El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para el 30 de junio. "El 30 de junio habrá otra barrida y limpieza", sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

Según supo la agencia Noticias Argentinas de fuentes de la administración, el Gobierno avanzará con otros cinco mil despidos de trabajadores estatales en el marco de la permanente revisión trimestral que se propuso desde la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre. 

El funcionario descartó las cifras que manejan los gremios al asegurar que “no está el número definitivo” de despidos, y precisó que apuestan a la revisión de más de 70 mil contratos. 

“No está el número definitivo. Hay un universo de 70 mil contratos que están en revisión permanente, de esos hay 23 mil que se dieron de baja y el resto seguían en revisión permanente”, detalló el funcionario nacional. 

En la misma línea, amplió: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le de a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó el vocero presidencial. 

El Gobierno nacional presentó este viernes el proyecto de “Régimen Penal Juvenil”, a través del cual busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El proyecto que será enviado al Congreso fue presentado en conferencia de prensa por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El Régimen establece una serie de medidas de ordenamiento del Código Penal de acuerdo a los delitos. Según publicó el diario Clarín, la síntesis de la iniciativa señala que las edades de los menores punibles irían de “adolescentes de entre 13 y 18 años”.

Además, detalla que los chicos de esas edades que delinquen pueden ser privados de su libertad en “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo”. Los padres de los mismos deben ser comunicados sobre la imputación y los actos procesales.

Además, señala que “el juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”.

Por otro lado, el proyecto señala que si se impone condena condicional, se tendrán que aplicar medidas complementarias,como “asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Asimismo, señala que las penas serían de 3 a 6 años de prisión “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas”.

En tanto, la pena también podría reemplazarse por prohibición de aproximarse a víctimas, de conducir vehículos, de concurrir a determinados sitios, prohibición de salir de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad o monitoreo electrónico.

En caso de aprobarse la iniciativa, el cumplimiento de la condena deberá ser verificado por jueves o fiscales y “también por la víctima, si es su deseo”. Los imputados podrán recibir una pena máxima de 20 años.

En los casos en los que el delito tenga una pena prevista inferior a 6 años, podrá darse un proceso de mediación penal con la víctima o sus representantes; mientras que para las penas que no excedan de tres años se podrá acceder a la probation.

Según el texto que trascendió, “en los casos de menores no imputables (quienes tienen menos de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas”.

“En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental, dar intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”, se señala. (DIB)

Ante más de 2000 afiliados, la seccional CABA dispuso por amplia mayoría la expulsión de Dante Alberto Camaño, Juan Domingo Castro y Elvira García Alvariñas como afiliados a la UTHGRA. Desde la Seccional Mar del Plata respaldaron la decisión y destacaron que “ningún dirigente puede estar por encima del estatuto”.

Ante más de 2.000 personas en el Estadio Ferrocarril Oeste, la seccional de la UTHGRA CABA llevó a cabo este jueves una Asamblea Extraordinaria integrada por trabajadores afiliados hoteleros y gastronómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispuso, por mociones aprobadas por amplia mayoría y ante la presencia de varios escribanos, la expulsión de Dante Alberto Camaño, Juan Domingo Castro y Elvira García Alvariñas como afiliados a la UTHGRA.
Los motivos de la expulsión se basan en el desconocimiento de la autoridad nacional de las instrucciones recibidas, siendo esta la única con personería gremial, la omisión de rendición de cuentas de los fondos a su cargo, la disposición arbitraria del dinero sin tener facultades, luego de vencido su mandato.
A ello se añaden los agravios, calumnias e insultos a las autoridades del Consejo Directivo Nacional y la usurpación de inmuebles, así como también su negativa de desalojar la sede, entre otros que han sido detallados ante la multitudinaria asamblea.
UTHGRA Mar del Plata, a través de su secretario general, Pablo Santín, comunicó que avala completamente la expulsión de estas tres personas, decisión respaldada por los propios afiliados hoteleros y gastronómicos de UTHGRA CABA. “Ningún dirigente gremial puede estar por encima del estatuto de la UTHGRA, que es la norma madre de convivencia en nuestra organización”, expresó Santín.
De esta manera, los trabajadores de la Seccional CABA, en un hecho histórico para la organización, han ratificado una vez más su total repudio a la pertenencia de Dante Camaño y su Comisión Ejecutiva al sindicato hotelero y gastronómico.