Ciudad
Los colegios católicos marchan hacia la presencialidad cuidada
10 de febrero de 2021
De esta manera la Junta Regional de Educación Católica de la Diócesis de Mar del Plata, se pone en camino de escuela presencial. Se ratifica además el mensaje de la Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, en el que los obispos resaltan que “la presencialidad es, objetivamente, el modo más adecuado para educar”.
En la jornada de trabajo que estuvo presidida por los integrantes de JuREC Mar del Plata junto a Representantes Legales, se analizaron las distintas resoluciones que se reciben para la vuelta a clases, quedando a la espera de nuevas directivas que llegarán en los próximos días y que serán la guía a seguir para el comienzo del Ciclo Lectivo 2021 en Inicial, Primaria y Secundaria para los Jardines y Colegios Episcopales de la diócesis de Mar del Plata.
El encuentro se realizó en continuidad al documento publicado por los obispos de la Argentina, resaltando en todo momento la importancia de la presencialidad y el rol de los docentes.
A continuación, el Comunicado Completo de la Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina:
Nos dirigimos a todos los protagonistas de la misión educativa: alumnos, docentes, directivos, padres de familia, gremios y autoridades, ante la inminencia del inicio de un nuevo ciclo escolar.
En primer lugar, como Iglesia, queremos expresar a los docentes, alumnos y familias nuestra cercanía y agradecimiento. No sólo hacia los que concurren a nuestros centros educativos sino a todos en general por la entrega generosa y sacrificada en la tarea educativa.
El pasado año 2020 ha sido un periodo excepcional y totalmente atípico que ha reclamado un gran esfuerzo creativo y de adaptación frente a la pandemia del covid-19. Este año se presenta de un modo, aún incierto, dado que el tema sanitario aún no está resuelto, lo que conlleva varias dificultades, pero que no deben quitarnos el entusiasmo y la vocación para educar.
Deseamos vivamente que se pueda retornar a las escuelas del mejor modo posible, y teniendo en cuenta todas las medidas de orden sanitario y de adecuación edilicia, de horarios y turnos etcétera.
La presencialidad es, objetivamente, el modo más adecuado para educar. Animamos a las autoridades a implementar todo lo necesario para que esto se pueda dar en las mejores condiciones. Lo necesitan los alumnos, los necesitan las familias, lo necesitan los educadores.
Es necesaria también una continuidad en el proceso educativo y de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que el año pasado muchos alumnos perdieron la continuidad por carencia de medios tecnológicos, o por condiciones socio- económicas, entre otras causas. Pensamos en los sectores más vulnerables de la sociedad. Ellos, más que nadie, necesitan de la Escuela, y que no se vea interrumpido su proceso formativo. Retomar un camino interrumpido no significa recomenzar desde donde se dejó, sino que implica volver hacia atrás para poder retomar el camino. Creemos que es decisivo, y más después de un ciclo como el del pasado año, que se pueda garantizar la continuidad del proceso educativo sin que haya interrupciones que no sean debidas a la situación sanitaria.
Es necesaria la escuela con los alumnos y docentes presentes para garantizar un adecuado proceso de socialización. Las virtudes sociales como la solidaridad, el respeto por el otro, la paciencia, la tolerancia, el saber compartir, necesita de un ámbito de encuentro de las personas. La escuela no sólo brinda conocimientos, sino que forma personas que puedan integrarse plenamente en la vida de la sociedad.
Para garantizar la continuidad tanto del proceso de instrucción, como el de la adquisición de virtudes sociales es necesario que los docentes sean remunerados acorde con la alta responsabilidad que significa ser “maestros” y tengan las condiciones adecuadas para el ejercicio de su vocación. Deseamos que las autoridades públicas hagan los mayores esfuerzos en este sentido, y así los docentes puedan ofrecer a los alumnos, especialmente a los más carenciados, una educación acorde con su dignidad.
