Sindicatos docentes y no docentes se movilizarán este martes, miércoles y jueves. Aseguran que el 60% de los trabajadores de las casas de altos estudios están “por debajo de la línea de la pobreza”.

Mientras en el Congreso de la Nación la oposición busca sancionar un proyecto para aumentar el financiamiento de las universidades públicas, los gremios docentes y no docentes del sector volverán a manifestarse en las calles.

Será una movilización de 72 horas, que apunta a visibilizar el reclamo por “salarios dignos” y una mayor partida presupuestaria.

En este sentido, organizaciones gremiales movilizarán este el martes, miércoles y jueves. Preparan una protesta frente a la sede de la Secretaría de Educación. Aseguran que el 60% de los trabajadores de las casas de altos estudios están “por debajo de la línea de la pobreza”.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales exige la reapertura de paritarias y un aumento salarial. “La situación universitaria no se resuelve solo incrementando los gastos de funcionamiento (el 10 % del presupuesto total) porque falta la recuperación del salario de docentes y no docentes y las becas que permitan al estudiantado mantenerse en la universidad y graduarse”, señalaron a través de un comunicado.

Sin salarios dignos la universidad no funciona”, agregaron. “El conflicto universitario nacional sigue abierto, por la decisión del gobierno de aumentar solo el 10% del presupuesto universitario correspondiente a los gastos de funcionamiento y congelando el 90% restante que corresponde a los salarios de quienes trabajamos en las universidades”, sostuvieron.

Además, llamaron a docentes y no docentes de las universidades públicas a constituirse en estado de alerta y deliberación permanente “con el horizonte de plantarse ante el Gobierno Nacional y obligarlo a convocar una paritaria real que responda a nuestro pliego, nos saque de la crisis salarial y resuelva la situación universitaria”.

Tras la multitudinaria movilización universitaria del pasado 23 de abril, las instituciones que integran el Consejo Interuniversitario Nacional lograron que el Gobierno otorgara un incremento del 270% para sus gastos operativos. El Frente Sindical Universitario ya realizó dos paros generales de 48 horas (el 22 y 23 de mayo y el 4 y 5 de junio).

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun)

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo son los tres acusados. Se prevé que el proceso duré entre seis meses y un año. El hecho ocurrió en 2022 en Recoleta.

Este miércoles dio comienzo el juicio por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El proceso judicial está bajo la supervisión del Tribunal Oral Federal 6, compuesto por los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Las audiencias se realizarán todos los miércoles a partir de las 9.30 horas en los tribunales federales de Retiro.

El juicio cuenta con un fuerte dispositivo de seguridad y restricciones para el ingreso de público. Sólo las cámaras de televisión autorizadas pueden filmar los procedimientos.

En el banquillo de los acusados están tres personas: Fernando Sabag Montiel, quien intentó disparar una pistola Bersa calibre 32 a pocos centímetros de la entonces vicepresidenta el 1º de septiembre de 2022, cuando esta ingresaba a su domicilio. Brenda Uliarte, novia de Sabag Montiel, quien lo acompañaba durante el intento de ataque y es considerada coautora del hecho. Nicolás Carrizo, señalado como un partícipe secundario en el atentado.

Los tres acusados son miembros de la llamada “Banda de los Copitos”. Este grupo operaba desde un carrito que vendía copos de azúcar en la esquina de Juncal y Uruguay, donde se apostaban durante las vigilias que los militantes realizaban en apoyo a Cristina Kirchner. El atentado fracasó cuando la bala quedó atorada en la recámara de la pistola de Sabag Montiel, permitiendo así su inmediata detención.

La fiscal Gabriela Baigún, junto con los abogados de Cristina Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, lideran la acusación contra los imputados. La acusación formal es por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo, de la denominada "Banda de los Copitos" están acusados de tentativa de homicidio calificado.

Por su parte, Fernando Sabag Montiel es defendido por la defensora oficial María Fernanda López Puleio, quien cuestiona la capacidad de su cliente para enfrentar un proceso penal. Brenda Uliarte cuenta con la asesoría legal de Alejandro Cipolla, mientras que Gastón Marano representa a Nicolás Carrizo.

El fallido atentado ocurrió la noche del 1° de septiembre de 2022. Cristina Kirchner llegaba a su casa, en la esquina de Montevideo y Juncal en el barrio porteño de Recoleta. Allí la esperaba un nutrido grupo de militantes para saludarla, como ocurría en aquellos días desde que el fiscal Diego Luciani pidió su condena a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad. Sabag Montiel también estaba allí. Se acercó y le apuntó en la cara con una Bersa calibre 32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara. Terminó atrapado por militantes, sin que la custodia de Cristina Kirchner ni ella misma se dieran cuenta de lo que había pasado.

El juicio contará con la participación de casi 300 testigos, entre los que se encuentra la propia Cristina Kirchner, quien también es querellante en la causa. Se espera que el proceso judicial se extienda entre seis meses y un año, debido a la complejidad del caso y la cantidad de testimonios.

El Gobierno, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, aprobó los cuadros tarifarios a ser aplicados en los Corredores Viales Nacionales

A través de la Resolución 332/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo comunicó la decisión que abarca de los tramos I a X que comprende los peajes: Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza, Tristán Suárez, Junín (RN 7), Cañuelas, El Dorado, Carcarañá, Zárate (RN 9), San Vicente, Venado Tuerto, Riachuelo, entre varios más de distintos puntos del país. Hay tarifas que superarán los 4.500 pesos.

Por citar uno de los ejemplos, en las estaciones de peaje Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, que forman parte del tramo IX en horarios no pico con la modalidad de pago manual considerando la tarifa del concesionario más la aplicación del IVA, de acuerdo al tipo de rodado variará en su precio al usuario entre 400 y 3.800 pesos. Mientras que en hora pico, los valores irán entre $500 y $4.700 dependiendo el tipo y tamaño del vehículo. Cabe recordar que los horarios pico son: lunes a viernes en ambos sentidos de 07:00 a 11:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas; Sábados, domingos y días feriados de 11:00 a 15:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con la modalidad de pago automático, en hora no pico, el peaje para una moto costará 370 pesos, para un vehículo categoría 2 $740 y así ascenderá hasta los 3.700 que abonará un camión de seis ejes. En los mismos corredores viales, en hora pico, los montos variarán entre 462 pesos y $4.625 con la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

En la resolución oficializada esta madrugada, el Gobierno explicó que los nuevos valores aprobados “tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación”.

“Publíquese la presente medida durante un día en el Boletín Oficial y difúndase por medio de la Gerencia Ejecutiva de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política, a través de la página Web de esta Dirección Nacional de Vialidad”, señala el texto del Poder Ejecutivo.

Corredores Viales Sociedad Anónima cuenta con la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario y a la usuaria, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales. En los considerando de la resolución, se justificaron los incrementos “a fin que los valores tarifarios acompañen el contexto inflacionario”.

“Debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones, que, en caso de no equilibrarse con ajustes de la tarifa, éstos podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realiza la empresa Concesionaria”, se advirtió. En ese sentido, se justificó que “estas medidas implementadas garantizan al usuario la calidad de las prestaciones en condiciones de seguridad en las áreas concesionadas”, señala la resolución que lleva la firma de Raúl Edgardo Bertola.