El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 presentarán ante el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, el Proyecto de Ordenanza para la creación del Consejo Local de Hábitat.

El objetivo de la iniciativa es generar un ámbito de participación y articulación para debatir el rol del Estado, las instituciones y la comunidad en la construcción de ciudades más justas, inclusivas y democráticas.

El presidente del Colegio de Técnicos Distrito 5 MMO, Diego Haag, y el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires D9, Arq. Diego Domingorena, tramitarán personalmente el ingreso formal del proyecto este jueves, 30 de abril, a las 9.30, por mesa de entradas del cuerpo deliberativo.

El “Anteproyecto de ordenanza de creación del Consejo Local de Hábitat, Vivienda y Derecho a la Ciudad de General Pueyrredon” fue presentado originalmente en 2024, a partir de la adhesión del Municipio de General Pueyrredon (por ordenanza N°22.014/2014) a la Ley provincial 14.449, sancionada en 2012. La norma  pone el foco en el déficit urbano habitacional y vincula las políticas de vivienda con los procesos de producción y crecimiento de las ciudades.

En el marco del proceso de implementación local de la ley, la propuesta busca “garantizar una gestión democrática de la ciudad, entendida como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa, deliberante y autogestionada de la comunidad, en particular de las organizaciones sociales que promueven el acceso al hábitat y a la vivienda” a través de un Consejo Local de Hábitat, Vivienda y  Derecho a la Ciudad, que actuará como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Departamento Ejecutivo Municipal en materia de planificación urbana, servicios públicos, infraestructura, hábitat y vivienda, a fin de fortalecer el cumplimiento de los objetivos, la protección de los derechos y la eficacia de las políticas consagradas en la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

El gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que Ansés abonará en mayo de 2026. La medida apunta a reforzar los ingresos frente al impacto de la inflación.

El Poder Ejecutivo publicó la decisión en el Decreto 292/2026 en el Boletín Oficial y definió los alcances del beneficio, que se liquidará automáticamente junto con los haberes de mayo. El beneficio se otorgará por titular y solo a prestaciones vigentes durante el mes de liquidación.

En el caso de pensiones con copartícipes, el organismo considerará el beneficio como un único titular para calcular el monto total.

El Ejecutivo implementa este refuerzo como parte de su política para sostener el poder adquisitivo de los ingresos previsionales. El bono complementa la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes según la inflación.

La medida entró en vigencia el 28 de abril de 2026 y forma parte del esquema de actualizaciones mensuales que aplica el sistema de seguridad social.

El bono alcanza a jubilados y pensionados del sistema previsional, incluidos los beneficiarios de prestaciones contributivas, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las pensiones no contributivas por invalidez o vejez y las madres de siete hijos o más.

El monto máximo será de $70.000, pero ANSES ajustará el pago según el ingreso de cada beneficiario.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el bono completo. En cambio, quienes superen ese haber percibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope equivalente a la mínima más el refuerzo.

Cuánto cobran las diferentes prestaciones de Ansés
El esquema de movilidad previsional aplicará en mayo un aumento estimado del 3,4%, en línea con la inflación informada por el Indec.

Con esta actualización, la jubilación mínima subirá a $393.174,10 y sumado con el bono, el ingreso total alcanzará $463.174,10.

El ajuste también impacta en otras prestaciones:

PUAM: de $314.539,28 asciende a $384.539,28 con el bono
Pensiones no contributivas: $275.221,87 asciende a $345.221,87 con el bono
Madres de siete hijos: $393.174,10 asciende a $463.174,10 con el bono
AUH: $141.285,31 por hijo
AUH por discapacidad: $460.044,10

La Unión Europea activó el Sistema de Entrada/Salida (EES), un modelo digital que transforma el control migratorio en el espacio Schengen. El esquema reemplaza los sellos tradicionales en pasaportes por un registro automatizado con datos biométricos.

El sistema se aplica a viajeros sin ciudadanía europea que ingresan por estadías cortas, de hasta 90 días. En cada cruce de frontera, los turistas deben utilizar kioscos de autoservicio que capturan información personal, huellas dactilares e imagen facial.

El EES comenzó a operar plenamente el 10 de abril y registra cada ingreso y egreso en una base de datos que conserva la información durante tres años, salvo renovación del pasaporte.

El EES funciona en 29 países: 25 miembros de la Unión Europea y cuatro asociados al espacio Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Entre ellos figuran Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Grecia, entre otros. Sin embargo, naciones como Chipre e Irlanda quedan fuera del sistema y mantienen el sellado manual de pasaportes.

Cuáles son los datos personales que solicita el nuevo sistema

El requisito aplica a turistas y viajeros de negocios provenientes de países fuera de la Unión Europea, incluidos los de América Latina, Asia y África.

Al momento de ingresar al espacio Schengen, el EES captura:

• Nombre y apellido
• Número de pasaporte
• Fecha y hora de entrada y salida
• Punto de ingreso y egreso
• Fotografía facial
• Huellas dactilares
• Antecedentes de ingresos denegados

Quedan exceptuados ciudadanos europeos, residentes con permisos vigentes, familiares directos de ciudadanos de la UE, participantes de programas oficiales, tripulaciones y personal militar.

Desde la Comisión Europea señalaron que el sistema moderniza los controles fronterizos, agiliza el tránsito de pasajeros y mejora la trazabilidad de los movimientos dentro del espacio Schengen. Además, permite prevenir la inmigración irregular y detectar el uso de identidades falsas.

En los primeros días de implementación, las autoridades rechazaron el ingreso de unas 24.000 personas por irregularidades en la documentación o falta de justificación del viaje. También identificaron más de 600 casos considerados riesgos potenciales para la seguridad.

El arranque del sistema generó demoras en algunos aeropuertos, aunque las autoridades prevén una normalización progresiva a medida que se consolide su uso.