La realidad se presenta ardua, difícil; ella hace emerger y esclarecer nuestra talla humana. Pongamos los mejores esfuerzos en esta gran misión que es la educación; lo merecen nuestros niños y jóvenes. No nos dejemos robar la esperanza; frente a las dificultades hagamos salir de nosotros mismos lo mejor, no nos arrepentiremos del sacrificio que conlleva la tarea educativa, el bien que se hace a los educandos cuando un maestro o una maestra dedican su tiempo, su energía, su creatividad, su amor para educar es incalculable, lo testimonian tantos maestros cuando se encuentran con sus ex alumnos que les agradecen lo que por ellos hicieron cuando eran niños o jóvenes.
A todos los protagonistas de la gesta educativa (auténtica gesta nacional) los encomendamos a la protección de Nuestro Señor Jesucristo y a la intercesión de nuestra Madre, la Virgen de Luján patrona de los argentinos.
Ciudad
Municipio denunció una red de cobro ilegal detrás de la ‘Saladita’
El intendente Agustín Neme, presentó una denuncia penal para que se investigue el funcionamiento de la feria denominada 'La Saladita' en la playaa Bristol, tras la aparición de indicios que apuntan a una presunta estructura organizada que habría operado durante 25 años en un espacio público cobrando sumas millonarias en negro. Mientras tanto, los puesteros que operaban en la feria iniciarán acciones legales contra el municipio: "Necesitamos recuperar el espacio de trabajo".
La presentación realizada por el intendente ante la Fiscalía solicita medidas de investigación urgentes a partir de elementos que surgieron en el marco de una causa federal en trámite y de allanamientos realizados el miércoles 15 de abril en el predio de la feria y en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA).
Según se supo por fuentes allegadas al Palacio Municipal, durante aproximadamente 25 años la feria funcionó sobre la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos al momento de los hechos. Sin embargo, lo que ahora se busca esclarecer es la existencia de un circuito paralelo de recaudación.
Testimonios de feriantes, que tomaron estado público en distintos medios de comunicación, dan cuenta de pagos mensuales en efectivo por cifras elevadas para poder ocupar un puesto. De acuerdo con esas declaraciones, los montos iban desde los $ 800.000 fuera de temporada hasta $ 1.500.000 en los meses de verano, con casos que incluso alcanzaban los $ 3.000.000 mensuales.
Los cobros, siempre según la denuncia, eran realizados por personas que se presentaban periódicamente en los puestos, retiraban el dinero en efectivo y, en algunos casos, anotaban los pagos en libretas informales, sin emitir recibos ni facturación.
Para el Municipio, estos hechos revisten particular gravedad debido a que se habrían producido en un espacio de dominio público, donde ningún particular tenía autorización para percibir cánones, y mucho menos hacerlo en condiciones de total opacidad fiscal.
En paralelo, la investigación judicial en curso habría detectado otras posibles irregularidades. Entre ellas, la comercialización masiva de productos que infringirían la Ley de Marcas, con el secuestro de unos 8.000 artículos apócrifos (el principal motor detrás de los allanamientos del pasado miércoles); el manejo de importantes volúmenes de dinero en efectivo; y la existencia de circuitos de provisión de mercadería de origen presuntamente ilegal.
En tanto, en una asamblea que realizaron este viernes los extrabajadores de la Feria de la Bristol con el SIVARA, decidieron iniciar “acciones legales contra el municipio porque la orden judicial hablaba de allanamiento y de decomiso de la ropa de marca copiada pero nadie autorizó el desalojo y la demolición”, según detalló el secretario general del gremio Walter Rivero.
En la reunión se agruparon “entre 150 y 200 trabajadores” que tenían sus puestos para determinar los pasos a seguir con los representantes sindicales. “Queremos saber quién ordenó la demolición de los puestos, que eran de los puesteros, y el desalojo, porque el juez no dijo eso”, argumentó Rivero. Y Adelantó que “iniciaremos acciones legales contra el municipio, la semana que viene, y el lunes a la mañana protestaremos frente al Palacio Municipal”.
A todo esto, solicitaron “una mesa de diálogo con el municipio” con el objetivo de determinar “qué pasará con esta gente que quedó desocupada”.
