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Residuos: preocupa al comercio incremento de costos

24 de febrero de 2021

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata solicitó la intervención urgente para derogar la normativa que establece exigencias para los “generadores especiales de residuos sólidos urbanos”.

La resolución 317/20 establecida por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo, genera preocupación al sector empresarial debido a la incrementación de costos, no previstos, que supone el cumplimiento de la misma.

Frente a esta situación y en representación de sus asociados, la UCIP elevó una carta de carácter urgente a la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) para su intervención, por intermedio de la Comisión de Medio Ambiente de FEBA, ADIBA y OPDS, para solicitar la derogación de la misma o en su efecto una prórroga de 180 días.

Desde la UCIP explicaron que derogar esta resolución permitirá demostrar que el comerciante podrá cumplir con los preceptos de la norma, en cuanto a la separación de residuos en origen, pero sin ser obligados a recurrir a registraciones y contrataciones de servicios que les serán imposibles de costear.

Desde la entidad también destacaron estar de acuerdo con todas aquellas acciones que sirvan para cuidar el medio ambiente, pero ante la grave situación económica y financiera de público conocimiento que está atravesando el sector comercial y empresarial, entienden que es imprescindible trabajar para preservar la permanencia de ellos en el sistema y no sumarles nuevas cargas que puedan propiciar el cierre.

La nueva normativa es extensiva a toda la provincia de Buenos Aires y tiene la obligación de ser cumplida por supermercados e hipermercados; shoppings y galerías comerciales; servicios de alojamiento u hospedaje; comercios y centro de distribución; empresas de servicios; universidades públicas y privadas; dependencias de la administración pública; y aquellos establecimientos comerciales y de servicios que generen más de 1.000 kgs. al mes. La UCIP explica que en esta clasificación se ven involucrados sus representados y por quienes, sabiendo su estado de crisis actual, solicitan que este pedido sea tratado de forma inmediata.

El presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid manifestó “la normativa que pretende entrar en vigencia implica para las empresas nuevos costos, no sólo por la misma implementación de la separación de residuos sino por la disposición final y el pago de honorarios profesionales y de registro. En las actuales condiciones que están viviendo las empresas, y sobre todo en particular desde el inicio de la pandemia, no es momento para incorporar nuevos costos al sector productivo”.

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UN ESLABÓN MENOS

La sucursal de Libertad y Bronzini fue vendida y la escritura se habría firmado el día anterior, dijo Guillermo Bianchi, titular del Sindicato de Empleados de Comercio. “Cuando abrimos la puerta nos atendieron cuatro chinos, nos dijeron ‘pase, trabajen, pero el local ya es nuestro’”, contó. Cuestionó que trabajadores y el gremio no fueran informados y advirtió por el futuro de los puestos laborales en medio de la crisis que atraviesa la empresa.

La situación de Supermercados Toledo sumó un nuevo capítulo de incertidumbre luego de que los trabajadores de la sucursal ubicada en avenida Libertad y Teodoro Bronzini llegaran esta mañana a cumplir su jornada y se encontraran con quienes se presentaron como los nuevos propietarios del establecimiento.

Según relató Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, cuatro personas de origen chino recibieron a los trabajadores y les indicaron que podían ingresar a trabajar, pero que el local ya les pertenecía.

“Cuando abrimos la puerta nos atendieron cuatro chinos, nos dijeron ‘pase, trabajen, pero el local ya es nuestro’”, contó Bianchi.

El dirigente explicó que, tras comunicarse con la empresa, recibió la confirmación de que la escritura había sido firmada el día anterior. Bianchi cuestionó que ni los trabajadores ni sus representantes hubieran sido informados previamente de la operación y reclamó que las futuras ventas contemplen la continuidad laboral.

“Estamos exigiendo que se venda con la gente cuando se venda la compañía”, sostuvo en diálogo con Extra Radio.

La preocupación del sindicato se suma a otras operaciones realizadas por Toledo en medio de las dificultades que atraviesa la empresa. Bianchi señaló que ya fueron vendidos otros establecimientos y advirtió que la reducción de la actividad puede provocar una acumulación de trabajadores en distintas sucursales.

“Nosotros necesitamos que la empresa seriamente presente un plan de reconversión de la misma, que incluya primero la gente, no última la gente”, remarcó.

Actualmente, según Bianchi, unas 1.500 personas trabajan en las distintas actividades vinculadas a Toledo, entre empleados de comercio, maestranza, trabajadores de la producción avícola y camioneros. Los distintos sectores conformaron una mesa de seguimiento en el Ministerio de Trabajo para abordar la situación de la empresa.

En paralelo, el dirigente cuestionó el crecimiento de los supermercados chinos en Mar del Plata. Afirmó que existen alrededor de 210 establecimientos y planteó reparos sobre las condiciones de control y cumplimiento de las normas laborales.

“Hay como una contradicción profunda en las decisiones estratégicas del Legislativo en la ciudad de Mar del Plata”, sostuvo Bianchi.

El sindicato tenía previsto presentarse junto al Ministerio de Trabajo en la sucursal para constatar la situación y conocer quiénes son los nuevos propietarios del establecimiento

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