Mundo
Por la libertad religiosa
7 de mayo de 2021
Por Juan Cruz Mennilli Caldararo
Cura Párroco
No puedo seguir viendo la incoherencia y desproporción de algunas medidas de las autoridades, sin dejar en claro que –como a tantos- no me es indiferente el atropello sobre la libertad religiosa que se está llevando adelante.
Mientras que limitan el culto a 10 personas en espacios abiertos (que no todos tienen) y envían la Policía de la Provincia a interrumpir una celebración religiosa al aire libre y con distanciamiento social, hoy (ayer, antes de ayer y seguramente mañana) nuestras autoridades realizan actos del mismo tenor (además de avalar ciertas manifestaciones y velatorios masivos) sin el menor problema.
No es mi intención polemizar ni quitar el foco de donde debe estar: el cuidado de la salud y asimismo el resguardo de los derechos de todos. La misma Corte Suprema de la Nación afirmó el día de ayer que “la emergencia sanitaria no es una franquicia para ignorar el derecho vigente”. Derecho que –vale recordar- consagra en su Carta Magna la libertad religiosa en su artículo 14. Profesar la fe es esencial para muchos.
No tengo la menor duda de que estamos ante una situación de emergencia y de que cuidar la vida es un valor al que no debemos renunciar. Nunca lo hicimos. Es por eso que jamás (ni en la cuarentena más dura del año pasado) hemos interrumpido las obras de caridad que llevamos adelante desde las comunidades religiosas: miles de familias acompañadas en nuestra ciudad. Es por eso que también en medio del desconcierto que el nuevo virus había generado, hemos obedecido las disposiciones y celebramos la fe el año pasado durante meses sin la presencia de fieles, inaugurando el modo virtual, además de haber rediseñado hasta el día de hoy las habituales manifestaciones masivas de fe (Marcha de la Esperanza, Corpus Christi, las fiestas patronales de cada comunidad), haciéndolas limitadas, virtuales, al aire libre o en vehículos: siempre observando los protocolos sanitarios. Siempre.
Pero las medidas de estos días parecen tener una motivación más peligrosa, o –en el mejor de los casos- ignoran el hecho de que las celebraciones han sido lugares “cuidados” con estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Si el caso fuera este, sirvan estas líneas para notificar de ello a nuestras autoridades e invitarlas a salir a mirar cómo son las cosas en la realidad.
La reciente decisión que pretende prohibir en fase 3 las celebraciones en las Iglesias y las limita a 10 personas al aire libre (Resol. 1555/2021) es la que -en la misma fase 3- permite entre otras cosas (bien permitidas desde ya) las clases presenciales, los museos, restaurantes y shoppings con aforo del 30%, los talleres culturales con hasta 20 personas, entre otras actividades. Aún más: la misma resolución prevé que en la fase 4 y hasta en la 5, cuando prácticamente todo está habilitado, solo se permitan las celebraciones en las Iglesias con hasta 20 personas (independientemente de la dimensión de los templos).
Ante esta situación se presentan dos alternativas: pensar bien o pensar mal. Desde ya que elijo pensar bien. Si bien el detalle de los datos expuestos (con los que no fue mi intención aburrir) podría demostrar manifiesta intencionalidad contra la fe y los derechos de los ciudadanos, prefiero pensar que la resolución mencionada es una norma de un gobierno que lógicamente no puede legislar con precisión y equilibrio sin sentarse a dialogar, en este caso con la Iglesia y todas las confesiones religiosas, en pos de lograr una medida que logre integrar todos los aspectos que se deben cuidar. Y elijo pensar que ese diálogo se dará a la mayor brevedad posible.
No se trata de cumplir o no cumplir, de ser de CABA o de Provincia, Kirchnerista o antikirchnerista. Se trata de dialogar y buscar siempre las mejores soluciones. Más que nunca hace falta el encuentro de los argentinos. Mientras tanto, a la espera de ese diálogo que genere normas que no sean desproporcionadas e injustas, sigamos haciendo valer nuestros derechos y cuidándonos como ya sabemos y hemos hecho hasta ahora, porque, como dice el Papa Francisco, “nadie se salva solo”.
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La ONU se propone erradicar el SIDA como riesgo para la salud en 2030
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el martes una declaración política sobre el VIH/SIDA y reafirmó el compromiso de poner fin al SIDA como amenaza para la salud pública hacia fines de 2030.
La declaración, aprobada con 149 votos a favor, ocho en contra y 14 abstenciones, expresa profunda preocupación porque el mundo no logró alcanzar los objetivos mundiales sobre el VIH fijados para 2025 y porque actualmente no está encaminado a poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.
El documento reafirma la Declaración de Compromiso sobre el VIH/SIDA de 2001 y las declaraciones políticas sobre el VIH/SIDA adoptadas en 2006, 2011, 2016 y 2021, así como la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La declaración compromete a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes durante los próximos cinco años mediante una respuesta mundial coordinada, basada en evidencias y centrada en las personas frente al VIH.
Asimismo, plantea fortalecer el liderazgo y la apropiación nacional y garantizar respuestas nacionales multisectoriales, integradas y centradas en las personas para asegurar servicios e impacto más allá de 2030, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
De acuerdo con el documento, la Asamblea General de la ONU celebrará una reunión de alto nivel sobre el VIH/SIDA en 2031 para evaluar los avances respecto a los compromisos asumidos en 2026 con el objetivo de erradicar el sida como amenaza para la salud pública para 2030 y sostener esos resultados en el futuro.
