En los últimos días recorrió los medios de comunicación de todo el país la noticia de que en una carnicería de Chubut se comercializó carne de burro. Con un precio de venta de $7.500 por kilo, la novedad generó controversias propias de una población que no está acostumbrada a escuchar sobre el consumo de carne de burro.

A pesar del debate sobre el consumo de esa carne en sí, lo que se generó fueron las dudas sobre la legalidad de la faena y posterior comercialización de la carne de burro. El marco regulatorio, en ese sentido, funciona como el cuello de botella que separa el proyecto original de los criadores de burros de su plena operatividad comercial.

El desafío regulatorio: el frigorífico que no existe
Uno de los obstáculos centrales que enfrenta el proyecto de la producción de carne de burro es de carácter normativo. En Argentina no existe una tradición de consumo de carne equina en el mercado interno. Los mataderos que trabajan con caballos lo hacen exclusivamente para exportación, donde la carne es muy requerida.

Julio Citaddini es quien está detrás del proyecto en cuestión, y quien cría los burros con destino a consumo. Lo cierto es que esta novedad es sólo una prueba piloto, en la que se ensayó con la faena de algunos burros que se comercializaron en una carnicería puntual de Trelew. El permiso para que esta operación se lleve a cabo fue otorgado de forma provisoria por la provincia de Chubut, con el objetivo de pensar el consumo como una alternativa a futuro. Claro está que la faena y la comercialización pasó por todos los controles sanitarios, como de cualquier otra especie animal.

Descartando así el carácter de ilegal, la pregunta que surgió luego tiene que ver con la posibilidad de que esta experiencia escale y llegue a carnicerías de todo el país. Ahí la cuestión es muy distinta. Como cualquier otro caso, para que la carne pueda salir del territorio de Chubut, requiere de un permiso de tránsito federal, que es un trámite largo y engorroso, ya que se deben habilitar plantas de faena para tal fin, cosa que no es tan sencilla. El ejemplo de esto es lo que ocurre en Santa Cruz con el guanaco, especie que se faena internamente para consumo y no puede exceder los límites provinciales por no contar aún con plantas frigoríficas habilitadas para tránsito federal, lo que está ahora en proceso.

Conclusión sobre el marco legal para la comercialización de carne de burro
La faena y comercialización de carne de burro en Argentina no es ilegal en sí misma, pero está fuertemente condicionada por vacíos regulatorios y limitaciones operativas. En el caso analizado, la experiencia piloto en Chubut contó con permiso provincial provisorio y controles sanitarios, por lo que se encuadra dentro de la legalidad a nivel local.

Sin embargo, el principal obstáculo es normativo: no existen frigoríficos habilitados para tránsito federal para esta especie, lo que impide su comercialización fuera de la provincia y limita su escalabilidad. En síntesis, es una actividad legal pero restringida, con un marco regulatorio aún insuficiente para su desarrollo a nivel nacional.

Burros Patagones: el origen del proyecto
Esta historia comienza en los campos del sur argentino, donde la producción ovina lleva décadas en retirada progresiva. La idea del proyecto, según explicó el propio Cittadini, surgió a raíz del abandono creciente de campos ovinos en la región. La realidad, según sus palabras, es que más allá de la propaganda institucional en defensa de la actividad, la producción ovina "ha quedado absolutamente de lado" y en poco tiempo el país podría quedarse sin ovejas.

Los números respaldan esa percepción. El país pasó de tener 74 millones de ovinos a fines del siglo XIX a poco más de 12 millones en 2024, mientras que Chubut —que concentra el 25% del rodeo nacional— cayó de un pico de 6,4 millones de cabezas en 1978 a 2,98 millones en 2025, una baja del 54%.

La combinación de baja rentabilidad, distancias enormes, altos costos logísticos, degradación del suelo y avance de depredadores empujó a muchos ganaderos a abandonar sus campos o reconvertirse. Y fue precisamente en ese vacío productivo donde Cittadini encontró su oportunidad.

