El conflicto por Punta Mogotes sumó este miércoles un nuevo capítulo judicial y político. Luego del anuncio del Gobierno bonaerense sobre el futuro del complejo, la Municipalidad decidió volver a la Justicia y solicitó que se frene cualquier avance o llamado a licitación hasta que quede resuelta de manera definitiva la restitución del complejo turístico a la ciudad.

Desde la Municipalidad sostienen que permitir que la Provincia avance ahora con una licitación pública o con decisiones estructurales sobre el complejo implicaría alterar un bien cuya titularidad se encuentra en discusión judicial.

Además, remarcan una contradicción política: si el propio gobernador Axel Kicillof, a través de sus funcionarios, reconoce la obligación de devolver Punta Mogotes al Municipio, consideran que lo lógico sería avanzar en ese sentido y no diseñar primero una transformación integral decidida desde La Plata.

Otro punto central del cuestionamiento es el mecanismo institucional previsto. Según el planteo comunal, aun cuando la Provincia hable de participación municipal, la administración actual de Punta Mogotes continúa funcionando bajo el esquema legal vigente, con un consejo integrado por tres miembros: dos designados por la Provincia y uno por el Municipio.

Desde esa óptica, la presencia local sería insuficiente para incidir realmente en las decisiones estratégicas. La urgencia del planteo también tiene una explicación concreta: entre junio y septiembre vencen concesiones vigentes dentro del complejo, por lo que cualquier decisión inmediata podría modificar sustancialmente el escenario antes de una definición judicial.

La presentación se dio tras la conferencia del ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, quien el lunes pasado explicó el proceso de traspaso del complejo de balnearios.

la Provincia planea prorrogar las concesiones vigentes, que vencen entre junio y septiembre, y luego convocar a una licitación pública. Con los nuevos adjudicatarios se plasmarán las obras de infraestructura, para las cuales se tomarán como referencia los proyectos ganadores del concurso ideas para poner en valor el espacio.

Cabe recordar que en la causa judicial de fondo la comuna busca la restitución inmediata de Punta Mogotes mediante el pago de la deuda de $14 millones que mantiene la administración del complejo con el Estado bonaerense.

De acuerdo a la visión del Ejecutivo local, el gobernador Axel Kicillof pretende que la comuna “legitime el proceso con su presencia, pero no tenga ninguna injerencia en las definiciones que se tomen”.

En otro pasaje de la presentación, el gobierno local consideró que el anuncio de la Provincia se traducirá “en un acto de innovación sobre el estado material del complejo”. Y que la devolución del lugar es materia de debate en la causa radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, “dado que la procedencia del pago por consignación constituye el paso previo ineludible para lograr la restitución”.

“La decisión política comunicada por el ministro Costa reconoce en forma expresa que la administración del complejo corresponde al municipio. ¿Cómo justificar, entonces, este intento de sostener e intentar perpetuar un señorío indebido sobre un espacio neurálgico para el desarrollo regional?”, sentenció la gestión local.

La Justicia Federal investiga al capitán de un barco, que salió del puerto , y a un médico por la muerte de un marinero de 37 años, ocurrida el pasado 25 de abril en altamar.

 Se trata de Matías Oscar Vilchez, quien era parte de la tripulación del buque Don Nicola, que había zarpado del puerto de “La Feliz” una semana antes del hecho y entonces pescaba merluza a 27 millas náuticas de la costa de Mar del Plata.

El 24 de abril Vilchez comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho y solicitó asistencia al capitán y a la tripulación. Tras una consulta radial con el médico de Prefectura Naval, se indicó tratamiento inicial y el inmediato regreso del barco, ante la sospecha de un cuadro sincopal.

Pese a ello, el estado del marinero se agravó progresivamente durante las horas siguientes. Presentó vómitos con sangre, diarrea con restos hemáticos, intenso dolor y síntomas neurológicos, un cuadro que luego fue considerado por el médico como una hemorragia digestiva grave. Durante ese tiempo Matías mantuvo contacto con su esposa mediante mensajes y audios en los que manifestaba sentirse “muy mal”. Incluso, llegó a escribir: “Me estoy muriendo. Que manden helicóptero”.

Pese a la gravedad evidente de la situación y a las reiteradas indicaciones médicas de regresar a puerto, no se adoptaron medidas eficaces para asistirlo ni evacuarlo. De esta forma, pasó gran parte de la noche solo, sin atención ni acompañamiento.

Durante la madrugada del 25 de abril, Vilchez continuó su desmejora y pidió ayuda nuevamente, sin obtener la respuesta adecuada. Finalmente, falleció a las 6 de la mañana en su camarote, según surge del aviso del deceso y del audio atribuido al capitán del buque.

El buque llegó ese día sábado por la mañana al muelle Deyacobbi y el capitán, Diego Busich, se atrincheró en el puente ante la amenaza de familiares de Vílchez, que se enteraron en ese momento que había fallecido.

“Romina, su pareja, fue con un bolso para llevarlo al médico. Ni Prefectura ni la empresa armadora le avisaron que Matías había muerto”, confió Katerina Achinelli Martínez, la cuñada. “Se dio cuenta porque estaba la camioneta de la Policía Científica. Acá hubo negligencia de mucha gente. Dijeron que era un ataque estomacal y terminó muerto de un infarto”, cuestionó, citada por Revista Puerto.

Luego de un par de horas de tensión en el muelle, donde se había reunido personal de Prefectura, dirigentes del SOMU y representantes de la agencia marítima Merlini, operadora del buque, la pareja de Vílchez pudo ser abordada por profesionales del Centro de Asistencia Psicosocial, Prevención y Seguridad (CAPPS) y el oficial de puente pudo abandonar el barco.

Horas de agonía

Para el abogado Leandro Laserna, representante legal de la familia del marinero, la muerte se registró luego de “aproximadamente 17 horas de agonía y abandono, sin recibir la atención médica urgente que requería, y que de haberse cumplido la orden médica de regresar inmediatamente a puerto, habría existido una posibilidad concreta de asistencia y supervivencia”.

Según el letrado, el retorno hubiera demorado entre tres y cinco horas, por lo cual Vilchez podría haber sobrevivido.

En base a ello, se inició una causa judicial a cargo del fiscal Federal Carlos Martínez, quien ordenó la realización de una serie de peritajes y el análisis del informe de autopsia. Éste concluyó que el deceso del marinero se produjo a raíz de un paro cardíaco provocado por un aneurisma en la arteria pulmonar.

La brecha entre ese diagnóstico preliminar en altamar y la conclusión médico-legal posterior es uno de los puntos centrales de la investigación por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, de cuyo inicio fueron notificados los posibles imputados, el capitán y el médico de Prefectura. Éste último fundamenta su inocencia en que ordenó el inmediato regreso a tierra del barco, una vez que tomó conocimiento del cuadro del hombre, pero eso aún debe quedar acreditado con pruebas concretas.

“Vamos a agotar todas las instancias para que se investigue también a los propietarios de la embarcación”, afirmó Laserna.

Matías Vílchez era marinero desde hace casi veinte años. Llevaba dos viajes como relevo en el Don Nicola, en el que embarcan catorce tripulantes. “El mayor dolor es que nos dijeron que llegaba enfermo pero vivo, y lo fueron a buscar con la morguera”, cerró indignada Achinelli Martínez. Revista Puerto/ Dib