“Hasta ahora no nos llamó nadie”, reconoció Rivero y especificó que “nosotros defendemos los puestos de trabajo, porque en esta ciudad cada vez hay más hambre y desocupación, entonces cada vez más gente elige salir a vender a la calle antes de salir a robar”.
Ciudad
Portada digital del día 18/4/2026
Ciudad
Piden dclarar la emergencia de seguridad vial
En el marco de la última sesión del Concejo Deliberante, el
concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, presentó una
cuestión previa donde expuso la alarmante situación de la seguridad vial en
el distrito.
Ante el incremento sostenido de víctimas fatales y lo que calificó
como un “apagón estadístico” por parte del municipio, el edil anunció que
presentará un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad Vial.
Las cifras presentadas por García revelan una tendencia en ascenso que no
encuentra techo. Según los datos recolectados, las muertes por siniestros vialesvienen escalando de manera drástica: 2023: 40 muertes, 2024: 47 muertes, 2025: 75 muertes (un incremento del 85% con respecto a 2023), 2026: En solo 106 días, ya se contabilizan 26 fallecidos, un promedio de
una muerte cada cinco días
Además, el concejal subrayó que el 85% de los siniestros fatales del 2025
involucraron motocicletas, afectando principalmente a varones jóvenes.
La situación se traslada directamente a los pasillos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de ingresos por lesiones. Entre diciembre de 2024 y 2025, se atendieron 2.255 personas, lo que representa casi el 40% de todas las lesiones en guardia.
A este escenario se le suma la falta de transparencia oficial. El edil denunció un “apagón estadístico”, señalando que el Observatorio de Segurida Vial dejó de publicar informes actualizados: el último disponible data del año 2023 y el informe 2024 ni siquiera está terminado. “Sin datos no hay política pública; el Estado dejó de medir el problema que tiene que resolver”, destacó.
Uno de los puntos más fuertes de la intervención fue el análisis de la ejecución presupuestaria de 2025 en el área de mantenimiento de semáforos. Mientras la infraestructura urbana muestra un deterioro visible y las columnas se caen por falta de mantenimiento, los números oficiales del EMVIAL reflejan una falta de prioridad política absoluta: presupuesto asignado de más de 433 millones de pesos; y una ejecución real de ese presupuesto de apenas 4,7 millones de pesos. Es decir, solo se ejecutó el 1% del presupuesto destinado a que los semáforos funcionen.
“No es falta de recursos, es una decisión política de no ejecutar”, afirmó García, quien también criticó la falta de señalización, la ausencia de controles de alcoholemia desde el verano y la nula inversión en campañas de prevención, a pesar de los ingresos provenientes de las fotomultas.
En este punto, el edil reclamó “tolerancia cero” en el uso de casco para motociclistas y ciclistas, advirtiendo que los golpes en la cabeza son mortales o dejan secuelas de por vida.
“No se están llevando adelante acciones para cambiar conductas; hoy tenemos miles de siniestros que derivan en lesiones graves y secuelas físicas permanentes”, señaló.
“Acá no se le puede echar la culpa a nadie, es un problema municipal que tiene que resolver el Estado local, no hay manera de no hacerse cargo”, remarcó. Ante la gravedad de los indicadores y la urgencia de establecer prioridades claras, García confirmó que elevará un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad Vial en todo el Partido.
El concejal fue categórico al señalar que la medida busca revertir un ciclo de abandono donde el Estado municipal “no planifica ni ejecuta”, dejando a los vecinos desprotegidos frente a un riesgo que crece de forma exponencial:“Esta situación no da para más, es necesario tomar decisiones de fondo para cuidar a los marplatenses y batanenses”.
Para finalizar, el edil de Unión por la Patria advirtió que el fracaso de las políticas actuales tiene un costo humano directo: “Cuando el Estado falla en su rol preventivo y ordenador, lo que crece no es la gestión, sino el número de víctimas fatales en nuestras calles”.
Prensa Unión por la Patria
