿Es el “Estado Presente”? ¿O son las empresas las que las sostienen, que en cumplimiento de dicha prohibición y teniendo en miras el fin social del trabajo, conservan la nómina de empleados, aún acumulando deudas comerciales, impositivas y previsionales? Porque, es necesario decirlo para que nadie se engañe, los programas como el ATP y el REPRO II no resuelven el problema, quienes cumplen con el pago de sueldos son las empresas, no el Estado, y lo hacen no solo resignando el beneficio que toda actividad económica busca y que hace mucho ya no tiene, sino acrecentando sus deudas. Ya lo recordaron los hoteleros la semana pasada: resulta imposible afrontar todos los pagos, las empresas privilegian los salarios y se endeudan con el resto. No se trata de rebeldía, se trata de imposibilidad por falta de trabajo.
Basta con recorrer esta ciudad, o cualquier otra, para espantarse con la cantidad de persianas bajas, con locales de escasos clientes, con actividades de funcionamiento intermitente e imprevisto (gimnasios, natatorios, cines, teatros, escuelas, transportes escolares…) y otras directamente sin funcionamiento (hoteles, agencias de viaje, salas de juego, salones de fiesta, recitales, entre otras). En 2020 el PBI ha caído un 9,9%. En el peor año de nuestra historia económica, el 2002, la caída fue del 10,9%. Nótese con este sencillo indicador la magnitud del problema.
Y en medio de este terrible panorama, la AFIP ha decidido ejercer presión sobre los contribuyentes. El traspié de hace apenas unos días, con la pretensión de cobro retroactivo a monotributistas que pagaron en tiempo y forma lo que correspondía, es un claro ejemplo: la indignación generalizada fue tan grande que el propio Presidente de la Nación tuvo que ocuparse con urgencia del tema para dar un paso atrás.
Pero esa es solo una muestra de la falta de contacto con la realidad y de la ausencia de empatía con sectores tan golpeados por la pandemia y por las medidas de restricciones que el propio gobierno adoptó. Pues por estos días la AFIP comenzó a intimar a diferentes empresas para que en pocas horas cancelen sus deudas impositivas bajo amenaza de juicios y embargos en sus cuentas bancarias. Es importante aclarar que las deudas que se pretenden ejecutar son autodeclaradas, es decir, las propias empresas informaron los montos que deben pagar, los que no han pagado por imposibilidad, por darle prioridad al pago de salarios. ¿Será que se pretende, desde el Fisco, que se dejen de pagar sueldos para pagar impuestos? ¿Será que el objetivo que se proclama de mantener la paz social es solo una declaración? ¿O de qué otra forma pueden las empresas pagar sus deudas? ¿Ejecutando a su vez a sus clientes deudores, para que así el efecto dominó termine por cerrar las empresas que hasta ahora han sobrevivido al desastre económico? ¿No querrá el Estado quedarse con las empresas? Menudo problema tendrían para gestionarlas…
La preocupación entre empresarios es creciente. Sería bueno que los políticos tomen nota del error, que reflexionen y reviertan la postura, para que esa preocupación no se traslade a los empleados, y pueda mantenerse así la tan declamada paz social.
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Milei entregó el sable corvo de San Martín a los Granaderos
El presidente Javier Milei cumplió hoy su objetivo de protagonizar el retorno del sable corvo del general San Martín al regimiento de Granaderos a Caballo: en el Campo de la Gloria, donde se libró la Batalla de San Lorenzo, le entregó en mano la reliquia al jefe del Regimiento.
"El sable corvo del general San Martín no es un objeto histórico más, no es una pieza neutra de exhibición ni un simple vestigio del pasado: es probablemente el símbolo material más poderoso de la Nación Argentina. Es una reliquia sagrada, una prueba viviente del espíritu que encarna el gran proyecto argentino", destacó Milei, primer presidente en encabezar el acto luego de Fernando De La Rúa.
En su discurso, el presidente apuntó contra el kirchnerismo, a quien tildó de “Cipayos que desfinanciaron a las Fuerzas Armadas”, aunque el presupuesto para ellas cayó este año. Y calificó de “terrorismo contra el patrimonio nacional” los dos episodios de robo del sable por parte de la Juventud Peronista. Milei mencionó que fue durante un “gobierno democrático”, pero no mencionó el exilio forzado de Juan Perón y la prohibición del peronismo como expresión política tras el golpe de Estado de 1955, que aún estaba vigente.
Recordó que por orden de Cristina Kirchner fue trasladado al Museo Histórico Nacional en 2015. "No deberá sorprender que quienes habían robado el sable en los 60 fueron invitados a la inauguración de la sala donde sería exhibido", chicaneó el Presidente.
