El gobierno de Javier Milei comienza a mostrar algunos de los lineamientos que tendrá el nuevo modelo para la obra pública. Tras seis meses de parate en la obra pública nacional, el gobierno anunció la finalización del plan “Argentina Hace” creado durante la gestión de Alberto Fernández en 2020 para ejecutar trabajos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país.

Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a $598.522 millones. Muchas son por reparaciones de cunetas, piletas municipales, vestuarios de clubes o arreglos de veredas. La mayoría de los trabajos corresponden a las provincias de Buenos Aires, Córdoba y sur de Santa Fe, según trascendió.

El objetivo del gobierno nacional es evaluar los proyectos en ejecución para determinar el nivel de cumplimiento, el otorgamiento de fondos y si es necesario que se finalicen con financiamiento nacional o si corresponde el traspaso a las provincias o municipios respectivos.

Las directrices fueron estipuladas por el Ministerio de Economía mediante la resolución 452/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial, considerando que “resulta pertinente establecer lineamientos respecto de los proyectos u obras que se encuentren en curso de ejecución en el marco del “Plan Argentina Hace” que deberán seguir la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Economía, sus dependencias o los organismos que funcionan en su órbita, como paso previo a dejarlo sin efecto”.

El gobierno argumentó los lineamientos sosteniendo que desde su asunción “se han tomado distintas medidas que tienden a lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del estado nacional” y recordó que con el DNU 70/23 “se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025, ante la severidad de la crisis que atraviesa el país”.

Asimismo, retomó parte de lo expuesto por el mencionado decreto señalando que “ningún gobierno federal ha recibido una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas”.

A partir de esto, manifestó que “se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.

El plan Argentina Hace fue lanzado por Alberto Fernández en enero de 2020 para ejecutar trabajos de infraestructura en 2.307 municipios de todo el país, con el objetivo de “generar empleo local con paridad de género”. Los proyectos que apuntaban a generar 20.000 puestos de trabajo contemplan obras de acceso al agua potable, saneamiento y cloacas, infraestructura hídrica, accesibilidad y conectividad urbana y rural, y equipamiento social.

El nuevo modelo de obra pública del gobierno nacional

• En primera instancia, la administración de Javier Milei evaluará los convenios marco de adhesión y los convenios específicos que se encuentren en curso de ejecución del plan “Argentina Hace”.
• Si se verifica un incumplimiento por parte de la provincia, municipio u otro ente ejecutor, se podrán tomar medidas para corregir la irregularidad, recuperar los fondos correspondientes y/o rescindir el convenio. Además se instará a la parte pertinente a que finalice la obra con fondos propios.
• En caso de que no haya incumplimiento, también se analizará la viabilidad de que la provincia, municipio u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera del Estado Nacional.
• En caso de que la provincia, municipio u otro ente ejecutor no pueda continuar con la obra, se evaluará la conveniencia de continuar con el convenio, teniendo en cuenta el grado de avance de la obra, el interés público comprometido y los costos que conlleve.
• Las obras cuya asistencia financiera se decida continuar deberán concluirse en un plazo máximo de 120 días, con posibilidad de prórroga.
• El Plan Argentina Hace quedará sin efecto a los seis meses posteriores al cumplimiento del mencionado plazo de 120 días.
• En caso de devoluciones de fondos, las mismas se actualizarán conforme a la Tasa Activa del Banco de la Nación Argentina. Cumplido el plazo otorgado en la intimación sin que la provincia, el municipio y/o cualquier otro ente ejecutor haya acreditado los fondos cuya devolución se requiere, la citada jurisdicción deberá iniciar las acciones judiciales para su recupero.

Un sondeo de la encuestadora Opina Argentina alertó sobre indicadores que dan cuenta de cambios en el humor social respecto a la evolución general de la economía y, por primera vez desde que Javier Milei asumió como presidente, la desocupación se transformó en la principal preocupación de los argentinos, superando a la inflación.

De acuerdo el estudio, el temor de la gente a perder su trabajo creció ocho puntos en el último mes y se ubica en un 37%, muy por encima de la inflación (29%) y la corrupción (22%). Más allá de este dato, hay un número alentador para el Gobierno cuando se indaga sobre cómo es la situación económica actual personal: entre abril y junio, el porcentaje que dice no llegar a fin de mes bajó de 40 a 29%.

No obstante, al mismo tiempo, solo tres de cada 10 encuestados cree que su situación económica mejorará en el futuro inmediato. Entre los votantes libertarios el optimismo alcanza al 60%.

Cabe señalar que de acuerdo a otra encuesta, durante el próximo trimestre, solo el 36% de los empleadores argentinos piensa contratar más gente, mientras que un 61% mantendrá su plantilla o directamente despedirá trabajadores. Esto se desprende de una Encuesta de Expectativas de Empleo realizada por la agencia Manpower, que destaca la preocupación por la suba del desempleo.

Por otro lado, sobre la responsabilidad política de la situación actual, en el estudio de Opina Argentina cede tres puntos la atribución de responsabilidades al gobierno del Frente de Todos, aunque sigue siendo percibido como el mayor responsable de los problemas económicos actuales (52% contra un 46% que mencionó al gobierno de Javier Milei).

En tanto, el informe marca que “se deteriora la creencia de que el ajuste que está haciendo la sociedad tiene un horizonte de sentido. En mayo había un diferencial positivo de 7 puntos (pasó del 46% al 50%); en junio, se registra un diferencial negativo de un punto (pasó del 53% al 49%)”.

La misma consultora había presentado otro informe la semana pasada en el que se destacaba que pese a las turbulencias en relación a la Ley Bases, a seis meses de llegar al poder, la imagen positiva de Milei se mantiene intacta.

“La imagen de Milei presenta una notable estabilidad desde el inicio de su mandato”, se asegura en el informe, donde se recordó que el mismo periodo de tiempo de gestión Macri ya había perdido 9 puntos, y Alberto Fernández había subido 17 puntos, pero en el contexto del inicio de la gestión de la pandemia.

En sintonía con la imagen presidencial, también se mantiene estable el apoyo al Gobierno en torno al 46%, mientras que un 40% declaró ser opositor y un 14% que no eligió ninguna de estas dos opciones. En otro pasaje de la encuesta, se grafica que el gobernador Axel Kicillof se posiciona como el dirigente opositor con mejor valoración social, con un 41% de imagen positiva y un 55% de imagen negativa. (DIB)

El portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, confirmó que quedará a cargo de las empresas públicas de comunicación e insistió en la privatización y cierre de las mismas. "Pasarán a depender de Comunicación, área de la que soy responsable", puntualizó.

En la habitual conferencia de prensa, el funcionario explicó: “La jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo las empresas públicas, tomó la decisión de reestructurarse”.

En la misma aclaró que “todas las empresas públicas van a pasar a la órbita de quien corresponda por una cuestión de competencias”, y detalló que Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos pasarán a depender de Comunicación, área que encabeza el experiodista libertario.

“El plan es el mismo: el de Télam su cierre y de los medios públicos dependemos de la decisión del Congreso, pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, insistió.

La decisión responde al intención de reorganizar la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, y descentralizar el área con la intención de dotar a los distintos ministerios de las facultades que les correspondan. En Gobierno consideran que “está mal diseñada desde la reforma de Constitución de 1994″.