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Defensoría pide a los bancos mayores recaudos ante los ciberdelitos
22 de junio de 2021
Ante el notorio incremento reclamos recibido por casos de presunta comisión de ciberdelitos, especialmente relacionados con la captura ilegal de datos personales y fraudes bancarios, los Defensores del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, emitieron una resolución mediante la cual recomiendan al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tenga:
a) reforzar las medidas de seguridad informática interna de todas las distintas entidades bancarias, y en sus comunicaciones e intercambio de información interbancaria;
b) disponer canales y vías de atención prioritaria a los/as usuarios/as que denuncien haber sido víctimas de ciberdelitos o contravenciones, para tomar debido registro, brindarles asesoramiento adecuado y adoptar medidas eficaces que permitan proteger el patrimonio de los/as afectados/as, con especial énfasis en aquellos/as usuarios/as que queden comprendidos/as dentro de la categoría de “consumidores/as hipervulnerables”;
c) implementar medidas adicionales de validación en aquellas modalidades de créditos automáticos, pre otorgados, o similares que se ofrecen y se ejecutan por medios informáticos;
d) propiciar, en todo el país, la formalización de convenios de cooperación recíproca entre las entidades bancarias y las unidades fiscales especializadas en delitos informáticos, a fin de articular medidas que permitan prevenir, neutralizar e investigar la comisión de delitos informáticos y perseguir penalmente a sus autores;
e) impulsar la creación de Códigos de Conducta o de Buenas Prácticas Profesionales, tal como lo promueve el art. 30 de la Ley Nacional nº 25.326 -y modificatorias-, a los fines de unificar el tratamiento de datos personales y brindar una correcta capacitación de los/as empleados/as bancarios/as.
Desde hace muchos años la vida cotidiana se encuentra atravesada por la utilización, cada vez más frecuente, de medios informáticos para poder concretar múltiples tareas tan necesarias como habituales. En efecto, el acceso a internet y a distintos canales informáticos resultan casi ineludibles, pues a través de ellos podemos, por ejemplo, percibir, el cobro de haberes u honorarios, realizar transferencias, pago de servicios, solicitud de créditos, etc., así como todo tipo de control sobre nuestras cuentas bancarizadas; también para formular consultas, trámites o reclamos de toda índole, tanto ante las administraciones u organismos públicos (a nivel nacional, provincial y/o municipal) como frente a entidades privadas (bancos, comercios, compañías de seguro, etc); además, efectuar compras, adquisiciones o contrataciones de bienes, productos y servicios (algunos de ellos de carácter esencial); y el acceso a noticias o transmisión de información de todo tipo (periodísticas, de estudio, documentales, personales, etc.).
Esta omnipresencia de la conectividad en nuestras vidas, se ha visto particularmente acentuada y acelerada con motivo de las medidas de aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por la aparición de la pandemia por el virus del Covid-19. Como consecuencia de ello, muchas actividades que antes podían realizarse de manera presencial, se tornaron casi exclusivamente de forma virtual.
Desde el comienzo del aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se produjo una creciente cantidad de consultas y reclamos referidos a la comisión de los denominados “ciberdelitos”, particularmente fraudes o estafas bancarias y robo de datos. La casi “obligada” inclinación al uso del entorno digital produjo, paralelamente, un incremento de los delitos o contravenciones informáticos, de aquellos/as que tienen como objetivo la identidad, la propiedad, el patrimonio y la seguridad de las personas, pero además de aquellos/as otros que tienen como objetivo atacar, destruir y dañar activos, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet.
Estas estafas cibernéticas, se cometen mediante el uso de un tipo de ingeniería social que se caracteriza por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. El/la estafador/a se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial sea electrónica, por correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea, red social, llamadas telefónicas o combinando dos o más de estas vías
La mayor parte de los casos obedece al robo de datos personales, a partir de lo cual los/as ciberdelincuentes acceden de manera ilícita a las cuentas bancarias o a los sistemas de “Home Banking” de las personas, y en pocos minutos pueden efectuar transferencias, realizar compras, incluso, gestionar créditos personales automáticos o pre-otorgados por las entidades bancarias. Es decir, la criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, la falsificación, entre otros; en los cuales los ordenadores y redes son utilizados como medio.
Dentro de esta generalidad, la mayor cantidad de consultas y/o reclamos recibidos, giran en torno a las comúnmente denominadas “estafas bancarias”. Éstas se generan mediante el “PHISHING”, que es un método que se utiliza para engañar a el/la usuario/a desprevenido/a, y así conseguir que revele información personal, como contraseñas, claves, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social con sus códigos de seguridad y números de cuentas bancarias, entre otros. Así como también, el acceso indebido se produce por la vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos o del hackeo del sistema directamente.
Esta acción de los Defensores locales se hace eco de lo oportunamente impulsado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras Defensorías del país, tendientes a brindar protección a las víctimas de estafas bancarias, y a prevenir futuros casos.
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Milei sale en auxilio de los bomberos
El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos
| Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.  “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad. Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno. “Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución. Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son: |
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YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones
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Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.
Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.
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Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.
“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.
Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.
Call con Preska
Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6G6LUGHR6JEQJINQIHSTHX2RHI.jpg%20420w)
La jueza de Nueva York Loretta Preska
Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.
Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.
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Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores
El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.
“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.
Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.
Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.
Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.
La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.
En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.
Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.
Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.
Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.
