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Malestar en el sector de la alimentación

18 de febrero de 2021

Desde la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) revelaron que “cayeron muy mal las intimaciones”, del gobierno nacional, después de las inspecciones que tuvieron días atrás, 11 compañías, a las que se las acusa de haber bajado los niveles de producción de algunos productos.

“Muchas de estas empresas fueron invitadas la semana pasada a la reunión por el acuerdo social y no había señales de meter en el medio imputaciones de desabastecimiento con invocación de una ley inconstitucional como es la de Abastecimiento, con costos incrementados más de un 30%-35% y precios congelados”, reveló Daniel Funes de Rioja, referente de Copal.

Además, el directivo reveló: “reconoce el propio Gobierno que la alimentación abasteció durante toda la pandemia a pesar del personal licenciado, los problemas logísticos, la huelga de aceiteros, el corte de 15 días de camioneros, los feriados, las vacaciones del personal y las paradas de planta por mantenimiento”.

En otra de las empresas afectadas aseguraron que están produciendo más que en noviembre de 2020. “En enero, pidieron las producciones de noviembre, diciembre y enero. Se lo dimos; en promedio, la fabricación de esos meses fue más alta que los anteriores”, afirmó el empresario consultado, y agregó que “si bien muchas no están ganando plata, las fábricas tienen que seguir produciendo para cubrir costos fijos”.

En muchos casos los argumentos que ofrecen las compañías al Gobierno son atendibles y la menor producción se adjudica a algún problema puntual derivado del Covid o de algún conflicto sindical, pero no menos cierto es que en otros tantos casos la menor producción de ciertos artículos se vincula estrechamente con el control de precios y la imposibilidad de trasladar la suba de costos. “Las empresas hacen lo que pueden y tratan de cumplir la ley pero sin fundirse”, reconocieron en una de las compañías.

Ya habían recibido inspecciones semanas atrás en la misma línea, pero el Gobierno hoy avanzó un paso más en su afán de querer lograr la mayor cantidad de producción y abastecimiento posible, aun en el actual contexto de pandemia y con la norma de Precios Máximos todavía vigente. (Fuente Infobae/TN)

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Polémica por el Censo 2022

Luego de conocerse los datos del Censo 2022, los cuales arrojaron números llamativos para General Pueyrredon y otros distritos del gran Buenos Aires, el senador provincial de Juntos por el Cambio, Alejandro Rabinovich, denunció que los números fueron “dibujados” en algunos municipios del oficialismo para perjudicar a Mar del Plata.

“Dibujaron la cantidad de habitantes para recibir más plata de la coparticipación. La Matanza recibió dinero de manera discrecional durante los últimos 12 años. Se basaron en una proyección falsa del censo 2010”, denunció. Además, remarcó que “tardaron 258 días en presentar los resultados del censo 2022. Hoy exigimos que devuelvan la plata que le sacaron a los otros 134 municipios durante todo este tiempo”.

Al momento de explicar su postura, el legislador señaló que “se proyectó que para el 2010 el partido tendría 1.3 millones y finalmente “dio” 1.7 millones. A partir de ahí, proyectaron que para 2022 habría 2.3 y finalmente fue 1.8 millones”.

Finalmente remarcó que “en abril del año pasado Guillermo Montenegro denunció la alteración de datos. Después tardaron 258 días en presentar los resultados del censo 2022. Hoy exigimos que devuelvan la plata que le sacaron a los otros 134 municipios durante todo este tiempo”.

REPLICA

A todo esto, el senador del Frente de Todos, Pablo Obeid, no tardo en salir a la palestra. “Se había creado una idea producto de reproducirla sin mucho análisis de las curvas de crecimiento de población de General Pueyrredon y por eso ahora el número sorprende”, comenzó diciendo. En ese sentido recordó que “los datos confirman 682.000 habitantes, y parece un número más chico que el que esperábamos, pero la cifra tiene consistencia y guarda relación con el censo de 2010”.

Al momento de explicar su análisis, el legislador indicó que “crecimos a razón del 11% y la provincia un 12%. Significan 63000 personas más registradas de los 618.000 que se constataron 2010. El número parece chico, pero no el porcentaje porque entre 2001 y 2010 también se dio un incremento de 10% de la población en General Pueyrredon”.