Y convirtió ese pasaje del discurso en una confrontación abierta con el kirchnerismo. "Este mismo sector pone el grito en el cielo por lo que en realidad es un acto de justicia histórica. Pero los argentinos no nos vamos a dejar manipular: esos nos llaman colonizados y vende patrias, pero hicieron todo lo posible para empobrecernos y perder el respeto del mundo. Nos dicen “cipayos”, pero desfinanciaron y desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas, dejándonos indefensos. Nos acusan de unitarios, pero exprimieron al interior productivo durante décadas para subsidiar al Gran Buenos Aires y a los clientes del Estado”, lanzó Milei.
Sobre el final del discurso, Milei remarcó que podrá ser visitado por el público. "Estará expuesto al público en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo, para que todos los argentinos puedan visitar y presenciar esta reliquia que porta parte de nuestra alma".
Milei llegó acompañado por su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa), y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Pero también estaba el gobernador de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, de la UCR, que fue el que invitó a Milei al acto.
Había expectativa por la presencia de Pullaro, porque fue blanco de críticas de Milei y sus funcionarios en las redes sociales. Le cuestionan la pérdida de valor de la deuda que tomó por 800 millones de dólares en el exterior.
Antes de que llegara Milei, desde una de las gradas en el "Campo de la Gloria", seguidores de la diputada nacional libertaria santafesina, Romina Diez, gritaron contra Pullaro. Desde la otra grada contestaron en defensa del radical.
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Milei encabeza acto de traslado del sable corvo de San Martín
El presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto en Santa Fe el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, oportunidad en la que hará entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, después de la polémica por el retiro de esa pieza del Museo Histórico Nacional.
La actividad oficial tendrá lugar a las 19 en la localidad de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro. El encuentro de Milei y Pullaro está previsto para las 18:45 en el Campo de la Gloria junto al intendente local, Leonardo Raimundo.
El Presidente llegará en avión a Rosario y se trasladará en helicóptero a San Lorenzo, para desde allí movilizarse en vehículo al Campo de la Gloria, donde además estará acompañado por funcionarios de la mesa chica como el ministro del Interior, Diego Santilli.
El acto
Durante la ceremonia, Milei formalizará la entrega del sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, que lo trasladarán a su cuartel en Palermo.
Viva la Radio Rosario
San Lorenzo, 213 años después: de la táctica en pinza a la polémica del sable
La Justicia Federal rechazó el jueves último una medida cautelar que habían presentado los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero para evitar el traslado del sable corvo.
La jueza Macarena Marra Giménez, a cargo del Juzgado Contencioso y Administrativo Federal Número 12, no dio por probada la postura que sostiene que la donación del sable corvo haya sido “con cargo”, es decir, como obligación accesoria impuesta al Estado, en este caso, relativa al lugar de guarda, el Museo Histórico Nacional.
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Nuevo esquema de equipajes para viajar en micros de larga distancia
Los viajes en micros de larga distancia en todo el territorio nacional ahora contarán con un nuevo esquema para el registro e identificación del equipaje, que permite a las empresas de transporte definir de manera autónoma los mecanismos documentales o tecnológicos destinados a vincular valijas y encomiendas con sus propietarios.
La medida fue oficializada el 13 de enero a través de la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y dejó sin efecto la normativa que exigía el uso de marbetes y fajas físicas con diseños establecidos por el Estado, al considerarse incompatible con los principios de libertad de comercio promovidos por el actual gobierno nacional, en sintonía con el Decreto 70/2023.
Con este cambio, las empresas transportistas podrán implementar distintos sistemas de trazabilidad, entre ellos códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos asociados, registros digitales integrados a los sistemas de ticketing, etiquetas emitidas por la propia empresa u otros dispositivos que aseguren una identificación segura e inviolable.
Pese a la flexibilización en la forma de identificación, el Estado mantendrá el control del procedimiento. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuará siendo la autoridad encargada de verificar que exista una trazabilidad efectiva entre el equipaje y el pasajero, priorizando la seguridad del sistema elegido por cada empresa por sobre antiguas especificaciones técnicas.
“El equipaje que no esté identificado con algún tipo de dispositivo de seguridad, no podrá ser ingresado a la unidad de transporte, sin derecho a compensación alguna”, explicó el documento.
Asimismo, las empresas deberán contar con un sistema de conservación y rendición de datos que permita facilitar la gestión de reclamos y la emisión de comprobantes de despacho, cualquiera sea el mecanismo utilizado. En los servicios interjurisdiccionales, los dispositivos adoptados deberán ser compatibles con los sistemas empleados en la región y en los servicios internacionales de países limítrofes.
La normativa alcanza a los servicios públicos interjurisdiccionales, de tráfico libre, ejecutivos y de turismo, tanto nacionales como internacionales.
Entrará en vigencia 60 días después de promulgada la norma, es decir a mediados de marzo, y las empresas deberán informar a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos elegidos con 30 días de antelación, bajo apercibimiento de sanciones.