La clave, según el productor, está en la adaptabilidad del burro al ecosistema patagónico, algo que las razas ovinas tradicionales —y mucho menos el ganado bovino— no pueden garantizar en esas condiciones climáticas y con la baja disponibilidad de pasturas propia de la estepa.

Con ese diagnóstico como punto de partida, Cittadini creó el emprendimiento que bautizó "Burros Patagones", radicado en su estancia ubicada en la zona de Punta Tombo, en Chubut. Al momento de los primeros reportes públicos sobre el proyecto, el productor contaba con unos 100 animales, de los cuales 70 eran hembras reproductoras adquiridas en Buenos Aires y Río Negro.

La intención declarada era, desde el principio, realizar una selección genética orientada a la producción cárnica: entre las distintas razas y biotipos existentes en el país —donde las líneas de sangre se entremezclaron históricamente— Cittadini buscaba identificar y concentrar aquellos animales con mayor aptitud carnicera.

Casi un año después de los primeros reportes públicos sobre el proyecto, el rodeo había crecido. Para abril de 2026, Cittadini manejaba 150 burros en su estancia de Punta Tombo y se mantenía confiado no solo en el valor nutritivo de esta carne, sino también en su potencial como alternativa productiva concreta frente al colapso ovino del sur del país.

El productor también describió en detalle las cualidades del producto que busca llevar al mercado. Según sus propias palabras, la carne de burro es "muy interesante, de muy buen sabor y muy buena calidad", y consideró que, si estuviera disponible en las carnicerías, la gente podría consumirla en principio por curiosidad y luego por su aporte nutricional. En su comparación, la posicionó incluso por encima de la carne de guanaco, que atraviesa un auge en la región.

Desde el principio, el proyecto contempla un segundo flanco comercial de alto valor, más allá de la carne: el cuero del burro y un subproducto derivado de él que tiene enorme demanda en Asia. Se trata del ejiao, una especie de gelatina ampliamente utilizada en la medicina tradicional china, para la cual existe un déficit de miles de toneladas a nivel global.

Cittadini sostuvo que la exportación de ese producto está "potencialmente asegurada" por ese déficit y que, en una primera etapa, el volumen disponible ni siquiera alcanzaría para abastecer a la comunidad china radicada en Argentina. La visión de largo plazo del productor contempla, una vez alcanzada una masa crítica de animales con la incorporación de otros ganaderos, la industrialización del cuero para producir ejiao a escala exportable.

A pesar de las restricciones, Cittadini decidió dar un paso concreto hacia el mercado. Programó para este 16 de abril una degustación gratuita en la parrilla Don Pedro, un local conocido en la zona de Trelew, donde se ofrecerá asado de tira, empanadas y chorizos, todos elaborados con carne de burro. (IProfesional)

Universidades privadas de todo el país se expresaron en favor de la propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia, para impulsar que se aplique una metodología de mayor transparencia para elegir nuevos jueces.

“La calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles”, afirmaron los rectores en un comunicado.Noticias Relacionadas

“Desde el ámbito universitario valoramos, especialmente, que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura”, añadieron.

El máximo tribunal de la Nación presentó en marzo último una iniciativa, con la firma de dos de sus tres integrantes, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, denominada “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados”.

La propuesta modifica las modalidades de trabajo del Consejo de la Magistratura -el órgano que selecciona a los nuevos jueces-; quedó aprobada mediante la acordada 4/26 con fecha del 25 de marzo pasado, y fue presentada días después en una conferencia de prensa.

Según trascendió de fuentes judiciales, el tercer miembro de la Corte, su presidente Horacio Rosatti, no suscribió el proyecto por ejercer actualmente la titularidad del Consejo de la Magistratura.

El proyecto, ahora respaldado por los rectores universitarios, busca eliminar cualquier discrecionalidad o injerencia política en la designación de los jueces o al menos reducirla a su mínima expresión.

