Durante la inauguración oficial de la 138 Exposición Rural de Palermo, el titular de la entidad, Nicolás Pino, protagonizó un fuerte discurso en el que exigió que las retenciones al agro dejen de existir “por ley y para siempre”. Tras recibir al presidente Javier Milei con un cálido abrazo, el dirigente agropecuario destacó los principales logros de la actual administración económica.

Pino subrayó que el sector productivo aportó más de 83.000 millones de dólares al país, divididos en 40.000 millones de la agricultura, 34.000 millones de la ganadería y 11.500 millones de las economías regionales. Además, recordó que desde 2002 el Estado acumuló unos 215.000 millones de dólares por este tributo, aunque ponderó que este Gobierno redujo la recaudación en unos 6.000 millones de dólares, fondos que según el sector se destinaron a reinversión y empleo.

En su alocución, el referente ruralista cuestionó con dureza a gobernadores e intendentes por el peso de los impuestos provinciales y tasas municipales. Denunció la existencia de aduanas internas por cobros al traslado de mercadería entre jurisdicciones y exigió frenar el manejo arbitrario del impuesto sobre los ingresos brutos para incentivar el arraigo rural.

El dirigente valoró los notables logros macroeconómicos, como la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, remarcando que la actividad genera más de 4 millones de empleos. Sin embargo, alertó sobre el mal estado de los caminos rurales, la necesidad de reactivar trenes y puertos, y reclamó un plan de infraestructura para prevenir inundaciones en la cuenca del Salado.

Hacia el cierre, Nicolás Pino defendió que los servicios ecosistémicos pertenecen legítimamente a la propiedad privada del productor agropecuario.

Sostuvo que en el país no existen los denominados “bienes comunes”, sino únicamente bienes públicos o privados, y concluyó pidiendo confianza en un sector que proyecta una revolución agropecuaria digital basada en tecnología y datos.

Gentileza radio Mitre

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.

La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto.

La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.

El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada.

Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

Diversas entidades y cámaras que integran el sector productivo, el campo y la industria frigorífica argentina han manifestado su firme rechazo y preocupación ante la iniciativa del gobierno nacional que busca modificar el funcionamiento y financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

La controversia surge a partir de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al organismo, transformándolos en contribuciones voluntarias.

Desde el sector privado, que impulsó la creación del instituto bajo la Ley 25.507, se defiende al IPCVA como una herramienta estratégica clave para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina. Las cámaras advierten que la implementación de un arancelamiento voluntario "significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".

El instituto desempeña funciones que el sector considera vitales, tales como realización de estudios técnicos y generación de información estratégica; promoción de la carne vacuna en el mercado interno e internacional; apertura de nuevos mercados y consolidación de acuerdos comerciales; Sostenimiento de la marca "Carne Argentina", apoyo al SENASA, organismo al que el IPCVA aporta entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual.

Actualmente, el IPCVA funciona exclusivamente con fondos privados: los productores aportan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%.

El sector subraya que este esquema de pago obligatorio es el mismo que utilizan los principales exportadores mundiales, como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido, muchos de los cuales incluso cuentan con apoyo estatal adicional.

"Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas", señalaron las entidades en su comunicado conjunto.

El reclamo cuenta con una representatividad federal y plural sin precedentes, uniendo a organizaciones de productores como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a cámaras que agrupan desde grandes exportadores (Consorcio ABC) hasta PyMEs orientadas al mercado interno (CICCRA, FIFRA, UNICA, CADIF).

Para el sector, degradar la capacidad operativa del IPCVA no solo afectaría la institucionalidad del organismo, sino que implicaría un grave retroceso en logros construidos durante años a través de la inversión privada y el esfuerzo sostenido de toda la cadena de ganados y carnes.