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DESABASTECIMIENTO

17 de febrero de 2021

La Secretaría de Comercio Interior imputó hoy a 11 grandes firmas proveedoras de artículos de consumo masivo de retener volúmenes de producción o falta de entrega, tras encontrar desabastecimientos puntuales en supermercados y comercios.

Las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian fueron imputadas al advertir retenciones en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

La acción se realizó «luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020», informó Comercio Interior en un comunicado.

En declaraciones a la prensa al término de la reunión del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que si bien el Gobierno nacional apuesta por el diálogo, esa actitud «no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes».

El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de «desabastecimientos puntuales de algunos productos» en supermercados.

«Cuando se requirió por qué no estaba el producto: se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la secretaría detectó una reducción del volumen de producción» por parte de las empresas proveedoras, explicó Kulfas.

El ministro también señaló que las compañías tienen «posibilidad de descargo» y subrayó que «Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos» y el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.

En tanto, varias de las firmas imputadas consultadas por Télam respondieron que todavía no recibieron ningún aviso oficial al respecto, y hasta tanto no suceda no se van a referir a la cuestión.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró por su parte que la medida tiene «el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores».

En declaraciones a Radio Nacional, la economista indicó que el Gobierno desarrolla «una serie de imputaciones a empresas por no producir a su máxima capacidad», tras encontrar «faltantes en góndolas en productos como aceites, aderezos, arroz, lácteos, pan lactal o detergentes, entre otros».

La acción se ampara en la mencionada Resolución 100/2020 que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y «tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados».

La semana pasada, entre el lunes y el jueves, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, realizaron 174 inspecciones que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos.

Durante las fiscalizaciones realizadas en empresas de insumos, comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados, «se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos», indicó el área que conduce Español.

Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, «se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos», precisó Comercio Interior.

En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, «se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado».

En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, «se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes».

La panificadora y elaboradora de pastas Fargo «también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades».

En aceites, la empresa local Aceitera General Deheza (AGD) «acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones».

De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata «se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites».

En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, «también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas».

Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini «no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo».

«Las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite ante la subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020», remarcó Comercio Interior.

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Embargarán cuentas bancarias a deudores morosos

La Justicia podrá embargar las cuentas bancarias de las personas que no hayan pagado sus deudas con el banco o las tarjetas de crédito, así como también los préstamos solicitados en billeteras virtuales.

De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, un juez tiene la potestad de ordenar un embargo de parte del salario, si el cliente no cumple con las obligaciones financieras.

Sin embargo, ni las entidades financieras ni las fintech pueden retener el dinero por su cuenta, dado que se tienen que cumplir una serie de condiciones que habilitan la deducción.


De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo y el Decreto 484/87, se pueden embargar cuentas bancarias si existe previamente un proceso judicial y una orden emitida por el juez.

No obstante, el decreto establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y fija porcentajes para el excedente que supera ese límite.

Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Desde septiembre, embargarán parte del sueldo de las personas que no hayan pagado sus préstamos o deudas con el banco y billeteras virtuales
Según la Ley 27.230, los embargos que afecten el salario deben llevarse adelante ante el empleador.

Sera él quien deba informarle al trabajador dentro de las 48 horas de emitida la resolución y no por medio de alguna llamada de un acreedor.

¿Cuánto pueden retenerse del sueldo en un embargo?
La Ley establece que las remuneraciones son inembargables hasta el equivalente al SMVM. Sobre el resto del monto, se le aplicará los siguientes porcentajes:

Cuando el sueldo supera el salario mínimo, pero no llega a dos, se puede embargar hasta el 10% del excedente.
Cuando supera los dos SMVM, se puede embargar hasta el 20%.
En agosto 2026, el Salario Mínimo, Vital y Móvil corresponde a un monto de $ 376.600. Este monto será fundamental para determinar las partes del sueldo que quedarán protegidas frente a un embargo por una deuda común.

¿Qué hacer si me embargan la cuenta sueldo?
La persona debe revisar el recibo de sueldo y verificar qué juzgado, expediente y acreedor figuran en la documentación correspondiente para corroborar que sea justa la retención.

