Los relevamientos de las consultoras privadas arrojaron que la inflación de abril se ubicó por primera vez en un dígito después de cinco meses consecutivos en dos cifras. Sin embargo, en el Gobierno mantienen la cautela por el efecto que puedan tener los aumentos de servicios públicos en el Índice de Precios al Consumidor (Indec) del Indec, dato oficial que se conocerá a mediados del mes próximo.Las expectativas oficiales para mayo sí ubican a la variación del IPC en un dígito y una continuidad en el sendero de desaceleración apoyada en el desplome del consumo privado. La núcleo, que excluye regulados y estacionales, continuará en descenso y en algunos casos ya muestra variaciones cero semanales.

El relevamiento de precios para el Gran Buenos Aires de la consultora C&T mostró un aumento mensual del 8,7% en abril, “la tendencia más baja de meses recientes”. A su vez, la inflación núcleo, que deja de lado precios regulados y estacionales, fue de 6,9% en el mes, la menor desde julio del año pasado. El rubro de mayor peso, alimentos y bebidas, subió 6,8% en el mes, con gran predominancia de panificados, carnes y lácteos.

Ese dato llevó la variación interanual al 298,1 por ciento. “Estimamos que la inflación a nivel nacional será menor que en GBA por el mayor impacto de las tarifas”, señaló la consultora.

“Luego del mayor incremento en la primera semana del mes, en la que se computa el impacto de alzas de precios regulados (gas, agua y educación), el IPC C&T registró variaciones semanales prácticamente nulas en las tres semanas siguientes”, resaltaron.

Por otro lado, C&T, comentó que uno de los rubros que mantenía subas por encima del promedio. Para abril estaba previsto un incremento del 19 por ciento. La Secretaría de Comercio dispuso una medida de tutela anticipada, tras el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en la investigación por cartelización, que obligó a las empresas a retrotraer los precios de sus planes de salud en un 26% promedio. “Este cambio tiene un impacto directo de 1,5 puntos porcentuales en la inflación de abril”, explicaron.

La directora de Eco Go, Marina Dall Progetto, se había referido recientemente a este punto en una entrevista concedida a Radio Rivadavia: “Entre diciembre y enero casi el 90% de los precios subían todas las semanas. Ahora ese porcentaje bajó al 40 por ciento. Es decir, sigue habiendo aumentos pero no todas las semanas. Y de hecho, algunos caen. Por eso, estimamos que la inflación de abril estaría entre el 8% y el 9%, pero si finalmente no impacta la suba de las prepagas porque éstas retrotraen los aumentos, estará en el orden del 7%”.

La economista sostuvo que para que la inflación baje “existe un ancla cambiaria, ya que el dólar oficial se está moviendo al 2% mensual. Y a eso se suma un contexto extraordinariamente muy recesivo, con caídas de ventas muy agresivas, de hasta el 50 por ciento”. A ese proceso se sumó la “descomposición del ingreso de los trabajadores” que fue “muy parcialmente” compensada en los últimos meses.

Para Invecq, la inflación continuó con la desaceleración en abril. El IPC elaborado por la consultora indicó que la inflación correspondiente al mes de abril se ubicó en 9,5% mensual.

La evolución del rubro “alimentos y bebidas” no hace más que despertar el optimismo en las filas oficiales. En la tercera y cuarta semana del mes muchas consultoras midieron deflación y algunas subas muy leves. Esto es clave por lo pronto para bajar de manera significativa la inflación núcleo, que en marzo fue de 9,4% pero tendría una significativa reducción adicional este mes.

Al respecto, la consultora LCG mencionó: “En este marco recesivo, la inflación de alimentos de abril marcó una clara desaceleración, incluso con deflación en algunos productos. El Relevamiento de Precios de LCG tuvo registros sensiblemente más bajos que los de marzo y, una vez computados los aumentos de precios regulados, vemos una probabilidad no despreciable de que la inflación de abril se ubique en un dígito”.

“Asumiendo que en la última semana de abril la suba de precios de los alimentos se sostiene en 0,7% semanal, el mes cerraría con un aumento promedio del 3,2%. Esto impone 1 pp de inflación, a los que habrá que sumarle la incidencia de los aumentos de gas (+211%, 0,8 pp) y de electricidad (+181%, 3,4 pp) en este mes. Nuestra proyección de inflación minorista para abril se ubica en torno a 9% mensual, perforando los dos dígitos por primera vez en 5 meses”, proyectaron.

La inflación tocó pico en diciembre (25,5%) en medio de la devaluación y desde ahí ha ido en franco descenso: enero 20,6%, febrero 13,2% y marzo cerró 11 por ciento. Abril estaría en la zona del 9 por ciento según los relevamientos privados. Para lo que resta del año, los rendimientos de los bonos en pesos arrojaron que los inversores esperan un promedio del 5% mensual hasta fin de año.

La trayectoria va en línea con el discurso ante inversores que dio Milei en la cena de la Fundación Libertad. Allí destacó que el ajuste del déficit del Tesoro y del BCRA profundizará la desaceleración, que comenzó desde el 25,5% mensual de diciembre y llegó al 11% en marzo.

“Tanto los analistas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando nosotros llegamos estaba esperando una inflación del 250 por ciento. En un caso optimista. Bueno hoy el Fondo espera que Argentina, la inflación este año cierre en 150 por ciento. Para que cierre en 150% de acá a fin de año la inflación promedio tiene que ser del 5 y medio. Es decir que hacia fin de año está claro que la tasa de inflación, dado donde arrancamos, va a estar bastante por debajo del 5 por ciento. Estamos terminando con la inflación”, afirmó el Presidente.

Luego de una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la nueva versión de la Ley Bases y el paquete fiscal enviado por el Poder Ejecutivo (PE). Se trata de la primera victoria legislativa de la administración del presidente Javier Milei.

