La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desarticuló maniobras de evasión impositiva y previsional en una cadena de panaderías en localidades aledañas a la ciudad de Santa Fe.

Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron que la firma omitió declarar ventas por al menos $29 millones anuales. El operativo desplegado en esa provincia fue llevado adelante de manera conjunta entre la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).

Los procedimientos de la DGI y la DGRSS se focalizaron en seis establecimientos dedicados a la venta de productos de panadería con servicio de mesa para desayunos y meriendas y en la fábrica donde se elaboran las pastas, panes y bizcochos que luego se comercializan en los locales comerciales. Los inspectores constataron que la cadena emitía comprobantes truchos no avalados por la AFIP. En ese sentido, tampoco contaban con terminales de pago para el abono mediante tarjetas de crédito o débito, a tal punto que en la caja figuraba un cartel que advertía que se aceptaba “Sólo Efectivo” para abonar las compras.

A partir de esta fiscalización presencial, las áreas especializadas del organismo estimaron que la empresa ocultó al menos unos 29 millones de pesos anuales en ventas no declaradas y que quedaban registradas en anotaciones informales fuera de toda norma regulatoria, según pudieron comprobar los agentes que realizaron el relevamiento. El organismo realizará los cálculos para determinar el ajuste sobre los impuestos evadidos tanto en IVA como en Ganancias.

En cuanto a la planta laboral del contribuyente titular del emprendimiento, los inspectores encontraron a 22 trabajadores no declarados, a los cuales les abonaba el salario con parte del dinero evadido.

La AFIP determinará el pago de los aportes y contribuciones omitidos y fijará las sanciones correspondientes. Los trabajadores y trabajadoras precarizados deberán ser registrados ante el organismo.

Mediante estas acciones de fiscalización y control, el organismo potencia las herramientas con las que busca impulsar la inclusión de trabajadores y trabajadoras en el mercado laboral formal para que accedan a los beneficios sociales que le corresponden como el aporte jubilatorio y la cobertura de salud. Estos controles apuntan a desarticular maniobras de evasión y reducir los altos índices de informalidad.

Los representantes de los gremios estatales UPCN y ATE cerraron con representantes del Ministerio de Trabajo la paritaria 2022, alcanzando un ajuste de 97% anual.

Tras las negociaciones por la reapertura de la paritaria 2022 que había quedado en un 60%,  se acordó que al sueldo de Enero de 2023, se le ajustará un 10% en febrero, 8% en marzo y 5,13% en abril. De esta manera se alcanza el numero final de 97% y destacan, desde los gremios, le ganarían a la inflación.

“En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se llevó a cabo la paritaria del sector estatal en la que se acordó un incremento del 97% interanual para el año paritario”, indica el comunicado del ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Mientras que destaca que “la recomposición salarial alcanza a todos los trabajadores de la administración pública nacional”, los que se estima en unos 132.000 empleados.

Desde UPCN indicaron en un comunicado: "Esperamos iniciar a la mayor brevedad posible las conversaciones de la paritaria correspondiente al periodo 2023 que empieza a regir el 1 de junio del corriente año, donde apostamos a una baja inflacionaria que resguarde el poder adquisitivo del salario de l@s estatales".

Además, se destacó dentro del acuerdo haber alcanzado un aumento de reintegro por jardín maternal del orden del los $ 32.300 y el traslado del incremento al premio estimulo por presentismo.

Durante la firma el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, señaló: "el desafío más grande, este año, será tener un proyecto estratégico donde el movimiento obrero sea el actor social más importante de la construcción de nuestra democracia social”.

Estuvieron presentes en la reunión, por parte del Estado empleador, la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani; por parte del MTEySS, el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti; por la Dirección de Análisis Laboral del Sector Publico, Mara Mentoro; y la jefa del Departamento N°1 Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Juliana Califa; por el Ministerio de Economía Jorge Domper y Jorge Caruso; por parte sindical, por UPCN Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Alejandra López Atía, Felipe Carrillo, Marta Farías y Hugo Spairani; mientras que por ATE estuvieron presentes Hugo Cachorro Godoy, Flavio Vergara, Mercedes Cabezas y Mariana Amartino.

Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y en vísperas de lo que será la sentencia por el caso del niño asesinado Lucio Dupuy, desean manifestar su profunda preocupación por "el aumento exponencial de casos de niños y niñas víctimas de abusos y maltratos en la República Argentina".

A través de un comunicado de prensa, la ACIRA subraya que “lamentablemente el caso de Lucio es quizá el más visible porque terminó con su vida de la manera más cruel; pero tristemente no es algo excepcional, sino que se repite en miles de menores de edad en todo el país, sea cual fuere la condición social”

Y agrega “ rero no sólo nos preocupa que existan adultos que en una actitud vil y cobarde, abusen de los niños, sino que también nos pone en alerta la respuesta que las autoridades administrativas y judiciales dan a estas situaciones.

 Más adelante, el comunicado evangélico sostiene “no podemos convalidar que existan jueces que no perciban el peligro que corre un niño y lo entreguen en manos de sus propios victimarios. Nos compunge que como sociedad toda, no podamos prevenir y erradicar estos hechos de violencia y actos de crueldad”

“Nos alarma –prosigue- que no se respete y que no se cumplan las normas nacionales e internacionales que protegen el “interés superior del niño”. Con dolor vemos cómo los menores son el blanco del ataque de sus propios padres, de la sociedad y del Estado que -lejos de promover acciones para su protección- dicta normas o toma decisiones que los dejan en total desprotección.

 A todo esto, las iglesias evangélicas de la Argentina representadas “ en nuestra Alianza, tan cercanas a la realidad que nos circunda, tan próximas al dolor de las personas, no pueden permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los más vulnerables. Esperamos con ansias que nuestro Congreso Nacional pueda tratar con celeridad la llamada “Ley Lucio” en sesiones extraordinarias”

“Hoy nos unimos en clamor a Dios, nuestro Juez Justo, para que obre en favor de los más pequeños. Oramos por los familiares de Lucio Dupuy por consuelo en el corazón. Alzamos la voz pidiendo justicia por todos los niños, niñas y adolescentes que padecen violencia y maltrato en nuestro amado país. ‘Levanta hacia Él las manos y ruega por la vida de tus pequeños’ Lamentaciones.2:19”. Firman el comunoado integrantes del Comité Ejecutivo de ACIERA  en la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de enero de 2023.