La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que representa a 41 compañías de innovación farmacéutica que investigan, desarrollan y comercializan sus productos en el país, anunció que, desde este viernes y por 30 días, congelará el precio de los medicamentos.

La organización manifestó “su disposición para acompañar las medidas destinadas a fortalecer el sistema de salud argentino, en sintonía con la política de estabilización de las variables de la economía” del país.

Cada laboratorio asociado podrá decidir, individualmente, si adhiere o no a la iniciativa. En ese sentido, la mayor parte de las empresas que integran la Caeme se sumó a la medida.

La organización está integrada por empresas farmacéuticas y biotecnológicas de I+D de la Argentina, Australia, Japón, Estados Unidos y Europa.

Algunos de los laboratorios que están asociados a la entidad son Bayer, Pfizer, Roche, Astrazeneca, Biomarin, Merck, Sanofi, GSK y Janssen.

El anuncio llegó en medio de la tensión entre el gobierno y la Unión Argentina de la Salud (UAS), que agrupa a las empresas de medicina privada que atienden a más de 70 por ciento de los afiliados al sistema.

Los miembros de la Caeme poseen doce plantas productivas instaladas en el país e incorporan mano de obra local en la producción de los medicamentos que se ofrecen a los pacientes argentinos. Generan empleo directo para más de 9 mil personas.

Por su parte, los laboratorios nacionales agrupados en Cilfa indicaron: “Estamos acompañando al gobierno ajustando por debajo de la inflación 9,1 puntos por debajo del IPC en el primer trimestre y, en abril, los laboratorios en su mayoría están con variación cero”.

El Ministerio de Economía nacional conversó, a través de la Secretaría de Comercio, con los principales actores del sector para lograr el compromiso.

Además de los alimentos y otros rubros de consumo masivo, en la decisión de abrir las importaciones para mejorar la competencia y presionar los precios hacia la baja, el gobierno ratificó que los medicamentos estarán alcanzados por los beneficios anunciados, esencialmente el acceso a los dólares en el mercado oficial en una sola cuota y no en el esquema diseñado por el Banco Central (BCRA) en diciembre pasado, según el rubro de actividad.

Pero lo que sigue en el centro de la discusión es la evolución de los precios. Los medicamentos integran una de las categorías que más aumentó tras la devaluación de diciembre, en parte por la combinación del atraso cambiario anterior y por el impacto de la suba del dólar, que tiene en el sector una incidencia clave.

Según reflejaron informes privados de asociaciones farmacéuticas, los medicamentos aumentaron 110 por ciento entre diciembre y febrero, lo que se suma a los incrementos registrados en noviembre, cuando los laboratorios no renovaron con el gobierno anterior los acuerdos de precios vigentes.

Los senadores aprovecharon el final de la sesión de este jueves para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas. Lo hicieron a mano alzada y sin debate, y los sueldos en mano pasarían a partir de junio próximo de $1,7 millones a más de $4 millones.

De esta manera, los legisladores evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas atrás, una suba en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Ahora, los senadores actuaron por su cuenta, en una medida que no fue acompañada por el oficialismo, según dijo al término de la sesión el jefe libertario, Ezequiel Atauche, ante periodistas acreditados. No obstante, como firmante de la iniciativa aparece Bruno Olivera Lucero.

La jugada concretada este jueves nació ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Allí, desde varios bloques hubo quejas por algunas declaraciones y movimientos del Ejecutivo. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador de la oposición.

Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo. De hecho, se agregará una dieta más a las 12 originales para compensar el aguinaldo.

En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.

El mes pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.

En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.

Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.

En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.

Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar “enganchados”. Todo esto fue explicado por este medio el 23 de febrero pasado.

En el Congreso, tanto las autoridades, legisladores y empleados sabían a la perfección lo que se había consensuado con los gremios a fines de febrero pasado. Es decir: Menem y Villarruel conocían al detalle la negociación en cuestión, y por eso la defensa que realizó en ese entonces la vicepresidenta y titular del Senado, incluso, cuando presentó sus argumentos a la Casa Rosada.

A diferencia de Villarruel, Menem olvidó rápido lo que firmó su secretaria administrativa -quien maneja la caja de la Cámara baja- y se alineó con la postura de Milei. Primero, sostuvo que enviaba un proyecto. Más tarde entró en razón y convalidó el desenganche de legisladores, mientras que la titular de la Cámara alta lo hizo más tarde. El método fue el de una nueva resolución conjunta.

“Mantener la vigencia de la resolución conjunta -la que permitió la suba- representaría necesariamente la actualización de la dieta, gastos de representación y desarraigo de los señores legisladores”, expresa la nueva normativa. Y luego agrega que “en este contexto de esfuerzo que realizan los argentinos, quienes tenemos responsabilidad pública debemos adoptar medidas en consecuencia”.

Infobae

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privados Buenos Aires (AIEPBA) puso a disposición de los establecimientos asociados mecanismos de asistencia on line y asesoramiento para la tramitación de los programas de ayuda a padres que implementó el gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, conocidos como “vouchers educativos”.
A través de sus plataformas digitales y de manera presencial en reuniones y encuentros regionales llevados a cabo en la Provincia de Buenos Aires, AIEPBA dispuso la realización de una capacitación a cargo de técnicos y asesores para que los directivos de los colegios tengan todas las herramientas para colaborar con los padres de alumnos en la inscripción y registro del programa lanzado por el ministerio de Capital Humano en marzo pasado.
Además, se habilitó un canal de consultas on line para que los colegios puedan evacuar dudas y para que AIEPBA canalice eventuales reclamos no respondidos o errores que se generen en la carga de los datos que requiere el plan de vouchers educativos.
El director ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, explicó también que la entidad que agrupa a más de 2.500 institutos de gestión privada de Provincia y Ciudad de Buenos Aires realizó una presentación ante el Gobierno para que se evalúe la posibilidad de extender el beneficio a los alumnos de jardines maternales y establecimientos no alcanzados por la resolución.
“Brindamos estas herramientas a nuestros asociados porque queremos facilitar y agilizar los trámites tendientes a que los padres de nuestros estudiantes puedan verse favorecidos por estos programas. El objetivo es que los chicos se queden en los colegios y para eso, los directivos deben estar asesorados y conocer los detalles y alcances del programa”, explicó Zurita.
El secretario ejecutivo de AIEPBA aseguró que la entidad hará lo mismo con el nuevo plan anunciado por las autoridades de la CABA.
La inscripción a nivel nacional comenzó el 3 de abril. Como se recordará es para las familias de escuelas que tengan un mínimo de 75% de subvención estatal. En el caso de la provincia de Buenos Aires son 2.800 establecimientos y se estima que el beneficio alcanzará a unos 800.000 alumnos.
Contempla una ayuda para pagar las cuotas de colegios privados subvencionados y de clase media baja, con un tope de hasta 27.198 pesos por alumno.
Alcanza a todos los niveles de enseñanza: establecimientos de inicial, primario y secundario que reciban una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396.
En el caso del plan de Ciudad que se conoció este martes, la “Ayuda Cuota Escolar”, es una asistencia para las familias, pero también a las escuelas de gestión privada subvencionada, que aporta hasta el 50% de la cuota de cada niño, con un tope de hasta 30 mil pesos por mes, de todos los chicos que asisten al sistema de gestión privada subvencionada de CABA.
El aporte será por tres meses y alcanzará hasta 212 mil alumnos de los tres niveles (36 mil de inicial, 99 mil de primaria y 77 mil de secundaria) de 854 escuelas subvencionadas que funcionan en la Capital Federal.