Seguinos

Mundo

Polémica por contagios en el AMBA

16 de abril de 2021

El incremento en un 25 por ciento de la circulación y el uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como también el aumento «exponencial» de contagios en la franja de edad que va de los 9 a 18 años motivaron al Gobierno nacional a suspender temporalmente las clases presenciales por 15 días, una decisión que fue objetada ante la Corte Suprema de Justicia por la gestión porteña, que presentó hoy una acción declarativa de inconstitucionalidad.

«Desde que volvieron las clases presenciales, fue exponencial el crecimiento de los contagios entre los 9 y los 18 años», le explicó hoy el presidente Alberto Fernández al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en una reunión que mantuvieron en la residencia de Olivos.

En una rueda de prensa posterior, el mandatario aseguró que «los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios sino que detrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulación ciudadana».

Los dos argumentos que expone el Gobierno nacional para explicar la decisión de suspender temporalmente la presencialidad en las escuelas fueron expuestos en los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, con las medidas restrictivas que entraron en vigencia en el primer minuto de hoy, y que incluyen la restricción para circular entre las 20 y las 6 de cada día.

El texto habla además de un incremento del 25 por ciento en la circulación y el uso del transporte público, y un aumento en el número de casos de coronavirus entre niños y adolescentes.

Además, en la norma se señala que el Gobierno nacional «comparte el criterio» de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante «por el menor tiempo posible, tal como han indicado prestigiosos organismos vinculados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, como Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría».

El propio Presidente defendió el DNU tras reunirse hoy en Olivos con Rodríguez Larreta y sostuvo que confía llegar al 30 de abril -el plazo de las restricciones que comienzan hoy- y que «hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas» de la ciudad de Buenos Aires.

En rueda de prensa, el mandatario aseguró que el Gobierno lo que propone son «15 días de shock» con el fin de «parar la circulación y el relajamiento social».

Sobre el contrapunto entre la Ciudad y la Nación también se expresó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien en FM Urbana dijo que «la decisión va contra la autonomía de la Ciudad, daña un servicio esencial y no es el momento ni la manera de tomarla».

«Vamos trabajando con el ministro de Educación nacional, y habíamos alcanzado un consenso de que las escuelas tenían que ser lo último que se cerrara», expresó Acuña.

En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases.

La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial y plantea al Máximo Tribunal que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado».

En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto «viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación».

En la argumentación de la presentación, se indica que la medida «no es razonable» con el argumento de que «la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional».

Mientras tanto, desde el sindicato docente Ctera respaldaron las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Mundo

Rusia: Día de la Victoria con desfile militar en la Plaza Roja

Rusia llevó a cabo este sábado su tradicional desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja, conmemorando el 81º aniversario de la victoria de la Unión Soviética en lo que se conoce como la Gran Guerra Patriótica.

Durante su discurso dirigido a los soldados y asistentes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó que el Día de la Victoria es una festividad "sagrada, brillante y más importante" para la nación.

Putin enfatizó que "preservar la memoria de los acontecimientos de la Gran Guerra Patriótica, así como su verdadera historia y sus héroes, es una cuestión de honor para el país y el pueblo ruso".

El mandatario subrayó que los soldados soviéticos enfrentaron grandes sacrificios en pro de la libertad y la dignidad de los pueblos europeos.

Asimismo, el presidente ruso mencionó que las fuerzas rusas actualmente enfrentan una agresiva fuerza armada respaldada por la OTAN, pero que continúan avanzando a pesar de las adversidades.

El desfile incluyó una representación de la República Popular Democrática de Corea y culminó con un espectáculo aéreo en la plaza.

Posteriormente, Putin y otros líderes extranjeros presentes en Moscú depositaron flores en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Jardín de Alejandro.

Desde 1995, Rusia celebra anualmente el desfile del Día de la Victoria y una serie de actos conmemorativos cada 9 de mayo, según informa la agencia Noticias Argentinas.

Continuar Leyendo

Mundo

Acuerdo comercial entre el Mercosur y Unión Europea entra en vigencia

Desde este 1 de mayo entró en vigencia de manera provisional el acuerdo comercial entre el Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) y la Unión Europea. Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fue firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos el pasado 17 de enero, el tratado comercial todavía se enfrenta a varios interrogantes que ponen en duda su permanencia.

Por un lado, el acuerdo está aún pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de su ratificación por la Eurocámara. Mientras agricultores y ecologistas europeos están pidiendo su abolición, al otro lado del Atlántico, pese a su ratificación, hay disputas entre los cuatro países por la distribución de cuotas de exportación a la UE.

El pasado enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión Europea para aprobar la aplicación provisional del acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE procedería a la puesta en marcha de forma interina, lo que provocó una ola de protestas por parte de los agricultores europeos.

Von der Leyen declaró este jueves que “se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas aprovechen sus beneficios de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Desde la Comisión Europea se insiste en que “se espera que el acuerdo incremente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50%, con los primeros contingentes arancelarios y reducciones que entrarán en vigencia. Además, 344 Indicaciones Geográficas europeas, como el Parmigiano Reggiano y el Bordeaux, obtendrán protección jurídica en el Mercosur, evitando su imitación en este mercado de consumo en crecimiento”. Brusela argumenta que “para 2040, se espera que estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39%, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros”.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que “se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores”, ya que “permitirá eliminar los aranceles de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, destacó que Mercosur abre “un mercado de más de 700 millones de consumidores” y España “respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras”, para un acuerdo que, aseguró, “aumenta” la autonomía de Europa en aspectos como la energía o las materias primas.

