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La pobreza llega al 44,2 %
3 de diciembre de 2020
Según un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza al cierre del tercer trimestre del año, por encima del 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019.
“Bajo el escenario de crisis Covid-19, las capacidades monetarias de los hogares experimentaron un deterioro abrupto y pronunciado, con efecto regresivos sobre la pobreza y la indigencia”, señaló el informe de la UCA.
“El nuevo escenario paralizó aún más la inversión, los consumos y la demanda de empleo en la economía formal, a la vez que frenó toda expectativa de reactivación, afectando especialmente a la pequeña y mediana empresa, profundizando la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social”, agregó la casa de Altos Estudios.
Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), entre julio y octubre 34,9% de los hogares y 44,2% de las personas se encontraban bajo la línea de la pobreza, y 7,3% de los hogares y 10,1% de las personas eran indigentes, los porcentajes más altos de la década.
Al respecto, el director del Observatorio Social de la UCA, Agustín Salvia, dijo que “sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%”.
Remarcó que estos guarismos son “parte de un proceso que lleva diez años de estancamiento, con tres años de caída”, entre 2018 y 2020.
“Es necesario un crecimiento económico y un pacto económico-social para crear empleo porque sino no hay posibilidad de salir de la pobreza”, completó Salvia.
Entre 2019 y 2020, 10,3% y 13,7% de las personas cayeron en situación de indigencia y pobreza, respectivamente; y, las ayudas sociales brindaron “un piso mínimo de ingresos” pero fueron “insuficientes” y “no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos”, alertó el informe.
Según la UCA, en los dos últimos años se registró un deterioro tanto en relación a la carencia monetaria como a las privaciones no monetarias, con un incremento de la pobreza por ingresos como de los niveles de pobreza “multidimensional”: de 37,5% a 41% de la población.
Para la UCA, los nuevos pobres provienen principalmente de un grupo de hogares que, si bien en 2019 no eran pobres por ingresos, presentaban condiciones de vulnerabilidad que se manifestaban en privación en al menos una dimensión no monetaria.
Otro aspecto que destacó el trabajo es el “fuerte incremento de la pobreza estructural”, por el incremento en las carencias experimentadas en los hogares, con un aumento de la pobreza multidimensional estructural de 21,4% a 27,3% a nivel de la población.
“Si bien hubo mejoras durante la década, la desigualdad estructural ha aumentado, con mayores déficit y brechas en materia de inseguridad alimentaria, mala calidad del hábitat y déficit en el acceso a agua, energía, servicios de saneamiento y a una vivienda digna”, precisó la UCA.
Por regiones, el informe sostiene que en el Conurbano bonaerense “la pobreza crece casi ininterrumpidamente desde 2013-2014 y evidencia un nuevo salto en la pandemia”.
En términos etarios, al cierre del tercer trimestre de 2020, el 64,1% de los niños/as y adolescentes viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza; al tiempo que el 16% reside en hogares con ingresos que se encuentran por debajo de la frontera de la indigencia.
El informe de la UCA destaca que “las políticas sociales estuvieron presentes en el contexto de crisis Covid-19, no sólo a través de las políticas de transferencias de ingresos, programas de empleo y ayudas alimentarias ya existentes, sino también a través de mecanismos compensatorios implementados en el marco de la pandemia, como ha sido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), bonos extraordinarios a AUH y Tarjeta Alimentar, así como mediante los refuerzos extra realizados en la entrega de viandas y bolsones de alimentos o el retiro de los mismos de comedores comunitarios.
Así, precisa, 47,4% de hogares y alrededor de 55,5% de personas recibió alguna de estas asistencias sociales en 2020, porcentajes que reflejan un crecimiento significativo entre 2019 y 2020.
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Diputados debatirá la baja de la edad de imputabilidad el 12 de febrero
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y tratarlo en el recinto de sesiones el día siguiente.
La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto del Régimen Penal Juvenil, que establece una reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años, informaron fuentes legislativas.
El presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, indicó que la intención es emitir dictamen el miércoles y el jueves tratarlo en el recinto de sesiones, y aclaró que se establecerá la edad de 14 años que fue consensuada el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.
Ritondo formuló estas declaraciones al salir de la reunión que se efectuó entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los bloques de la Cámara de Diputados.
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Conciliación obligatoria
Tras la advertencia del gremio La Fraternidad de avanzar este jueves con un paro de trenes, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y desacivó por esa vía la medida de fuerza.