El texto lleva la firma de los siguientes rectores: Andrés Aguerre, de la Universidad Católica de Córdoba; Carlos Salvadores de Arzuaga, de la Universidad del Salvador; Eduardo Sisco, de la Universidad Museo Social; Federico Fanjul, de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; y Gastón O´Donnell, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

También lo suscribieron Héctor Sauret, de la Universidad de Concepción del Uruguay; José Luis Ghioldi, de la Universidad de Belgrano; Juan Carlos Mena, de la Universidad FASTA; María Laura Simonassi, de la Universidad Católica de Cuyo; Martín De Palma, de la Universidad Católica de Santa Fe; y Norberto Porto Lema, de la Universidad de Morón.

Firmaron además el escrito en apoyo a la Corte Paulo Falcón, de la Universidad CAECE; Ricardo Popovsky, de la Universidad de Palermo; Rita Gajate, de la Universidad Católica de la Plata; y Tomás Guillermo Rueda, de la Universidad Blas Pascal. (NA)

El Gobierno nacional confirmó que la empresa estatal bonaerense Aubasa fue excluida de esta etapa II de la Red Federal de Concesiones, el proceso licitatorio "destinado a modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional mediante inversión 100% privada"

Cabe recordar, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, explicó que enviaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de la Defensoría del Pueblo (tanto nacional como provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, era garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo Katopodis en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

Según informó este miércoles la Secretaría de Transporte de Nación, “luego de haber concesionado la Etapa I, se está avanzando en la licitación de la Etapa II A, para concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales. Esta etapa consta de 2 tramos, el Sur Atlántico - Acceso Sur de 1.325,17 km entre las RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ricchieri (sic), etc.; y el Pampa de 546,65 km (RN 5)”. Para la concesión de los 1.325,17 kilómetros del Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur (RN 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el sur provincial, RN 205, RN 226, y accesos críticos como la Autopista Ricchieri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, y Autopista Newbery), “se recibieron diez ofertas, de las cuales seis fueron aprobadas y cuatro rechazadas”: una de ellas, Aubasa.

Y en el contexto de críticas del gobierno bonaerense, desde Nación dieron los detalles de por qué fue excluida la empresa de la Provincia. “Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”.

El texto da los argumentos oficiales que justificarían la exclusión de Aubasa: “En primer lugar, una de las exigencias esenciales de la licitación es acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras”. De acuerdo con el comunicado de Nación, “el requisito apunta a que se trate de una empresa que ejecute efectivamente las obras por sí misma, y no de contratistas que las tercericen”. Así, dice el Gobierno, “la documentación presentada por Aubasa da cuenta principalmente de tareas de operación, pero no acredita la ejecución material de obras con recursos y estructura propia, en los términos exigidos por el pliego”.

Por otro lado, como segundo argumento, “se verificó un incumplimiento de los requisitos económico-financieros establecidos. El pliego fijó indicadores objetivos de endeudamiento y solvencia con el fin de asegurar que las empresas cuenten con respaldo económico suficiente para asumir el riesgo integral de la concesión sin recurrir a asistencia estatal. En este caso, los ratios presentados por Aubasa superan ampliamente los límites definidos, con un endeudamiento de 3,75 superando el límite establecido de 1,50, evidenciando una situación de fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso”.

Según Nación, “se brindó a la empresa la posibilidad de complementar y aclarar la documentación presentada, en línea con el principio de concurrencia y de igualdad de trato. Sin embargo, las observaciones técnicas y económico-financieras no pudieron ser revertidas”.

Por último, dice el texto, “la empresa no presentó el balance contable-financiero como corresponde”. “Cabe destacar que los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional. En este sentido, otras empresas también fueron excluidas por no cumplir con los parámetros técnicos y financieros exigidos, lo que reafirma el carácter objetivo, transparente y no discrecional del proceso de evaluación”.

Dados sus argumentos, además el Gobierno plantea que “Aubasa no impugnó en ningún momento los Pliegos durante la etapa correspondiente, lo que implica la aceptación plena de las condiciones establecidas. Sin embargo, posteriormente formuló observaciones sobre las ofertas de otros participantes invocando una normativa que no resulta aplicable al procedimiento”.

Según denunció Katopodis la semana pasada, las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

La empresa pública provincial había formalizado su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de Aubasa, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.