A pesar de las buenas previsiones comerciales para ambos lados del Atlántico, el acuerdo está todavía pendiente de resolver algunas trabas. En la parte del continente americano, los cuatro países aún no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir las cuotas de exportación, negociadas en bloque con la UE. Bruselas otorgó 21 cuotas a Mercosur para diferentes productos, que van desde carnes a miel, pasando por etanol, azúcar, arroz, azúcar o maíz, pero ahora se las tienen que repartir entre los países.

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que con toda probabilidad no se alcanzaría un acuerdo de distribución antes de que entre en vigor el tratado, con lo que los países del cono Sur podrían seguir el sistema por el que el primero que llega es quien accede a la cuota establecida.

La pugna entre los países de Mercosur va a ser tremenda. Oddone advirtió de que “flexibilidad y la capacidad de reacción” a la hora de conseguir las cuotas serán fundamentales para aumentar la competitividad exportadora de Uruguay a corto plazo.

Mientras, en la Unión Europea se está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la Unión. Fueron los eurodiputados los que mandaron el acuerdo a los tribunales en un momento en el que la calle estaba encendida por las protestas de los agricultores, que en su mayoría se oponen a esta alianza comercial.

El caso se presentó formalmente el 25 de marzo y se puede alargar hasta un año. Los países miembros y las instituciones de la UE pueden presentar observaciones y habrá una vista oral posteriormente. Con toda esta información, el abogado general de la UE al que le toque el caso hará una interpretación jurídica y finalmente los jueces emitirán la sentencia definitiva.

En caso de que los magistrados europeos sentencien que el acuerdo comercial o algunas de sus partes no cumple con el Derecho de la UE, se tendrá que modificar el documento del tratado, volver a firmarse por los países y ratificar su aprobación por el Parlamento europeo, un proceso que puede suponer meses y meses de retraso.

Pero incluso si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la UE habría que ver qué recibimiento tiene en la Eurocámara. Países como Francia o Polonia se han opuesto públicamente al acuerdo con Mercosur, al igual que varios grupos parlamentarios que van desde las formaciones de ultraderecha a los Verdes o la izquierda. Incluso hay europarlamentarios de los grupos Popular europeo y socialdemócrata que no seguirían la disciplina parlamentaria y votarían en contra.

Las organizaciones agrarias ya anunciaron su total oposición a la aplicación provisional del acuerdo comercial. Asaja ya anunció su rechazo y presentó un informe de auditoría de la Comisión sobre la carne bovina, que concluye que Brasil no ha logrado garantizar que la carne exportada a la UE esté libre de animales tratados con estradiol, una hormona prohibida en el marco europeo. Asaja ha exigido al Gobierno de España que se sume a Hungría y Polonia y que presente un recurso ante el TJUE para suspender cautelarmente el acuerdo.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) definió como “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión ante “la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria”. Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticó la decisión de Bruselas cuando el acuerdo comercial cuenta con el rechazo del sector agrario, la oposición del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión, ya que “no tiene garantías suficientes”.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoció a la agencia Efe que “de la noche a la mañana no va a cambiar el comercio, pero hay que ver cómo se van configurando los flujos”, además de resaltar el momento de “incertidumbre” y el “miedo” en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones.

Sin embargo, las empresas dedicadas al aceite de oliva, al vino o al queso han celebrado la puesta en marca del acuerdo comercial. España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025

También se han opuesto organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en acción por su impacto climático, ya que podría incrementar la desforestación de grandes zonas en los países americanos y aumentar la sobreexplotación de zonas ya agotadas agrariamente.

Rodrigo Ponce de León Bruselas

Continuar Leyendo

Mundo

Nuevo sistema digital de entrada y salida para turistas en Europa

La Unión Europea activó el Sistema de Entrada/Salida (EES), un modelo digital que transforma el control migratorio en el espacio Schengen. El esquema reemplaza los sellos tradicionales en pasaportes por un registro automatizado con datos biométricos.

El sistema se aplica a viajeros sin ciudadanía europea que ingresan por estadías cortas, de hasta 90 días. En cada cruce de frontera, los turistas deben utilizar kioscos de autoservicio que capturan información personal, huellas dactilares e imagen facial.

El EES comenzó a operar plenamente el 10 de abril y registra cada ingreso y egreso en una base de datos que conserva la información durante tres años, salvo renovación del pasaporte.

El EES funciona en 29 países: 25 miembros de la Unión Europea y cuatro asociados al espacio Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Entre ellos figuran Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Grecia, entre otros. Sin embargo, naciones como Chipre e Irlanda quedan fuera del sistema y mantienen el sellado manual de pasaportes.

Cuáles son los datos personales que solicita el nuevo sistema

El requisito aplica a turistas y viajeros de negocios provenientes de países fuera de la Unión Europea, incluidos los de América Latina, Asia y África.

Al momento de ingresar al espacio Schengen, el EES captura:

  • Nombre y apellido
  • Número de pasaporte
  • Fecha y hora de entrada y salida
  • Punto de ingreso y egreso
  • Fotografía facial
  • Huellas dactilares
  • Antecedentes de ingresos denegados

Quedan exceptuados ciudadanos europeos, residentes con permisos vigentes, familiares directos de ciudadanos de la UE, participantes de programas oficiales, tripulaciones y personal militar.

Desde la Comisión Europea señalaron que el sistema moderniza los controles fronterizos, agiliza el tránsito de pasajeros y mejora la trazabilidad de los movimientos dentro del espacio Schengen. Además, permite prevenir la inmigración irregular y detectar el uso de identidades falsas.

En los primeros días de implementación, las autoridades rechazaron el ingreso de unas 24.000 personas por irregularidades en la documentación o falta de justificación del viaje. También identificaron más de 600 casos considerados riesgos potenciales para la seguridad.

El arranque del sistema generó demoras en algunos aeropuertos, aunque las autoridades prevén una normalización progresiva a medida que se consolide su uso.

Continuar Leyendo