La votación de ley Bases recibió 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones. En el debate en particular se aprobaron las facultades delegadas para el mandatario, las privatizaciones de una decena de empresas del Estado y la reforma laboral, entre otros

El paquete fiscal, que incluye un blanqueo, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, se aprobó en general por 140 votos a favor, 103 en contra y seis abstenciones.

Durante la discusión en particular de la ley Bases se introdujo un artículo por el que se instruyó al Poder Ejecutivo a que, en el plazo de 30 días, “envíe a este Congreso un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un 2% del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario en los términos del Artículo 2° del decreto 1.731/2004″. 

Una presión para desarticular los regímenes especiales, como el que beneficia a los industriales electrónicos de Tierra del Fuego.

La modificación de las escalas del Monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas “comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.

Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto. 

Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para ir al más oneroso régimen impositivo general (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), aun cuando sus ingresos muy probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra.

Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigencia del tributo, que salvó este punto. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró “el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más”, consignó La Nación.

Paquete fiscal

Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más conflictivos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones.

Al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. 

La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.

También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.

El Gobierno definió que no se aplicarán los nuevos incrementos en las boletas de luz y gas que estaban previstos para mayo. Se busca consolidar la baja de la inflación.

Se trata de la postergación de los mecanismos de indexación mensual que había definido la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, para evitar un retraso en términos reales de los ingresos de las empresas distribuidoras y transportistas. Los mismo sucederá con la actualización del impuesto a los combustibles (ICL), con un impacto del 8% que se evaluaba dividir en dos tramos tal como había adelantado este medio, pero ahora no se hará efectiva.

En el caso de las tarifas de energía, el Enre y el Enargas aún no publicaron los cuadros tarifarios correspondientes al mes que inicia este miércoles. Fuentes oficiales comentaron a este medio que se evalúa la magnitud de las subas y cómo pueden aplicarse, tras los fuertes aumentos del 200% en electricidad y mayores al 300% en gas a los que se sumaron el agua (209%) además el transporte público (410%) durante el primer cuatrimestre. “Se va a hacer, solo que puede demorarse un poco”, comentaron desde la Secretaría de Energía a La Gazeta.

En el sector fueron informados de cuál es lo que les corresponde aumentar, en base a las fórmulas polinómicas que se definieron tras las últimas actualizaciones de tarifas: serían 10,7% para las distribuidoras de electricidad, 12,5% para las de gas y 12% para el transporte de gas. El ministro de Economía, Luis Caputo, es quien tendrá la última palabra a la hora de aplicar las subas. Las empresas involucradas -Transener, Transba, Edenor, Edesur, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, Camuzzi, etcétera- esperaban un traslado en torno al 5% en las facturas finales.

Fuentes del sector señalaron a Infobae que la suspensión de esta fórmula es “una mala señal” y que podría poner en riesgo la cadena de pagos nuevamente, tal como había sucedido con el congelamiento durante la gestión de Alberto Fernández. Sucede que transportistas y distribuidoras deben pagar a Cammesa por la energía que le compra a las generadoras. Desde mayo se esperaba que esa “bicicleta” comenzar a rodar, normalización que ahora peligra.

En ese marco, las generadoras le reclaman a Cammesa unos USD 2.000 millones adeudados en lo que va del año. En el Ministerio de Economía dicen que la deuda consolidada es de $500 millones y que debieron hacerse cargo de los pagos correspondientes a octubre y noviembre del Gobierno anterior.

No es la primera vez que el equipo económico del Gobierno toma una definición de postergar subas para no aliviar el efecto en la inflación. La quita de subsidios que se iba realizar a principio de año solo se aplicó en usuarios de altos ingresos, industrias y comercios. Por caso, 2 de cada 3 usuarios residenciales pagan menos del 10% del costo de la electricidad y la Canasta Básica Energética (CBE) recién se pondría en marcha en junio. Las subas del gas previstas para febrero recién se dieron en abril. En tanto, el boleto de colectivos del AMBA por ahora no aumentará en mayo, como estaba previsto, y habrá más subsidios a las empresas.

En el caso de la energía, las distribuidoras también esperaban que se publicara antes de que termine abril en el Boletín oficial los nuevos precios estacionales de la electricidad. Tampoco hubo noticias y, según pudo saber este medio, no las habrá en el corto plazo.

Allí debía definirse si subiría lo que pagan del costo de la electricidad los usuarios residenciales de ingresos bajos (N2) y medios (N3) (que cubren menos del 10%) o si eso sería cubierto por más subas en N1, comercios e industrias.

Hacia adelante, se sumarán más factores de presión sobre las tarifas. En el Gobierno saben que no pueden pisar indefinidamente los pagos por subsidios, más allá de que es una de las principales partidas a recortar para consolidar el superávit fiscal en 2024. Por ahora la quita de subvenciones a la luz y el gas no avanza como tenía previsto el secretario Chirillo.

Es que la implementación de la Canasta Básica Energética (CBE) que esperaban primero en abril y que luego se pospuso a mayo, ahora está prevista para junio o julio. En los próximos días se publicarán los detalles en el Boletín Oficial. Si todo se mantiene igual, 7 de cada 10 usuarios continuarán pagando menos del 10% del costo real de la energía consumida.

La demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán con la asistencia en sus boletas. En encontrar la sintonía adecuada trabajan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La hoja de ruta del Palacio de Hacienda preveía un recorte de 0,5 puntos del PBI este año en el gasto de subvenciones a las tarifas, a lo que se sumarían otros 0,2 puntos del PBI por el transporte del AMBA. La cuenta es de entre US$ 2.500 y US$ 3.000 millones. Pero el empeoramiento de la situación social hizo que buscara una calibración distinta en el ajuste.