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Para Adepa, oscurece la administración de justicia

21 de agosto de 2020

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó su repudio a la cláusula en el proyecto de reforma judicial que incorpora la insólita figura de “presiones mediáticas”.

Hace sólo quince días, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas sostuvo que “combatir a la prensa no ayuda a mejorar la justicia”. Lo hizo al difundirse una propuesta para incluir en el proyecto de reforma judicial una cláusula con el indisimulable fin de favorecer la autocensura, inhibir el escrutinio periodístico y debilitar un debate público vigoroso sobre cuestiones de interés institucional, como son la administración de Justicia y el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. 

Ante el dictamen favorable a esa iniciativa aprobado por los senadores oficialistas, Adepa lamenta profundamente que ese cuerpo haya desoído las fundamentadas críticas y objeciones constitucionales formuladas. Alertábamos allí sobre los riesgos de intentar imponer normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen desalentando el pleno ejercicio de la libertad de expresión. 

La repudiable incorporación de la insólita figura de “presiones mediáticas” en un dictamen que se refiere a la organización interna del Poder Judicial no deja dudas respecto de la intención de limitar, ensuciar o entorpecer la investigación y la opinión periodísticas sobre casos de interés público que se debatan en el ámbito judicial, casos que muchas veces el periodismo ha contribuido a revelar, ya que es una de sus funciones en la democracia. Más aún, la incorporación sorpresiva de esta cláusula parece responder a un objetivo de represalia ante el trabajo de la prensa en casos de corrupción en los últimos años.

Adepa ha sostenido invariablemente que a la prensa no le corresponden fueros ni tratamientos especiales. Simplemente el cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen de manera estratégica la libertad de pensamiento, expresión e información y prohíben toda forma de censura previa, directa o indirecta. 

Cualquier responsabilidad de la prensa por su actuación siempre será ulterior y sometida a las reglas del debido proceso. Por eso, la incorporación de esta figura ambigua y superflua, que sólo se verificaría con una denuncia ex ante, subjetiva, sin pruebas, genérica, innecesaria e intimidatoria, altera gravemente la garantía de la libertad de expresión en nuestro país.

Como sostuvimos el 6 de agosto, uno de los papeles constitucionales de la prensa en la democracia es, justamente, ejercer -por delegación ciudadana y a través de sus distintas voces, representativas de diversos sectores de la sociedad- su función de auditoría frente a los poderes del Estado, incluyendo obviamente el judicial. 

Establecer inhibiciones revestidas de giros grandilocuentes, pero que en definitiva buscan acallar esas voces, lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía.

Adepa exhorta a los senadores de la Nación a que reflexionen sobre la gravedad institucional de una medida destinada, en definitiva, al silenciamiento de la libertad de expresión. Y se compromete, entretanto, a transmitir también a los diputados, sin distinción de banderías, su preocupación por la situación que se ha abierto, incompatible con los compromisos asumidos por la Argentina en el plano internacional de defender la libertad de expresión y de prensa.

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MÁXIMA TENSION EN RIO NEGRO

Un nuevo ataque atribuido a grupos mapuches en la zona cordillerana de Río Negro eleva la tensión entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Arabela Carreras, que volvió a exigir el envío de fuerzas federales y una posición política más fuerte contra esos sectores.

Esta madrugada desconocidos incendiaron las instalaciones del Club Andino Piltriquitrón, en El Bolsón. En el lugar se encontraron dos bidones con combustible y panfletos con amenazas contra Carreras, el intendente Bruno Pogliano y los empresarios Benetton y Lewis. El lugar quedó completamente destruido.

La tensión en la zona cordillerana aumentó de manera notoria desde el mes pasado, cuando un grupo de la comunidad Quemquemtreu ocupó unos terrenos en la zona conocida como Cuesta del Ternero, en el área rural de El Bolsón. A principios de mes incendiaron un nuevo edificio de informes turísticos en esa localidad y una sede de Vialidad en el Cerro Catedral.

En ese momento la gobernadora Carreras había solicitado a Aníbal Fernández el envío de fuerzas federales, pero el ministro de Seguridad recibió a representantes de los mapuches y rechazó mandar más efectivos, según reveló el sitio Lapoliticaonline.

Ante el nuevo ataque incendiario, Carreras reiteró el reclamo de fuerzas federales y lo dirigió directamente a Alberto. "Estamos pidiendo de nuevo formalmente, ya lo hizo la ministra de Seguridad provincial al ministro nacional, y yo estoy redactando el mismo pedido dirigido al presidente para que (las fuerzas federales) actúen en los ámbitos de su competencia que son por ejemplo las rutas nacionales. Nos vendría muy bien un refuerzo y una presencia de Gendarmería en las rutas nacionales", explicó Arabela.

"Aquí no hay una solicitud por una necesidad de acompañamiento, acá lo que estamos exigiendo es que cada jurisdicción actúe en el ámbito de su competencia. No estoy pidiendo un favor, estoy exigiendo que las competencias se ejerzan como corresponde, nada más", afirmó la rionegrina.

Por la tarde, la cartera que conduce Aníbal Fernández adelantó que reforzará la presencia de fuerzas federales en la zona para prevenir nuevos episodios de violencia.

El nuevo ataque sumado a la defensa del embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala, parecen haber complicado definitivamente la relación entre la Rosada y el gobierno rionegrino, que suele aportar sus votos en el Congreso al oficialismo.

"No lo tomamos bien, en absoluto (lo de Bielsa). Creo que hay una falta de comprensión de la envergadura del problema porque cada intervención permisiva de este tipo genera una reacción agresiva en nuestro territorio", afirmó Carreras en una entrevista en CNN Radio.

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Rotundo rechazo a la intervención del Gobierno en el mercado

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) sostuvo que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”.

El congelamiento de precios impuesto por  el Gobierno nacional para sostener el impacto que genera la inflación en la economía,  fue criticado y considerado como un "analgésico" que otorga efectos positivos a corto plazo, pero es contraproducente para el mediano y largo plazo. Es por ello que el flamante secretario de Comercio de la Nación, Roberto Feletti, entregó a los principales empresarios que proveen productos a los supermercados una lista con 1.247 productos para ser congelados. Además, su equipo de Secretaria se reunió con los principales compañías proveedoras de alimentos.

Pero, tras lo sucedido, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (COPAL) mostró su discrepancia y sostuvo en un comunicado que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

“Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, comentaron desde la COPAL.

“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, indicó la COPAL.

“Los datos del INDEC evidencian que no es la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó un 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando un 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”, añadieron.

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Precios congelados por decreto

Finalmente, el Gobierno nacional publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 1.050/2021 a través de la cual se retrotraen al 1 de octubre y se congelan hasta el 7 de enero próximo los precios de unos 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

Lo hizo, luego de que se diluyera en las últimas horas la posibilidad de un acuerdo entre el Gobierno y el sector privado para coordinar un nuevo listado de precios congelados.

La lista comprende un diverso espectro de artículos, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, la resolución garantiza que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: Almacén, Limpieza e Higiene y Cuidado Personal.

En un comunicado, la Secretaría de Comercio Interior estableció la "fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores" de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional.

La decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada por la Secretaría con todos los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada.

El objetivo es combatir la inflación que en los últimos meses volvió a tomar un ritmo más acelerado del que traía.

Aca están, estos son:

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