El Gobierno evitó confrontar, al menos públicamente, los dichos que hizo el papa Francisco  que cuestionó a la administración de Javier Milei por, entre otros puntos, haber utilizado gas pimienta para reprimir una movilización realizada la semana pasada para protestar contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. “Es su opinión, nosotros la escuchamos y respetamos, pero no tenemos por qué compartirla”, aseguró el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa. Mientras tanto, el Pontífice tuvo una semana movida, en la que recibió a la cúpula de la CGT, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y este viernes se mostró con Juan Grabois y otros representantes de movimientos populares.

“Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, con otras cuestiones que ha mencionado el papa Francisco. Es la opinión del papa Francisco, que nosotros escuchamos, respetamos y hasta reflexionamos sobre lo que dijo, pero no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones. El respeto es total. No hay mucho más para decir”, aseguró Adorni.

Consultado, además, sobre la denuncia realizada por el Pontífice sobre un caso de corrupción que involucra a un ministro argentino, el vocero dijo que esperarán el accionar de la Justicia y el Poder Ejecutivo está dispuesto “a investigar”. “La verdad es que no sé de dónde viene el comentario, pero bueno, si hay un hecho que hay que investigar, se investigará”, puntualizó.

En otro tramo de la conferencia, Adorni evitó polemizar con su Santidad cuando le recordaron los dichos de Javier Milei contra Francisco durante la campaña electoral de 2023. “Esa es una discusión zanjada”, indicó. Y completó que hoy “la relación es muy buena, es fantástica”.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos entidades gremiales más importantes del sector transporte sellaron un inédito acuerdo para rechazar la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas.

La alianza se formalizó con un encuentro en la sede del gremio de los Aeronavegantes, que conduce Pablo Brey, del que participaron Omar Maturano (La Fraternidad); Mario Caligari (UTA); Pablo Moyano y Omar Pérez (Camioneros); Juan Carlos Schmid (Fempinra); Pablo Biró (APLA), y Raúl Durdos (SOMU).

La elección del lugar del encuentro fue simbólica: los paros en reclamo de un aumento salarial que viene realizando la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) junto a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) son el motivo que el gobierno nacional alega para avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera.

El vocero Manuel Adorni dijo hoy que si los paros –a los que llamó “piquetes”- continúan, le podrían ceder el control de Aerolíneas a  compañías privadas con las que, reveló, ya existen conversaciones. Las  consultas sobre esa operatorias llegaron desde Avianca (Colombia), Latam (Chile) y Azul Líneas Aérea (Brasil), confirmó el gobierno.

Ante ese escenario, los gremios del transporte se declararon en estado de alerta y movilización y emitieron un comunicado en el que señalan que “hoy establecimos la unidad del transporte en acción”, aseguraron que “nuestro eje es la defensa de la soberanía“ y denunciaron “al atropello cotidiano que vemos implementa el gobierno de Javier Milei en cada modo”.

El entendimiento gremial anti privatización pone fin a un distanciamiento de más de una década de los camioneros de Moyano con los colectiveros de la UTA, el influyente gremio que lidera Roberto Fernández. Además, se sumó el ferroviario Maturano, otro dirigente que había tomado distancia del moyanismo.

“Estamos unidos por sobre nuestras centrales de transporte porque así lo demanda la situación política que atravesamos y que dio a luz a esta Mesa Nacional del Transporte”.

El cónclave definió una nueva reunión que se llevará adelante la semana que viene, con el objetivo de establecer un “Plan de Lucha General”, que no descarta medidas de fuerza de alcance nacional.

En paralelo, la CGT también se involucró en el conflicto aeronáutico y rechazó la denuncia penal por amenaza pública que activó el Ministerio de Seguridad contra Biró a raíz de que el gremialista dijo que el conflicto iría en aumento luego de la declaración de esencialidad del servicio aerocomercial y de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger dijera que la oferta de aumento para los trabajadores será de “cero”.

“La CGT insta a la empresa a dirimir los conflictos laborales en el ámbito de la negociación paritaria. La resolución de las diferencias entre empleadores y trabajadores debe transcurrir en el terreno del diálogo social y no en la búsqueda de responsabilidades penales en una u otra declaración o acción cuyo único fin es defender los derechos laborales de los trabajadores aeronáuticos. Nuevamente, esta CGT llama a la reflexión al Poder Ejecutivo respecto de lo inconducente de intentar resolver en la justicia lo que debe discutirse en una mesa paritaria”, expresó la central obrera. 

La causa por encubrimiento de contrabando tramita en el Juzgado Federal N.º 1 de Bahía Blanca, a cargo del doctor Walter López Da Silva.

Se secuestraron productos tecnológicos que habían sido ingresados al país en forma irregular. Hay celulares de alta gama, placas de video y elementos para minería de criptomonedas, entre otros. El valor estimado de la mercadería asciende a $ 430 millones.

Los allanamientos fueron llevados a cabo en forma conjunta con personal de la Dirección General Impositiva (AFIP).

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP y la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo 6 allanamientos en las localidades de Bahía Blanca y Mar del Plata.

Los procedimientos fueron realizados en conjunto con personal de la Dirección General Impositiva (también dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos), en el marco de una causa por encubrimiento de contrabando, en la que intervino el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, a cargo del doctor Walter López Da Silva.

Durante los allanamientos, la Aduana y la Prefectura secuestraron mercadería de origen extranjero en transgresión a la Ley 22.415, ya que carecía de los debidos avales aduaneros. Se trata de productos de tecnología: centenares de celulares de alta gama, placas de video, accesorios y elementos para la minería de criptomonedas, entre otros.

El valor estimado de las mercancías incautadas asciende a la impactante suma de $430 millones. Asimismo, los organismos de control secuestraron divisas y documentación de interés para la causa.