8 de diciembre de 2020

 “Llegaron 18 patrulleros como si el bar fuera un casino clandestino o si hubiese droga. Si Mar del Plata tenía un problema, acá había 18 patrulleros” repetía una y mil veces Matías Merlo, propietario del bar de la calle Alem, tratando de entender la desmesura del operativo que rodeó la clausura de su comercio por la inconcebible razón de vender pintas de cerveza de 500 cm3 cuando la ley pone un tope de 350 cm3. Y también se mostró molesto con la medida después de “10 años intachables, sin una multa y sin una sola clausura”.

La verdad es que la imagen que daban las fuerzas de seguridad y los funcionarios  provinciales presentes hacía suponer al distraído transeúnte que allí se escondía una peligrosa gavilla con captura internacional o que había ocurrido un crimen de esos que se mantienen en los titulares de los medios durante varias semanas.

Nada más lejos de la realidad: en un momento en el que el Estado debería sostener a los comerciantes –con el límite que marca no permitir graves irregularidades, lo que no es el caso que nos ocupa– alguien resolvió destinar todos esos medios y esfuerzos a clausurar un negocio, que además es dador de fuentes de trabajo, en base a una reglamentación que además fue declarada inconstitucional por un fallo del Departamento Judicial de Bahía Blanca no hace mucho tiempo.

El propio intendente Guillermo Montenegro sostuvo horas después que el procedimiento le pareció «desmesurado». En su cuenta de tweeter publicó «Quiero aclarar que la clausura a  @Tikibarmdq no fue realizada por el Municipio y que considero desmedida la sanción, más aun en un año tan difícil en el que es imprescindible que acompañemos a los trabajadores y los sectores productivos de nuestra ciudad».

Las autoridades tiene en sus manos los elementos para corregir el abuso y además investigar que es lo que realmente ocurrió. A veces no basta con los diagnósticos.

No hay otra interpretación posible. Lo ocurrido en el Tiki Bar, además de ser un pésimo mensaje para quien quiere invertir en la ciudad, es de una desmesura imposible de explicar si no es poniendo en evidencia que no se trató de una inspección de oficio ni mucho menos. Y que requiere una necesaria explicación de las autoridades provinciales que ordenaron el ridículo despliegue de personal y medios para proceder a la clausura.