 Sobre las declaraciones de Rabinovich, manifestó que “es la idea de tirar bombas de humo para no hablar de lo local. Este año el presupuesto municipal son 77 mil millones de pesos. Es muchísimo dinero y para mi seria importante saber que hará el municipio con tanta plata”, concluyó.

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Caso Lucio: denuncian a la jueza

“Estamos ante un evidente caso de mal desempeño. Cuando la custodia de Lucio fue entregada a sus tíos, los sometieron a todos los estudios ambientales posibles. Sin embargo, cuando se trató de entregarlo a la pareja responsable de su tortura y muerte, la jueza incumplió los controles, lo que derivó en la muerte evitable de Lucio. Si tan solo hubiera ordenado los controles del caso....”, lamentaron desde la ONG.

Y concluyó: “Confiamos en que la fiscalía asuma su rol y que la jueza Ballester, como mínimo, de un paso al costado. Lucio perdió la vida de la peor manera, pero quién sabe cuántos niños más se encuentran en peligro en este mismo instante por el accionar de esta jueza”.

Además de la Fundación “Más Vida”, el abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, también apuntó contra la magistrada. “La tercera asesina (de mi nieto) es Ana Clara Pérez Ballester, una jueza de minoría de General Pico. Acá hay tres asesinas: 2 son las que lo mataron a Lucio y una que lo entregó en bandeja de oro para que lo mataran. Esta jueza aún sigue en función, haciendo macanas igual, pero no tiene empatía ni corazón. Pertenece a los ‘colectivos verdes’ radicales”, aseguró Dupuy en diálogo con Radio Mitre.

Además, el abuelo del niño de 5 años aseguró que desde el asesinato de Lucio, Pérez Ballester nunca se comunicó con la familia para darles explicaciones. “En un año y dos meses que llevamos este proceso de Lucio jamás me la crucé. Hasta el día de hoy no me ha dado la cara y le he pedido una explicación de por qué revocó la tenencia. Él (Lucio) estaba bien acá en General Pico y ella se los entregó a estas asesinas para que lo mataran”, sostuvo.

El 1° de febrero de 2021, dos meses después de que la magistrada Pérez Ballester accedió a que Esposito Valiente y Páez se quedaran legalmente con la tenencia de Lucio, el nene ingresó al Hospital Evita con golpes en todo su cuerpo. Semanas más adelante, el 23 de marzo de 2021, Lucio fue atendido en el mismo sanatorio por una “deformidad en su dedo con una fractura ósea”. De hecho, en varias fotos con su madre y la novia de ella, se ve a Lucio con un yeso en la mano derecha. A los ocho, el 21 de noviembre de 2021, murió.

Tras el crimen, la madre de Lucio y su pareja fueron detenidas en su casa de la calle Allan Kardec y trasladadas la seccional 6ª de Santa Rosa. Tres días más tarde, se tomó la decisión de alojarlas en el Complejo Penitenciario N°1 de la provincia de San Luis, como medida de prevención ante la posibilidad de manifestaciones violentas.

Este jueves 2 de febrero, a las 12 del mediodía, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si Espósito Valenti y Páez son “culpables” o “no culpables” del delito de “homicidio calificado y abuso sexual ultrajante”.

La madre de Lucio, Magdalena Espósito (derecha), y su novia, Abigaíl Páez (izquierda), enfrentan la posibilidad de una prisión perpetua
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Crimen de Lucio: la sentencia

Este jueves, se conocerá -mediante una audiencia- la sentencia en la causa caratulada como homicidio calificado y abuso sexual ultrajante. A partir de esta sentencia, en una posterior audiencia del juicio, se develará la pena que deberán cumplir las acusadas en tan aberrante caso.

Si el tribunal encargado de definir el veredicto, toma como válidos los argumentos de la Fiscalía, la sentencia correspondiente será la de prisión perpetua.

En la audiencia final se dará a conocer el veredicto a través de la lectura del documento, a la cual asistirá la prensa además de las partes. Aunque aún no se ha confirmado si las acusadas estarán presentes en la lectura o aguardarán en el penal de San Luis a conocer la sentencia.

A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.

Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado «Ley Lucio».

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