La decisión se terminó de definir luego de una reunión realizada en el Ministerio de Economía, de la que participaron delegados del sindicato, entre ellos, el secretario general del gremio, Omar Maturano, junto a representantes del área de Transporte, en la que no se llegó a un acuerdo.
Minutos después, llegó la confirmación oficial a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, en el que se informó que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que involucra tanto al sindicato como a las empresas del sector, Operadora Ferroviaria S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Metrovías S.A. y Ferrovías S.A. Concesionaria.
De acuerdo al comunicado oficial, se establece un período de conciliación obligatoria de 15 días, “durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto y garantizar la prestación normal de los servicios, evitando demoras, cancelaciones o cualquier tipo de afectación a los usuarios ”.
Bajo esa misma línea, el Gobierno lanzó además una advertencia directa al sector sindical e intimó a La Fraternidad a “dejar sin efecto las medidas de fuerza dispuestas o anunciadas, así como cualquier otra acción que pueda afectar la normal prestación del servicio”.
La decisión oficial llegó luego de que el sábado el sindicato que nuclea a los maquinistas ferroviarios confirmara que avanzaría con un paro nacional de actividades por 24 horas para este jueves 5 de febrero, una medida que iba a afectar a todas las líneas de pasajeros y a algunos servicios de carga, tras un fallido encuentro con el sector empresarial, en el que las partes ofrecieron un aumento salarial del 2% para diciembre y del 1% para enero.
Desde el gremio reclaman una recomposición salarial por encima de la inflación y advierten que “en lo que va del año estamos perdiendo casi el 35% del salario”. Según cifras que maneja el sindicato, el sueldo básico de un maquinista es actualmente de $1.136.000, mientras que el de un ayudante de conductor ronda los $893.000.
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Piden la liberación de la argentina presa en Brasil por racismo
Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, se encuentra detenida en Brasil por un caso relacionado con racismo. Actualmente, enfrenta el uso de una tobillera electrónica y no tiene acceso a su pasaporte para regresar a Argentina. La fiscalía brasileña ha solicitado su prisión preventiva, mientras que la Fundación Apolo ha solicitado la intervención de la Cancillería Argentina.
El reclamo de la Fundación Apolo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que la imputación es desproporcionada debido a la falta de una condena firme por el cargo de injuria racial. Este incidente se produjo durante sus vacaciones en Río de Janeiro.
Según el documento presentado, Páez fue detenida tras un desacuerdo en un bar del barrio de Ipanema, donde se le acusó de realizar gestos considerados ofensivos.
La detención no solo resultó en la retención de su pasaporte, sino que también se le impuso un dispositivo de monitoreo electrónico que le impide regresar a Argentina mientras avanza la causa.
El reclamo indica que la respuesta del sistema penal brasileño no se ajusta a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que la medida restrictiva fue adoptada sin una evaluación adecuada de alternativas menos gravosas, además de no considerar la condición de mujer extranjera de la imputada.
Además, se destaca que existen registros fílmicos previos al incidente, en los cuales uno de los empleados del bar realizó gestos obscenos hacia ella y su acompañante, conducta que no fue adecuadamente considerada por las autoridades.
El documento argumenta que la abogada fue inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su reacción debería ser entendida en ese contexto, lo que revertiría los roles de víctima y victimaria.
La fundación, liderada por el exlegislador Yamil Santoro, menciona la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Ley 20.957 del Servicio Exterior, destacando que la Cancillería está habilitada para intervenir ante una persecución penal que no cumple con criterios de razonabilidad o debido proceso.
Además, el escrito cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas, que establecen un deber reforzado de protección en casos que involucran a mujeres en contextos de violencia o asimetría.
El texto también critica el uso del caso por parte de las fuerzas de seguridad brasileñas, quienes han difundido imágenes y mensajes en redes sociales oficiales, lo que refuerza una lógica de estigmatización y "mano dura" que es incompatible con la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
La entidad solicita que la Cancillería ejerza activamente la protección consular y considere un reclamo diplomático ante el Estado brasileño para revisar las medidas cautelares impuestas y permitir el regreso de Páez a Argentina.
Por su parte, la justicia de Río de Janeiro ha avanzado en la causa, la cual ha tomado mayor complejidad, y el Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva de la influencer, quien sigue en Brasil. La fiscalía argumenta que la joven "extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido" y la califica de tener una conducta "discriminatoria y ofensiva".NA
