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Fernández envió al Congreso la ley de aborto

17 de noviembre de 2020

Luciendo corbata verde al tono con el anuncio, el presidente Alberto Fernández confirmó que enviará el proyecto oficial de aborto legal al Congreso y reiteró que «el dilema es si los abortos se realizan en la clandestinidad o en el sistema de salud».

«Siempre fue mi compromiso que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad y cuide la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo. El Estado no debe desentenderse de ninguna de estas realidades», resaltó Fernández.

El mensaje completo del Presidente:

Querido Pueblo Argentino: Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente.

A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta Presidencia y al dar inicio a este período parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral.

El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.

Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad.

Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes.

Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa. La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve.

Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública. La legalización del aborto permite además, cómo ocurrió en Ciudad de México y Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan.

Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.

La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.

El debate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino.

Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre.

Por otra parte, el Programa de los Mil Días busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida.

Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Hasta la fecha se perciben 6 mensualidades; con este proyecto se extiende a 9 mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo. Finalmente, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio.

Se preve asimismo la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes. De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica.

Aprovechamos también, para crear el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. El DNI es una herramienta central para el ejercicio efectivo de derechos.

Finalmente, se proponen políticas prioritarias de genero fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.

Cumplo así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario siguiendo las reglas constitucionales. Propongo un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático.

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Milei sale en auxilio de los bomberos

El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos

Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.

Alivio: cuarteles de bomberos recibieron un subsidio millonario por parte de Nación

“Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad.

Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa  cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno.



“Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución.

Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son:
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YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones

Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)

Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.

En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html

El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.

Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.

Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano  de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.

Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en LondresMark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres

El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.

“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.

“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.

Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.

Call con Preska

Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.La jueza de Nueva York Loretta PreskaLa jueza de Nueva York Loretta Preska

Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.

Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.

Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.

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Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores

El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.

“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.

Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.

Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.

Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.

La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.

En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.

Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.

Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.

Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.

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