Si se desconoce la deuda o se considera que ya prescribió, puede recibir asesoramiento judicial para su tratamiento. El Cronista

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Malvinas: causa nacional

 El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, encabezaron una visita de trabajo a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, para recorrer el predio donde se levantará la nueva Base Naval Integrada, infraestructura clave para el posicionamiento del país en el extremo austral, en medio de las tensiones con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios nacionales evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que requerirá el desarrollo de la obra.

En el marco de la agenda en la provincia atlántica, Quirno y Presti mantuvieron una reunión institucional con el gobernador fueguino peronista, Gustavo Melella, y la vicegobernadora, Mónica Urquiza.

El evento tuvo lugar en la sede de la Gobernación y durante la reunión, tal como informaron fuentes oficiales, “abordaron el proyecto de la Base Naval Integrada y el gobernador manifestó su predisposición para colaborar con la iniciativa”.

"Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía", escribió el gobernador Melella en su cuenta de X. 

Y agregó: "La Base Naval Integrada es una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico".

Otro dato: el oficialismo destacó el acompañamiento de la vicemandataria provincial en la sesión de junio del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el país cosechó un respaldo internacional al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Posteriormente, los funcionarios se trasladaron al predio de la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición a cargo de la Armada Argentina en la que se presentó el proyecto y se detallaron sus principales características.

Quirno aprovechó la ocasión para subrayar que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia el territorio antártico y la revalorización de los activos estratégicos de la Nación.

La Base Naval Integrada está proyectada como un polo logístico y operativo estratégico para el Atlántico Sur y como apoyo a la proyección argentina hacia la Antártida, iniciativa que contempla además funciones vinculadas al desarrollo de actividades científicas en la región, destacó Presidencia en un comunicado.

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Las importaciones ya abastecen el 70% del mercado textil


El mercado textil argentino se abastece en un 70% de importaciones y el sector denuncia “competencia fraudulenta”, exigiendo condiciones de comercio justas, en medio de la caída en la actividad y el bajo uso de la capacidad instalada.

Los cambios en la política comercial que impulsó la administración de Javier Milei favoreciendo el mayor ingreso de productos del exterior no están siendo compensados por mejoras en las condiciones económicas de la industria local.

Al respecto, la Fundación Pro Tejer manifestó que “el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina”.


En este marco, recordó que “históricamente el mercado interno se abastecía en partes iguales por producción nacional e importaciones”, pero advirtió que “en la actualidad, las importaciones ya explican cerca del 70% del mercado”.

En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron 177.356 toneladas y US$911 millones, cayendo 20% interanual en cantidades y 5% en valores, pero “esta caída no es pareja”.

La contracción concentra en los primeros eslabones de la cadena: materias primas (-33%), hilados (-43%), tejidos planos (-52%) y tejidos de punto (- 34%), lo que es “reflejo de la menor actividad y el exceso de oferta en el mercado local”, según Pro Tejer.

En sentido contrario, las importaciones de productos finales continúan en niveles récord histórico: indumentaria creció 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que confecciones para el hogar (sábanas, toallas, etc.) aumentó 26% en toneladas y 7% en dólares.

Ante este contexto, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) advirtió sobre la "competencia fraudulenta" señalando que las rebajas impositivas y los procesos de desburocratización de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones.

En contraste, remarcaron que “la producción nacional sigue enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo, al tiempo que compite con plataformas como Shein y Temu, que comercializan productos sin pagar aranceles”.

Respecto al comercio exterior, FITA subrayó que el sector textil argentino siempre ha competido, destacando la firma reciente de una declaración conjunta con entidades del Mercosur y Europa para el acuerdo birregional, así como gestiones para avanzar en la apertura comercial con Estados Unidos.

Sin embargo, aclararon que la problemática actual no radica en la apertura, sino en la subfacturación de importaciones, donde más del 70% de los productos ingresa a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal.

Ante esta situación, desde FITA reclamaron el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior y el restablecimiento de condiciones de competencia justa para recuperar el desarrollo industrial

Las distorsiones generadas impactan de lleno en el sector formal, registrándose una caída de la producción textil en el primer semestre del 24,4% respecto a 2025 y 34% respecto a 2023, sumando a que el uso de la capacidad instalada fue de 39%. Esto implica que 6 de cada 10 máquinas están paradas en las fábricas textiles.

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