"Esta declaración política es nuestra oportunidad para construir sobre 25 años de compromiso y señalar el camino hacia 2030 para demostrar que el multilateralismo puede dar resultados", afirmó Winnie Byanyima, directora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), durante la apertura de la reunión el lunes.
"No podemos fracasar, porque sabemos lo que debemos hacer: comprometernos con el multilateralismo; mantener el financiamiento internacional mientras los países movilizan sus propios recursos; proteger los derechos de las personas que viven con VIH; permitir que las comunidades lideren para sus poblaciones; e impulsar la ciencia para que las innovaciones lleguen lo más rápido posible a todas las personas que las necesitan", afirmó.
"Si hacemos estas cosas, podemos poner fin al sida". Datos de 2025 publicados por ONUSIDA muestran que la inversión sostenida, los avances científicos y los esfuerzos liderados por las comunidades han generado avances significativos contra el sida.
Desde 2010, las muertes relacionadas con el sida han disminuido un 56 por ciento, las nuevas infecciones por VIH se redujeron un 43 por ciento y 32,1 millones de personas (el 78 por ciento de los 40,9 millones de personas que viven con VIH) reciben actualmente tratamiento.
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Perú confirma la visita del papa León XIV
El presidente de Perú, José María Balcázar, ratificó públicamente que el papa León XIV visitará territorio peruano durante la primera quincena de noviembre de 2026, un anuncio que se formalizó luego de mantener un extenso encuentro bilateral de casi dos horas en la Ciudad del Vaticano.
Esta ratificación incrementó de manera inmediata las expectativas e hipótesis en las cancillerías de la Argentina y Uruguay respecto a una gira continental unificada.
De acuerdo con lo expresado por el mandatario peruano en declaraciones a RPP a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, la agenda del Sumo Pontífice en su país contemplaría una extensión de entre ocho y diez jornadas operativas. El borrador del itinerario inicial comprende misas y actividades oficiales en las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa, quedando bajo análisis de la delegación de avanzada la factibilidad de incorporar paradas logísticas en Puno e Iquitos.
A mediados de mayo, el canciller argentino, Pablo Quirno, había deslizado un sugestivo mensaje tras una reunión con el presidente Javier Milei, aludiendo a una "buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino" para la cual restaba únicamente coordinar el calendario. Aquella manifestación se acopló a las gestiones iniciadas en febrero en Roma, oportunidad en la cual la diplomacia argentina entregó una carta formal de invitación firmada por Milei.
En sintonía con este despliegue, las autoridades de las Relaciones Exteriores de Uruguay también admitieron la existencia de intensas labores dirigidas a acoplar la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Montevideo durante el mismo mes de noviembre.
Por el momento, y con estricto apego a los manuales de procedimiento del Vaticano, el Palacio Apostólico no ha remitido la notificación formal a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), documento encargado de convalidar institucionalmente la organización del evento religioso junto al Gobierno de la Nación.
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Bolivia deportó a argentinos que buscaban documentar las protestas
Un grupo de argentinos que iba a participar en una ”Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos" en Bolivia fue impedido de ingresar a ese país, en medio de la crisis que mantiene en jaque al gobierno de Rodrigo Paz. Lo informó la Cancillería argentina.
En la delegación se encontraba el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino. #NO NOS PERMITIERON INGRESAR A BOLIVIA. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina", escribió en X. En la misma situación se encuentra la legisladora porteña por el Frente de Izquierda Vanina Biasi.
En un comunicado, el ministerio dijo que este lunes “arribó al Estado Plurinacional de Bolivia un grupo de ciudadanos argentinos integrantes de una autodenominada ´Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos´, con el autodeclarado propósito de ´realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos´”.
“Al respecto, las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, indicó.
Bolivia está afectada por protestas y movilizaciones motorizadas por la Central Obrera de Bolivia (COB), mineros, maestros y seguidores del expresidente Evo Morales que exigen la renuncia del presidente. La crisis se extiende desde hace un mes y medio y provocó un virtual desabastecimiento de combustible y productos de primera necesidad en La Paz.
Además, la nota detalló: “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.
“Ante esta situación, la Embajada de la República Argentina en Bolivia y los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular correspondientes, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes”, concluyó la nota.
La posición del gobierno boliviano
Según el diario El Deber de La Paz, se trató de “un grupo de al menos 18 personas, en su mayoría activistas extranjeros afines al kirchnerismo en Argentina".
“El grupo no pudo ingresar a Bolivia porque se les negó el ingreso al país“, indicó el periódico.
“El Estado Plurinacional de Bolivia informa que las decisiones adoptadas por las autoridadesmigratorias respecto al ingreso de ciudadanos extranjeros al territorio nacional fueron asumidas en estricto cumplimiento de la ConstituciónPolítica del Estado, la normativa migratoria vigente y las atribuciones soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras“, detalló una nota oficial citada por el diario.
Además, la nota advirtió: “Se verificó el incumplimiento de requisitos exigidos para la admisión y permanencia en territorio nacional, así como inconsistencias entre las condiciones declaradas para su ingresoy las actividades anunciadas públicamente por la delegación".
