Los depósitos a plazo fijo tradicionales cayeron 22,3% real en enero, lo que muestra la decisión de los ahorristas de sacar su plata de los bancos porque la tasa de interés que se pagaba quedaba muy por debajo de la inflación.

Así lo reveló el Informe sobre Bancos mensual que publicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La decisión de los ahorristas es producto de que durante enero los bancos pagaban una tasa de interés cercana al 9%, mientras que la inflación fue de 20%.

Ante la evidente pérdida de poder adquisitivo los dueños de los plazo fijo decidieron retirar sus depósitos y derivarlos hacia otras inversiones.

Una de estas herramientas de refugio fueron los plazos fijos UVA, que garantizan un retorno igual a la inflación más un leve interés.

Según el informe del BCRA aumentaron en el período 27,3% en forma real (descontada la inflación).

Los plazo fijo UVA tenían un plazo mínimo de 90 días, pero ante esta migración el Banco Central lo extendió a 180 días. La medida fue a pedido de los bancos que argumentaron no tener herramientas financieras para responder a los rendimientos que ofrecen los plazo fijo UVA. Incluso en más de un encuentro llegaron a pedir que se eliminen.

Este proceso de tasa de interés por debajo de la inflación es lo que provoca la «licuación» de ahorros de particulares y familias, que de esta forma a fin de cada mes sufren por la pérdida de poder adquisitivo de sus ahorros.

Al analizar el total de los depósitos del sector privado se observa una reducción 12,1% con respecto al cierre de 2023. La caída es producto de una merma de 12,8% en depósitos a la vista y 8,9% en depósitos a plazo (dentro de este conjunto se incluyen los plazo fijo).

En la comparación interanual el saldo real del total de depósitos privados en pesos acumuló una caída de 31,1%.

El gigante siderúrgico Acindar, con plantas en Rosario y Villa Constitución, afronta una fuerte caída de las ventas en los últimos meses. Las plantas están paralizadas y prevén parates mensuales para el resto del año.21 de marzo 2024·17:55hs

La planta de Acíndar, en Villa Constitución, está paralizada desde hace una semana. Tuvo una caída de sus ventas en torno al 40% en los últimos meses. 

Los trabajadores de la importante empresa metalúrgica Acindar denunciaron que la empresa está presionando a los trabajadores para “forzar un acuerdo de suspensiones a la baja” para los más de 3.000 empleados. Actualmente esto se cumple para los 1.700 operarios que figuran como contratados de la Rama 17 y esto ya representaba un conflicto.

Esto generó una escalada de la conflictividad y medidas de fuerza en las sedes de Villa Constitución (Santa Fe), San Nicolás (Buenos Aires), La Tablada (Rosario) y Villa Mercedes (San Luis). Los trabajadores ya venían reclamando por los salarios atrasados y las suspensiones de los contratados.

Christian Miguez trabajador de Acindar desde hace 20 años y miembro de la comisión Interna, explicó sobre el conflicto que “lamentablemente la cuestión se empieza a agravar". "Hay 1.700 suspensiones. Hay compañeros bloqueando el ingreso, es un clima tenso", apuntó.

Y reclamó: “No buscan el consenso, como debería ser, ni presentar el programa de producción y documentación que avale esta crisis que están planteando. Entendemos que hay una caída de la producción, pero las ganancias de los últimos años les dan más que espalda para sostenerlo”.

“Venimos con reducción salarial sobre la base de baja de turnos. De hecho estamos llevando adelante el tercer paro de esta semana. Seguimos cobrando los mismos salarios que pagaban en noviembre”, añadió.

Por eso, no dudó en denunciar: “El avance de las patronales es terrible. Estamos con mucho diálogo con los compañeros, porque están metiendo demasiada presión a través de cuestiones que son ilegales. Como dar vacaciones de prepo o no permitirte ingresar al establecimiento. Todo para forzar un acuerdo de suspensión a la baja”.

 
El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, firmó ayer el acta compromiso de solución amistosa por el denominado “incendio de Magdalena”, el litigio internacional abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2005 en el Pabellón 16 de la Unidad 28 de esa ciudad, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), en el que fallecieron 33 personas privadas de la libertad.

“Por instrucción del gobernador Axel Kicillof hemos podido avanzar con este acta acuerdo de solución amistosa, que tiene como objetivo asumir una serie de compromisos por parte de la Provincia para iniciar el proceso de reparación de derechos y arbitrar las medidas necesarias para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro”, subrayó el funcionario.

Entre las acciones que se acordaron se destaca la confección de un protocolo de investigación de muertes en contexto de encierro; la capacitación a agentes judiciales en materia de revisión de medidas cautelares y evaluación de medidas de ejecución de pena; la consolidación e institucionalización de los protocolos contra incendios; la incorporación del caso “Magdalena” a la currícula de la escuela de cadetes del SPB; entre otras.

De la firma del acta además del Ministro estuvieron presentes los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Derechos Humanos, Matías Moreno; y el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, el Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Carral; el subsecretario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Leandro Gáspari; la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; y Sofía Caravelos, en representación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).