El Gobierno  postergó para la próxima semana el aumento en las tarifas de gas natural por red, que sumados a la quita de subsidios harán que las boletas de fines de abril y principios de mayo lleguen con subas en torno al 700%.

Si bien la administración nacional se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a subir las tarifas de gas y electricidad en febrero, algo que solo cumplió con la luz, el ministro de Economía, Luis Caputo, mira de reojo este ajuste para que el traslado a la inflación no haga estragos en el índice que viene a la baja.

Tal como informaron oficialmente, habrá un aumento en el precio de la producción de gas, el cual representa un 36% de las tarifas final. Hasta diciembre, los hogares pagaron un 17% del costo real del abastecimiento (70 centavos de dólar por millón de BTU sobre US$ 4,10) mientras que las empresas pidieron subas mayores al 500% en sus márgenes. Esta suba se hará de forma “escalonada” durante los próximos tres meses.

A eso habrá que sumarle el incremento que se les convalide a las transportistas y distribuidoras, los otros componentes de las boletas además de los impuestos. En la audiencia pública, las empresas transportistas (TGN y TGS) pidieron recomponer sus ingresos con aumentos de 524%, mientras que las distribuidoras (Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras) solicitaron subas de 462%.

Si bien la última palabra la tendrá la Secretaría de Energía, aplicar ese combo multiplicaría lo que llega en las boletas al menos por 6 veces; es decir, subas en torno al 700%, según diferentes consultoras especializadas.

En el sector privado confiaban que el incremento empezara a regir desde este 15 de marzo, para no diferir hasta abril la recomposición de sus ingresos en medio de meses con inflación de dos dígitos. Sin embargo, el anuncio se viene postergando por lo que recién se llegaría para las boletas de abril.

Es que desde el Gobierno también son cautelosos en cómo aplicar la eliminación de subsidios a millones de hogares, porque tienen el antecedente de lo ocurrido en 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia obligó a retrotraer los incrementos y dotar de “gradualismo” al plan.

El gobierno de Axel Kicillof autorizó en las últimas horas un nuevo aumento del servicio de energía eléctrica, que se agrega al del 118% a los usuarios residenciales y de hasta el 413% a pequeños comercios realizado el pasado 23 de febrero.

Este jueves, a través de la Resolución 284/2024 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de la provincia de Buenos Aires aprobó otro incremento que modificará los cuadros tarifarios y se convierte en un nuevo golpe al bolsillo, en medio de una fuerte recesión e inflación.

La autorización del gobierno bonaerense de incorporar una actualización del valor agregado de distribución, recae en las empresas de energía Edea (con cobertura en Mar del Plata y localidades vecinas), Edelap, Eden y Edes.

En la resolución, se indica que los aumentos en los costos del cargo fijo en la categoría R1 (usuarios residenciales) es del 270% y del 172% en los cargos variables en la misma categoría. Es decir, un usuario que pagaba $514,54 el cargo fijo en febrero, pagará 1.903,82 en marzo. En tanto que el cargo variable, pasó de $30,98 el kilowatt/hora (kwh) en febrero, pagará $84,49 en marzo.

En tanto, los usuarios residenciales que consuman más de 400 kwh por mes (categoría R3), el cargo fijo en febrero era de $1.079,55 por mes y los variables de $33,53 por kwh. En marzo, pasó a valer $3.994,35 y de $92,61 por kwh.

La Cámara alta debatió el controvertido decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

El megadecreto emitido por el presidente Javier Milei en diciembre pasado obtuvo este miércoles 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones en el Senado nacional. La Libertad Avanza (LLA) había propuesto pasar la discusión para fin de mes, pero la Cámara alta se opuso. El tratamiento del polémico DNU pasó a Diputados.

Unión por la Patria (UP) hizo pesar la fortaleza de su posición en el Senado: con 33 legisladores, solo necesitaba cuatro votos para alcanzar la mayoría parlamentaria. Y logró ocho acompañamientos.

También fue determinante el malestar que provocó recientemente Milei en la región patagónica, en el marco de la puja con los gobernadores sureños tras la caída de la ley ómnibus.

El voto restante fue el de Martín Lousteau, quien quedó prácticamente en soledad (lo acompañó la chubutense Edith Terenzi) pese a su rol de presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), desde donde había emitido un comunicado partidario instando a sus compañeros de bloque a rechazar el DNU.

El resto de los que buscaron la aprobación del decreto de Milei fueron los bloques de La Libertad Avanza y el PRO.

Además, se abstuvieron la cordobesa Alejandra Vigo (alineada con el gobernador Martín Llaryora) y los dos senadores que responden al gobernador de Misiones, que cambiaron de posición tras judicializar y dar marcha atrás con el artículo del DNU que eliminaba el Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Respecto de Santa Fe, los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto votaron a favor del megadecreto, mientras que el peronista Marcelo Lewandowski lo rechazó.

Milei viene de bajar el tratamiento de la ley ómnibus y ahora el rechazo cosechado en el Senado por el DNU implica su primer revés a través del voto legislativo.

El escenario en Diputados es distinto: pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario (99 legisladores), su posición no es igual de sólida en la Cámara baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría.