La inflación prevista para junio será más elevada que la del mes actual como consecuencia de el incremento de las tarifas de luz y gas, según estimaron especialistas a la hora de señalar la fuerte caída del poder adquisitivo de la clase trabajadora.

De esta manera, el índice de precios al consumidor que monitorea el Indec se ubicaría por encima del 4,2% que mostró mayo, el nivel más bajo en lo que va del último.

La suba de tarifas de gas y electricidad anunciada, que alcanzarán el 20% y el 95% respectivamente, le pondrían un piso de 1% al costo de vida.

Costo de vida

De esta manera, la tendencia a la baja mostrada por el índice de precios al consumidor no se sostendrá en junio, según estimaciones realizadas por especialistas del sector.

Con el fin de reducir el gasto en subsidios, para junio se dispuso una quita de subsidios en los servicios energéticos para comercios, industrias y usuarios residenciales cuyos incrementos serán mayores para quienes consuman más energía.

Se estima que el Estado aportará subsidios por unos US$ 6.500 millones este año, muy por debajo de los casi US$ 9.700 millones de 2023.

Los subsidios a la energía en 2024 bajarán por la caída de los precios internacionales del GNL y el aumento en la capacidad de transporte de gas natural desde la cuenca neuquina, que redujo el costo de suministro.

Las tarifas tienen una participación cada vez mayor en el gasto de hogares, que sufren una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde finales del año pasado y lo que va de este años, a raíz de la política económica impulsada por el gobierno nacional.

Además, encuestadores comenzaron a notar que la preocupación de la gente va pasando de la inflación a la sostenibilidad del empleo.

La pérdida de puestos de trabajo, que superó los 120 mil empleos en el primer cuatrimestre, podría agravarse en los próximos meses.

Esto explica el escenario de recesión, con una caída anual del 3,5%, según coinciden consultoras y organismo internacionales como el Banco Mundial.

El equipo argentino de Informática, que obtuvo el derecho de participar de las Olimpiadas Internacionales que se realizarán en Egipto, se vio afectado por la pérdida de apoyo del Estado nacional. Debieron salir a buscar esponsorización privada para cumplir con la competencia.

En las últimas horas se generó preocupación e incertidumbre ante la quita de apoyo del Estado a los 4 estudiantes que lograron el derecho de participar de las Olimpíadas Internacionales de Informática, a realizarse del 1º al 8 de septiembre en Alejandría, Egipto.
Con el cambio de gobierno también variaron las condiciones de apoyo al Programa Nacional de Olimpíadas. Tras 32 años de participación consecutiva, esta vez la Argentina podría no tener a sus representantes, dado que el Ministerio de Capital Humano varió los apoyos que se brindaban de manera oficial, cuando el ex Ministerio de Educación se redujo a Secretaría, a comienzos de año. 
"Al día de hoy no tenemos ni financiamiento ni confirmación de la continuidad del programa. Sabemos que de alguna manera va a continuar, porque pasaron ya 32 años desde el inicio y muchas crisis, pero hoy no sabemos como haremos para que los chicos puedan estar representando a la Argentina en Egipto, a principio de septiembre," explicó Mariano Maluf, Director de la Olimpiada Informática Argentina.
Desde que Argentina empezó a competir internacionalmente nunca faltó, pero este año peligra la posibilidad de que la representación pueda acudir. Por eso se han organizado para invitar a empresas y referentes del sector privado a que patrocinen los aéreos de los participantes, ya que los gastos de alojamiento y estadía son garantizados por el Ministerio de Tecnología de Egipto.
Lo que siempre es una ilusión ahora parece un sueño de final incierto: "Hay chicos -todos en edad de escuela secundaria- que estuvieron 5 años preparándose para esto y no podemos dejarlos en banda. Este año lo que cambió es la mirada del Gobierno hacia las olimpiadas", resaltó Maluf.
Si bien todavía faltan algunas semanas y la Argentina tiene un lugar en la competencia, todavía no está claro como harán los estudiantes para llegar hasta Egipto.

Y es por eso que las empresas que quieran participar del programa de acompañamiento pueden contactarse con el Programa OIA (whatsapp +54 9 11 4755-5190) para informarse de cómo pueden ayudar en este desafío tan importante y que siempre genera muy buenos reconocimientos para nuestro país y la educación argentina.

La justicia federal rechazó hoy una acción de amparo promovida por la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) para que se le ordene al Estado nacional girar las partidas para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el plus salarial que fue discontinuado por el gobierno de Javier Milei en enero.

La decisión corrió por cuenta del juez Alberto Recondo, del juzgado federal en lo Civil Contencioso Administrativo 4 de La Plata.

La FEB había reclamado la cautelar contra el decreto 280/2024 por el cual el gobierno frenó la transferencia a las provincias del dinero para pagar el FONID, entre ellos a los que representa la Federación bonaerense.

El Fondo es un pago que los docentes recibieron en sus salarios por casi 25 años, surgido de la las movilizaciones de la década del 90 contra la reforma del gobierno de Carlos Menem que provincializó los tres primeros niveles educativos. Representaba hasta que se abonó casi un 10% del salario de un docente que recién se inicia, en el caso de Buenos Aires.

La entidad gremial sostuvo en base a los años de vigencia del plus que se trataba de un derecho adquirido por el trabajador de la educación. Sin embargo, el juez rechazó lo rechazó: consideró que la ley 25.053 que prevé la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente tiene carácter temporal y transitorio, a pesar de haber sido prorrogada en distintas oportunidades.

En este sentido, fundamentó que el Poder Ejecutivo Nacional tomó la decisión de no prorrogar la vigencia del FONID, conforme las facultades conferidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 inc. 2° y 37 de la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Asimismo, añadió que no se trata de una eliminación del Fondo sino que no fue necesario el dictado de una norma para el cese porque el mismo había perdido vigencia desde el 31 de diciembre de 2023.

Por último, refirió que “se trata de una decisión de gobierno tomada por el poder administrador nacional en el marco de sus funciones, respecto de la cual no se advierte una ilegitimidad manifiesta”, y que en función de que los actos administrativos gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria, y que por dichas razones el Poder Judicial no debe inmiscuirse en facultades que incumben a los otros poderes. (DIB)